Caso Mayaland Chichen Itza

Caso Mayaland Chichén Itzá: Queja de fraude y despojo

El empresario yucateco Rodolfo Rosas Moya acusa de “fraude y despojo” a Fernando Barbachano Herrero, mientras el gobierno yucateco fija postura al respecto.

El empresario yucateco Rodolfo Rosas Moya acusa de “fraude y despojo” a Fernando Barbachano Herrero en el caso del hotel Mayaland, que se encuentra cerca de la zona arqueológica de Chichén Itzá.

En una “Carta Abierta”, Rosas Moya responde a una publicación similar del también empresario Barbachano Herrero de la que informamos ayer.

Rodolfo Rosas califica de mentiras los señalamientos de Barbachano en su contra y afirma que todas las pruebas están en manos de los tribunales. “Si quieres, hacemos público todo, incluso el testimonio de tus empleados”, sugiere.

De acuerdo con Rosas Moya, Barbachano le vendió el hotel, pagó y le dieron la posesión, pero luego lo mandaron sacar con golpeadores y le mandaron notificar con un notario que el dinero ya no lo recuperaría como una penalización por incumplimiento, pero eso, según su versión, no es verdad.

Acto “ libre y voluntario”, responde el Gobierno del Estado

El gobierno del Estado se dijo ajeno ayer al conflicto legal entre los empresarios yucatecos Fernando Barbachano Herrero y Rodolfo Rosas Moya por la posesión del hotel Mayaland, ubicado en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Sobre la falta de respuesta a los llamados de Barbachano Herrero por parte del gobernador Mauricio Vila Dosal y posibles preferencias para Rosas Moya, solo se alegó en el Ejecutivo estatal que “la autoridad judicial es autónoma en sus facultades, como aceptar una demanda mercantil que se dirime entre dos particulares”.

El gobierno estatal indicó que el conflicto “se origina en negocios que de manera libre y voluntaria él (Barbachano) decidió entablar con otros particulares”.

Amplia respuesta a cuestionamientos

Fernando Barbachano denunció que con maniobras ilegales, juicios inventados, abusos y otras prácticas amparadas y permitidas por la corrupción, lo quieren despojar de dos de sus propiedades, entre ellas el hotel Mayaland.

En un amplio desplegado, también hizo cuestionamientos al gobernador.

Ayer se buscó la respuesta de Vila Dosal. Se le preguntó lo siguiente: ¿Por qué no respondió a las peticiones del empresario (Barbachano Herrero) para que el viernes 18 intervenga y salvaguardara la seguridad de visitantes nacionales e internacionales, colaboradores del hotel y las propias instalaciones?, ¿está garantizado el cabal cumplimiento de la ley, el respeto a las instituciones y que se favorezca y privilegie el estado de derecho y la certeza jurídica?.

También se le preguntó si se investiga, se ha investigado o se investigará la posibilidad del uso de influencias de Rosas Moya y de algún hecho de corrupción en la admisión del juicio ejecutivo mercantil en proceso.

A través de su oficina de comunicación social, en el gobierno estatal respondieron en un escrito que “el Poder Ejecutivo de Yucatán ha actuado y actuará siempre conforme a la ley y hace un llamado a los particulares que tengan diferencias a que igual sigan los procedimientos jurídicos establecidos”.

Negocio entre particulares

El caso al que se refiere el empresario Fernando Barbachano, dijo el gobierno, se origina en negocios que de manera libre y voluntaria él decidió entablar con otros particulares.

Agregó que las diferencias jurídicas que han surgido de esta relación entre particulares las han dirimido autoridades judiciales autónomas y ajenas al Ejecutivo del Estado de Yucatán e, incluso, autoridades de Quintana Roo.

También afirmó el Ejecutivo que “como se ha hecho del conocimiento público, una autoridad ministerial de Quintana Roo solicitó la colaboración de la Fiscalía de Yucatán para el aseguramiento de una propiedad en la localidad de Pisté, en el municipio de Tinum”.

“Esta solicitud aparece en el oficio FGE/VFIE/0055/2022, de fecha 8 de enero de 2022, suscrito por la Vicefiscalía de Investigación Especializada de la Fiscalía General de Quintana Roo”.

Explican una “colaboración”

El gobierno estatal indicó que “en apego a la legalidad, el personal de la Fiscalía de Yucatán realizó la diligencia de colaboración el 17 de febrero, que consistió únicamente en la colocación de sellos en las inmediaciones del inmueble, sin impedir la entrada o salida de inquilinos o trabajadores”.

Durante ese día 17 y en la madrugada del 18 se tuvieron reportes al 911 de supuestos disturbios en el lugar, se indicó. En su escrito el Ejecutivo añadió que, “como lo indica el protocolo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán acudieron a verificar el reporte, encontrándose el lugar en calma. Una persona que dijo ser el encargado de seguridad recibió a los elementos reportándoles que todo estaba tranquilo, como se pudo observar en el sitio”.

“En el lugar de los hechos no se presentó nadie a refutar tal situación, ni los supuestos personajes que reportaron anomalías. Aún así, como es de conocimiento público, en previsión de algún conflicto permanecieron elementos de la propia Secretaría y de la Guardia Nacional en el lugar”, dijo el gobierno del Estado.

“Básicamente esta ha sido la única actuación física de la autoridad estatal de Yucatán, que como todas las que realiza, se apega a derecho. La autoridad judicial es autónoma en sus facultades como el hecho de aceptar una demanda mercantil que se dirime entre dos particulares”, afirmó el Ejecutivo.

Al insistirles sobre el supuesto uso de influencias de Rosas Moya en este caso, respondieron que “lo que pasa es que la admisión del juicio ejecutivo mercantil es facultad del Poder Judicial”.

 

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