TIZIMÍN.— El proceso legal por la disputa del rancho “El Roble” aun continúa y trasciende, pues los propietarios del predio, Humberto Almeida Márquez y Edgardo Carrillo Arce, llegaron a la comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los quejosos indican que lamentablemente desde que se interpuso la denuncia penal por fraude contra Víctor Manuel López Alonso aún no se ha hecho nada por lo que recurrieron a un juez de control para que instruya a la Fiscalía General del Estado, sede Tizimín, que informe de los avances en torno a la denuncia.
El equipo de abogados de los denunciantes explicó que apenas el 7 de febrero les respondieron el acuerdo a una queja interpuesta el pasado 30 de enero ante el juzgado primero de control del Quinto Distrito Judicial de sistema de justicia Penal acusatorio y oral de Valladolid, donde fijan cinco días hábiles para que el fiscal de Tizimín responda.
En la queja quedó establecida que no han hecho comparecer a Víctor López, denunciado por presunto fraude y tampoco el fiscal ha hecho las diligencias necesarias para esclarecer la denuncia que está en el expediente 1691/2022.
En este mismo acuerdo les notificaron que le dan 5 días hábiles al Ministerio Público de la Décimo Quinta agencia para que informé primero si existe la carpeta de investigación y de ser así indique la fecha y hora en que ocurrieron los hechos de esa denuncia, si ya se realizó alguna diligencia y sobre todo si han citado a Víctor López porque de ser omiso a lo anterior se le impondría una multa de 1 hasta 5,000 veces el valor diario inicial de la Unidad de Medida y Actualización.
Los apoderados legales señalan que debido a este tipo de irregularidades en las que está involucrada la Fiscalía tuvieron que llegar hasta la ONU para presentar la queja y a través de esa organización le pidan al gobernador Mauricio Vila Dosal y al diputado Esteban Abraham Macari que saquen las manos del proceso legal.
Humberto Almeida, propietario del rancho dice que es inaceptable que a estas alturas el proceso esté estancado, pero sobre todo que el gobierno permita este tipo de atropellos de despojo de propiedad y fraude.
“¿Acaso aún no le informan al gobernador, no está enterado de lo que hace su familia política o es cómplice?”, pregunta.
Añade que en la comisión Nacional de Derechos Humanos quedó asentada la queja con el número DV08/23 el 30 de enero, para que le haga una recomendación al vicefiscal por los atropellos al trabajador Andrés Flores Velázquez, a quien sacaron del rancho con violencia.
Según indica, están en espera que se libere algunos de los amparos pues siguen sin poder ingresar al rancho ya que permanece en custodia de la policía estatal.
Por último dijo que esperan que en estos días les resuelva la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues debido a que había tortuguismo en Yucatán tuvieron que recurrir a nivel nacional con Rosario Piedra.— WENDY UCÁN CHAN