KINCHIL.— El 57.6% de los habitantes de Kinchil que participaron en la Consulta Indígena para manifestar si están de acuerdo o no con que una granja porcícola continúe operando en tierras del municipio votó por el Sí.
El resultado contrastó con los obtenidos en Celestún y San Fernando, comisaría de Maxcanú, donde la mayoría de la gente votó por el No.
Organizada por las organizaciones U Yutsil Kaj y Consejo Maya del Poniente Chik’in Ja’, la consulta en Kinchil se desarrolló sin contratiempos, salvo por un intercambio de palabras al final de la jornada.
En dicho municipio, donde se instaló una casilla en los bajos del palacio municipal, la votación comenzó en punto de las 8 de la mañana, incluso los mismos habitantes bromearon que ni el INE ni el Iepac tienen esa puntualidad.
La votación concluyó a las 4 de la tarde, luego de que se agotaron las mil boletas.
A las 6 de la tarde se dieron a conocer los resultados de la consulta.
“Esto va a ser un parteaguas, es histórico desde mi punto de vista”, opinó Roberto Ruz Sahrur, consejero del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (Iepac) sobre la consulta indígena a favor o contra las granjas porcícolas que ayer se llevó al cabo.
Tras aclarar que no acudió como parte del Instituto, sino a título personal a observar el desarrollo de la consulta, Ruz Sahrur dijo estar maravillado por el ejercicio y que ojalá genere un impacto en las y los legisladores para revisar la Ley de Participación Ciudadana.
“Es ya urgente para las y los legisladores, y también para los institutos electorales, sentarse a construir una ley de participación que de verdad sí incluya elementos o mecanismos que le permitan a la población expresar lo que quiere decir o su opinión a los cambios que están viviendo en su comunidad”, expresó.
“Ley obsoleta”
“Desde mi punto de vista la Ley de Participación Ciudadana está obsoleta, lleva más de una década que ni siquiera se ha revisado, y por supuesto que no incluye ningún tipo, ningún mecanismo de participación que le facilite a la población indígena expresar su opinión”.
Señaló que, si bien se podría decir que la consulta es ilegal, él no ve ilegalidad en una consulta que organiza la propia comunidad con apoyo de asociaciones.
Y es que, subrayó, la propia ley no cuenta con un solo mecanismo que le permita a la población hacer consultas de forma legal.
“Es una paradoja donde queda evidente que estos tipos de ejercicios van a seguir ocurriendo, van a seguir fortaleciéndose y de alguna manera la población tiene que expresar lo que quiere decir. O lo hace en manifestaciones o lo hace en estos ejercicios, que a mí se me hacen extraordinarios, o lo hace de alguna manera”.
Ruz Sahrur dio a conocer que en el Instituto nunca se registró un acercamiento por parte de quienes realizaron la consulta.
“No lo critico porque si la comunidad no encuentra o no identifica al instituto electoral como el medio por el cual darle validez a este tipo de ejercicios, el culpable no es la comunidad, es el instituto que está fallando en posicionarse en las comunidades, en dar a conocer que pudiéramos ser un medio que le diera mayor validez”, dijo.
Revisión
También manifestó que justo ahora se está planeando hacer una revisión de la Ley de Participación que incluye, por ejemplo, temas como el Cabildo Abierto, pero que ignora este tipo de ejercicios.
“Si vas a reformar la Ley de Participación Ciudadana sin hacer ejercicios donde se involucre a la ciudadanía para qué la reformas. Mejor acércate a las comunidades y preguntales cómo quieren ser consultados”, indicó.
Ruz Sahrur celebró que la gente pueda hacer su consulta, pero lamentó que ésta no sea vinculante.
“El problema de estos ejercicios es que pueden ser muy buenos (…) pero la ley no obliga a nadie a nada. Cómo vas y obligas al ayuntamiento, a la empresa involucrada, a quien sea a tomar medidas cuando no hay una vinculación legal. Lo padrísimo es que hagamos estos ejercicios y que sí tengan un peso legal y que obliguen a las autoridades. Eso sería fenomenal. Yo creo que se puede construir una ley de participación”, agregó.
Señaló que la participación ciudadana debe estar presente cada año y cada momento y no sólo durante elecciones.
“Sí hay requisitos aprobados: el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, pero son difíciles, la gente no los conoce, no sabe cómo ejecutarlos, necesita apoyo legal; a veces para poder entenderlos se necesita ir casa en casa por firmas, no hay mecanismos que les permitan ejercer au opinión”.
El peso legal
“Esto (la consulta indígena) es un avance porque en el momento que la gente lo hace, esto es un grito y están diciendo: no hay una ley que me represente o me entienda. Ojalá pudiéramos actualizar las leyes y que esto esté contemplado y representado en la ley el día de mañana”, finalizó.
“El problema de estos ejercicios es que pueden ser muy buenos (…) pero la ley no obliga a nadie a nada. Cómo vas y obligas al ayuntamiento, a la empresa involucrada, a quien sea a tomar medidas cuando no hay una vinculación legal. Lo padrísimo es que hagamos estos ejercicios y que sí tengan un peso legal y que obliguen a las autoridades, eso sería fenomenal. Yo creo que se puede construir una Ley de Participación”, afirmó.