MÉRIDA.— El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) acreditó la existencia de violencia política y obstaculización del ejercicio del cargo contra dos funcionarias municipales de Espita y Kinchil, respectivamente, luego de aprobar por unanimidad dos proyectos de resolución en sesión pública realizada este martes.

Las sentencias, elaboradas por la ponencia del magistrado por ministerio de ley Carlo Méndez Suárez, determinaron responsabilidades de autoridades de ambos ayuntamientos por conductas que limitaron el ejercicio de las funciones de las promoventes, así como medidas para garantizar sus derechos político-electorales.

Violencia política contra funcionaria del Ayuntamiento de Espita

En el análisis del Procedimiento Especial Sancionador (PES) 04/2025, iniciado por una integrante del Ayuntamiento de Espita cuya identidad permanece protegida, el Pleno determinó que no se acreditó Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), debido a que no se comprobó que las conductas denunciadas estuvieran sustentadas en elementos de género.

Sin embargo, tras analizar de manera contextual las pruebas presentadas, ahora las magistraturas concluyeron que sí existió violencia política contra la funcionaria debido a un patrón de conducta institucional que limitó sus atribuciones de fiscalización, participación en las decisiones colegiadas y acceso a documentación.

Por estos hechos, el Tribunal declaró responsables al presidente municipal, al secretario y a la tesorera del Ayuntamiento de Espita, y ordenó medidas para proteger los derechos político-electorales de la promovente.

TEEY acredita obstaculización del cargo de una regidora de Kinchil

En otro asunto, al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (JDC) 36/2026, promovido por una regidora del Ayuntamiento de Kinchil que se autoadscribe como mujer indígena maya, el TEEY declaró fundados los agravios relacionados con la obstaculización del ejercicio de su cargo.

En la sentencia se acreditó que el presidente y el secretario municipal incurrieron en violencia política al incumplir reiteradamente sus obligaciones legales, en perjuicio de la funcionaria.

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Entre las irregularidades comprobadas destacan la falta de formalidades en las convocatorias a las sesiones de Cabildo, las restricciones injustificadas para acceder a las cuentas públicas y la realización de sesiones sin acceso al público.

El Pleno determinó que estas conductas no fueron omisiones administrativas aisladas, sino acciones que afectaron de manera sistemática el ejercicio de las atribuciones de representación, deliberación y vigilancia de la regidora.

Medidas contra autoridades municipales de Espita y Kinchil

Como consecuencia de ambas resoluciones, el Tribunal ordenó medidas restitutorias, de satisfacción y garantías de no repetición dirigidas a las autoridades municipales señaladas.

El objetivo es asegurar que las funcionarias puedan ejercer plenamente sus responsabilidades y que se respeten sus derechos político-electorales dentro de los respectivos ayuntamientos.