Los exalcaldes priistas de Celestún Santiago Leonel Rosado Mena, Rosa Alba Acosta Narváez y Yulma Yumira García Casanova adjudicaron a título gratuito 4,518 metros lineales de playa y 1.000,967 de metros cuadrados (m2) de terreno, pertenecientes al fundo legal de esa población, de acuerdo con informes obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.
Esto ocurrió entre junio de 2014 y junio de 2016 en beneficio de varios empresarios, según se sabe ahora.
Los terrenos adjudicados ilegalmente comprenden 23 tablajes catastrales propiedad del municipio de Celestún.
De éstos, 11 fueron devueltos por los beneficiarios, luego de la violenta protesta de cientos de habitantes del puerto, en mayo de 2017, aunque poco después el mismo Rosado Mena y su sucesora en la alcaldía, García Casanova, intentaron vender de nuevo seis de esos 11 terrenos —los más valiosos— a espaldas de la población, pero sin éxito.
Los exalcaldes también escrituraron ocho predios más a favor de un grupo de empresarios, aunque estos terrenos carecen de cédula catastral, lo que dificulta su venta.
Sin embargo, otros cuatro lotes adjudicados gratuitamente son ahora propiedad privada con todas las de la ley. Uno de estos predios, con 157 metros lineales de playa, tiene un valor catastral de $15.700,000 y un valor comercial de por lo menos el doble.
¿Quién es el beneficiario en la venta de terrenos de Celestún?
El beneficiario, la empresa Comercializadora del Sureste Bull, S.A. de C.V., representada por Lina Asunción Castillo Chan, lo obtuvo sin pagar un peso, según datos recabados por Central 9.
Esta apropiación fraudulenta de terrenos públicos forma parte del gran fraude cometido en Celestún y Dzilam Bravo, principalmente, con terrenos del fundo legal y, al parecer también con terrenos nacionales, atribuido a la llamada “mafia inmobiliaria de la costa”, cuyos integrantes actuaron libremente en el gobierno de Rolando Zapata Bello.
Desde el 5 de junio de 2022 y hasta enero, Central 9 publicó una larga serie de reportajes sobre el mecanismo seguido por la “mafia inmobiliaria” para apoderarse de 6,076 metros lineales de playa y 1.550,785 m2 de terrenos colindantes en Dzilam Bravo.
Uno de los actores principales en esta operación fue la empresa Uredi, S.A. de C.V., representada por Julio Presuel Moreno, a quien varios alcaldes priistas de Dzilam Bravo le adjudicaron 5,235 metros lineales de playa a título gratuito.
Otro actor clave en ese operativo fue el diputado federal por la coalición PVEM-Morena-PT Mario Peraza Ramírez, estrechamente vinculado con Uredi.
El 6 de agosto de 2021 publicamos que un juez vinculó a proceso penal a Rosado Mena, quien fue alcalde de Celestún entre 2015 y 2016 (antes lo fue en el período 1985-1987), a siete de sus regidores y a tres empresarios, por su probable participación “en hechos con apariencia de delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado, cometidos en pandilla”.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Yucatán, encabezada por José Enrique Goff Ailloud, los había denunciado por autorizar ilícitamente la venta de dos valiosos tablajes catastrales propiedad del municipio a favor de tres empresarios, que también fueron imputados.
Recientemente, en marzo, dimos a conocer que la misma Fiscalía imputó a la exalcaldesa García Casanova y a dos funcionarios de su administración, así como a un empresario por la venta de tres predios de playa, en contra de la ley.
Un juez de control también los vinculó a proceso y embargó los predios, mientras termina el juicio.
Estas acusaciones son apenas “la punta del iceberg” del fraude inmobiliario que se intentó hacer en Celestún en el gobierno pasado y que pudo frenarse, en parte, por la oposición de los pobladores de ese lugar y por las acciones del Insejupy y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Detrás de las acusaciones penales, reporteros de Central 9 descubrieron un entramado ilegal integrado por legisladores, exfuncionarios del gobierno pasado y notarios, como Orlando Paredes Lara y Antonio Ricardo Pasos Canto y el escribano público Alberto Yadir Códova López.
También por las empresas Uredi y Mayan Woods, S.A. de C.V., de José Luis González González y Claudia Rebeca Ordaz Ortiz.
Títulos y “trampolines”
Los exalcaldes priistas le entregaron sólo a estas dos compañías a título gratuito 974,164 m2 de superficie y 4,331 metros lineales de playa en Celestún.
Uredi sirvió a la “mafia inmobiliaria de la costa” como “trampolín” para vender estos terrenos a empresarios, quienes los adquirieron a precios muy bajos.
De acuerdo con la información obtenida por Central 9, entre los principales beneficiados con esta operación figuran el chiapaneco Julio César López, uno de los socios más importantes de la “mafia inmobiliaria de la costa” (se apoderó de valiosas propiedades en Dzilam Bravo y en otras poblaciones), y sus hijas Mitzi Karen, Cristina Guadalupe y Carina Guadalupe López Roldán.
También los tres hijos de Rosado Mena: Antonio Josué, Leonel Moisés y Raúl Aarón Rosado Castillo.
Este último es actualmente funcionario de la subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, antes fue coordinador general del Proyecto Tren Maya y enlace del Fonatur en Yucatán.
Otros beneficiados con esta operación fraudulenta son Rodrigo Díaz Montero, suplente del diputado Peraza Ramírez y la exesposa de éste, Karina Márquez Dogre.
Igualmente los empresarios Eduardo Díaz Ayala, Alejandro Roberto de Jesús Ojeda Méndez, Eduardo José Cámara Carrillo y Carlos José Heredia Cámara.
Asimismo, Jorge Alberto Paniagua Vázquez, los hermanos José Rafael y Arturo Palomeque Roche, Thomas Joseph Kelleher Knopf y Heraclio Rueda León, así como José Francisco Macías Quintero, Raúl Felipe Quintal Carvajal, exalcalde priista de Tecoh y dueño de la empresa Estructuras Metálicas y Edificaciones, S.A. de C.V., y Benito Caamal Vázquez, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa Delfines de Celestún, entre otros. (Continuará).