A través de un comunicado, Grupo Indignación se pronuncia sobre la muerte de Roberto Lanz Hernández, quien estuvo varios días hospitalizado con derrame cerebral y fractura de cráneo; lo anterior como consecuencia de las lesiones que sufrió presuntamente al ser detenido por la policía en un retén de alcoholímetro en Progreso el 4 de diciembre pasado.
Como se informó, tras 12 días en coma y con un diagnóstico poco favorable, la familia Lanz Hernández finalmente tuvo que despedirse de Roberto, a quien le dieron el último adiós la tarde del sábado, en medio del dolor y la indignación ante la presunta falta de interés por parte de las autoridades municipales para garantizar la justicia al ciudadano.
“Esta muerte, ocurrida en circunstancias que requieren ser investigadas de manera escrupulosa y de acuerdo a los más altos estándares para garantizar verdad, reparación, justicia y garantías de no repetición; se suma al alarmante número de personas que han fallecido en Yucatán bajo custodia policial o durante detenciones”, señala el escrito de la asociación.
En el mismo, hace un recuento de los casos de presunta violencia policiaca que han enlutado a las familias yucatecas.
Casos de violencia policiaca en Yucatán
En febrero de 2020 falleció, también en Progreso; Gaspar Sulub y ese mismo año, en noviembre, falleció un joven detenido en un retén policíaco en Chicxulub.
En 2021, el caso de mayor resonancia en Yucatán y a nivel nacional fue el de José Eduardo Ravelo, quien falleciera después de permanecer en custodia de la policía de Mérida.
En mayo de 2022, una persona murió en Akil mientras se encontraba detenido.
En el caso actual, tres policías municipales fueron dados de baja, “lo que resulta absolutamente insuficiente frente a los hechos y no asegura justicia”.
“En vez de ofrecer garantías de no repetición en otros casos en los que han estado implicados policías, autoridades de Yucatán garantizan impunidad, lo que perpetúa procedimientos y actuaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de cualquier persona detenida”.
Autoridades de Yucatán, con silencio cómplice
Para la agrupación resulta inevitable señalar “la responsabilidad del gobernador de Yucatán y del Secretario de Seguridad Pública de Yucatán en la persistencia de casos de violencia policial, quienes a pesar de las reiteradas peticiones al respecto, han omitido implementar todas las acciones necesarias para prevenir y erradicar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes entre los que se incluyen la violencia y la brutalidad policíaca y la utilización de fuerza desproporcionada, la mayor parte de las veces relacionadas con detenciones arbitrarias e ilegales”.
“Al gobernador le hemos exigido reiteradamente no sólo las acciones necesarias para detectar, prevenir, investigar y sancionar cualquier trato cruel o abuso de la fuerza en el que estén involucrados servidores públicos y policías, sino también establecer los protocolos para investigar y establecer la responsabilidad de funcionarios públicos en todo fallecimiento ocurrido bajo custodia policial”.
“A pesar de reiteradas peticiones, no ha informado sobre las acciones emprendidas en esta material. En vez de eso se ha procurado impunidad en prácticamente todos los casos. La Fiscalía es en gran medida responsable de la impunidad. No cuenta ni siquiera con personal capacitado para aplicar el protocolo de Estambul. La actuación de la Codhey, por su parte, suele ser tardía y deficiente”.
Finalmente, el equipo Indignación exige una investigación apegada a los más altos estándares de derechos humanos que señale a todas las personas que tengan responsabilidad en este caso, así como la implementación de medidas urgentes para enfrentar, detener y erradicar la violencia policíaca, la tortura y otros tratos crueles en Yucatán