MÉRIDA.- El exgobernador Rolando Zapata Bello consideró que la denuncia de hechos puesta en su contra por su antecesora, Ivonne Ortega Pacheco, es instrascendente y frívola, “ya que los supuestos hechos que la motivan son imprecisos y faltos de verdad”.
En un comunicado, Zapata Bello señaló que la la rescisión del contrato para la construcción del hospital del Ticul fue por causa justificada imputable a la empresa. En cuanto a la forma de la denuncia, “más pareciera una cuestión de protagonismo político que de orden jurídico”.
Cabe mencionar que, aunque el exgobernador se refiere a que interpusieron en su contra una denuncia penal cuando pudo ser civil, esto no fue así. La exgobernadora interpuso únicamente una denuncia de hechos ante la FGR, como detallamos en nota aparte. Ivonne Ortega señala a su sucesor y otros funcionario por los actos y omisiones que llevaron a la cancelación del hospital de Ticul, “hechos presumiblemente constitutivos de delito“.
El boletín concluye con que tanto el exgobernador como los exfuncionarios de su administración que sean requeridos “estarán plenamente dispuestos para acudir con toda seriedad y responsabilidad ante las instancias que proceda”. A continuación, el texto íntegro del comunicado referido.
Respuesta de Rolando Zapata a Ivonne Ortega por una denuncia en su contra
El día de hoy la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, presentó una denuncia que, según se alcanza a interpretar, se refiere a la rescisión legal con causa justificada de un contrato de PPS para la construcción de un Hospital en Ticul.
Tal acuerdo fue firmado por ella misma siendo Gobernadora de Yucatán en 2011 bajo condiciones que, han sido públicamente cuestionadas con severidad al más alto nivel en días recientes.
Aún sin conocerse a detalle la citada acusación por expresiones públicas que se han difundido al respecto, es de considerarse que tal denuncia es notoriamente intrascendente y frívola, ya que los supuestos hechos que la motivan son imprecisos y faltos de verdad.
La realidad es que el fondo de este asunto ha sido legalmente juzgado ante las instancias jurisdiccionales del país, quedando perfectamente claro que la rescisión del contrato fue por causa justificada imputable a la empresa, por incumplimiento en la ejecución de la obra, pese a habérsele otorgado prorrogas. La ruta legal de tal proceso fue puntualmente descrita, en la nota del Diario de Yucatán.
“Cuestionable y carente de lógica”
También en términos jurídicos resulta cuestionable y carente de lógica presentar una denuncia penal por la rescisión de un contrato de naturaleza civil en un contexto administrativo. Por otra parte, en cuanto a la forma, más pareciera una cuestión de protagonismo político que de orden jurídico.
Sin embargo, los integrantes de la administración 2012 – 2018 que correspondan estarán plenamente dispuestos para acudir con toda seriedad y responsabilidad ante las instancias que proceda, en caso de ser requeridos, para aclarar cualquier tema que al caso fuera necesario.
Esto último aún cuando pudiera parecer innecesario, por la forma tan trivial como la diputada Ortega Pacheco ha abordado el planteamiento que al parecer dio pie a su referida denuncia.