(Primera Columna publicada el 8 de julio de 2001)
El Diario pone en la cima de esta página el último artículo de Julián Marías -cumbre del pensamiento hispano contemporáneo- porque el tema que exponen le viene como anillo al dedo al asunto político principal de esta hora en Yucatán: el despojo en el X Distrito electoral del Estado. reconfortante a la batalla que el PAN y el PRD sostienen para que las autoridades respeten el voto popular que dio a su candidata Lízbet Medina Rodríguez el curul del Congreso por aquel Distrito, que tiene por cabecera a Tizimín.
Julián Marías aconseja empuñar en esta lucha, como lanza y escudo, “la enumeración implacable” de equivocaciones y errores, acompañada de los “hechos irrefragables” que demuestran cuál es la realidad. En obsequio de esta invitación, la Columna ofrece el siguiente resumen: 1) El despojo tiene como base una ley que sólo está vigente en Yucatán, porque el Congreso de la Unión la reformó precisamente para impedir atentados contra el voto como el que ahora se busca cometer aquí. En un desacato a la Federación, el gobierno de Víctor Cervera Pacheco, por conducta de una Legislatura local sumisa, se ha negado a aprobar esa reforma que suprime los Tribunales Superiores Electorales.
2) Como consecuencia de otro, muy conocido desacato del gobierno del Sr. Cervera a la Federación, un Consejo Electoral espurio, adicto al PRI, designó a la mayoría de los funcionarios que organizaron y presidieron el proceso electoral.
3) No fueron, por tanto, simpatizantes del PAN o del PRD quienes se encargaron de dirigir el funcionamiento de las casillas y el cómputo de los votos en el X Distrito, sino personas designadas según los criterios del PRI quienes reconocieron y aprobaron la victoria de Lízbet y le extendieron el certificado correspondiente.
4) En sonada denuncia que involucra al gobernador y dos diputados del PRI, denuncia que las autoridades judiciales investigan a paso de tortuga, el presidente del X Distrito acusa a representantes del PRI de abrir y violar paquetes electorales en Tizimín.
5) PAN y PRD advierten a la opinión pública y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) que el Tribunal Superior Electoral yucateco se propone privar de su victoria a Lízbet Medina con un fallo emitido a última hora, cuando esté expirando el plazo para impugnarlo, a fin de que aquellos dos partidos pierdan la oportunidad legal de defender su victoria.
6) A las 12:05 del domingo uno de julio, cinco minutos después de expirar el plazo para la impugnación, el Tribunal Superior Electoral avisa al PAN y al PRD que anula el triunfo de Lízbet Medina y adjudica la victoria al candidato del PRI, Freddy Monforte Braga.
7) PAN y PRD solicitaron el mismo domingo al tribunal federal que revoque la resolución del tribunal yucateco y afirman que éste rindió al Trife un informe incompleto sobre la resolución anulatoria.
8) El Trife declara improcedente la apelación de PAN y PRD porque ya no le es posible, material y jurídicamente, revocar la decisión de los magistrados yucatecos.
9) El Trife precisa que no opina sobre la validez o invalidez de la resolución del Tribunal Superior, pero reconoce que el desacato del gobierno yucateco, al negarse a aprobar las reformas a la ley electoral, dejó indefensos a los impugnadores.
10) Esta novena de hechos irrefragables comprueba que, a vista y paciencia del estado y el país, un desacato del gobierno del señor Cervera a la Federación ha permitido que un Tribunal que no debe existir cometa, con impudicia, premeditación, alevosía y ventaja, una falsedad con el propósito deliberado de invalidar la verdad, burlar la voluntad del pueblo, arrebatar la victoria a su legítimo dueño y despojar a sus víctimas del derecho a defenderse.
Se han dado dos interpretaciones, contradictorias, a la resolución del Trife, que no se distingue por su claridad. Una sustenta que el fallo federal reconoce como acto consumado la toma de posesión de Lízbet Medina como diputada por el X Distrito. La otra opina que el fallo federal otorga la curul al candidato del PRI.
La interpretación que despoja a la candidata del PAN y el PRD de su victoria pondría de manifiesto que continúa en vigor una de las peores calamidades que padeció México en el siglo XX: la mentira, la mala fe y los intereses sectarios, apoyados por la ley, derrotan a la verdad, la razón y la justicia.
Cuando la ley no está al servicio del pueblo, sino se utiliza como medio y pretexto para agraviarlo, la estabilidad y la seguridad social pierden un apoyo indispensable, pues la ley queda desacreditada como instrumento definitivo para la solución pacífica de los problemas de una comunidad. El 2 de julio de 2000 y el 27 de mayo de 2001 votamos para cerrar a estas farsas legales las puertas del gobierno del estado y el país.
La Columna ofrece estas líneas como testimonio de aliciente y simpatía a las gestiones del PAN, el PRD y Lízbet Medina Rodríguez, porque cree que la suya es una lucha para conseguir que la verdad y la lógica, la razón y la moral, la justicia y los derechos humanos, la decencia y el pudor recuperen el puesto de mando en la aplicación de la ley.
A los magistrados y demás funcionarios que conspiran para convertir a la ley en arma contra la democracia se les recomienda aquí la lectura de los conceptos de Julián Marías y los de otro ilustre colaborador de este periódico, Carlos Alberto Montaner, en el artículo -titulado por él- “El insoportable peso de los caudillos”, que publicamos también en esta página por la relación evidente que guarda con el caso del X Distrito. Cambien “caudillo” por “cacique” para que les sea más rápida la tarea, fácil, de ver su retrato espiritual en los párrafos lapidarios del valiente defensor cubano de las libertades públicas.
Cae ya por su propio peso la invitación que se hace, al concluir estas líneas, al candidato del PRI, señor Monforte, para que en un acto elemental de dignidad no se haga cómplice, ocupando una curul que no le pertenece, de un atentado contra Yucatán.