(Artículo publicado el 2 de octubre de 2009)
El diputado Petronilo Tzab, del PRI, arrancaba en pueblos y comisarias la propaganda de Víctor Correa Rachó, la tiraba a la calle y bailaba luego sobre el retrato del candidato del PAN a la gubernatura yucateca en la infame campaña electoral de 1969.
Además de por sus zapateos políticos, el señor Tzab se hizo también de renombre por aquella célebre declaración suya en un discurso que pronunció en el Congreso: “Los diputados somos representantes del señor gobernador”.
El legislador Zapata, pastor de la bancada del PRI, se vio obligado a intervenir: “Don Petronilo, por favor, los diputados no somos representantes del gobernador: somos representantes del pueblo”.
¿Quién dijo la verdad, el señor Tzab o el señor Zapata? Hoy, cuarenta años después, el comportamiento de los diputados del PRI en la Legislatura actual da la razón a don Petronilo.
En uno de los episodios más tristes de una triste historia, los diputados del PRI nos han asombrado por la docilidad a punto de sumisión, por la obediencia en grado de infantilismo con la que han acatado las instrucciones de la gobernadora en su solicitud inexplicable e inexplicada de un crédito de 1,870 millones para pagar en 25 años.
Inexplicable porque el gobierno ha recibido en menos de dos años cuarenta mil millones de pesos. Una suma sin precedente. Una cantidad que rebasó los ingresos esperados y superó las expectativas del presupuesto.
Inexplicada por partida doble. Sin pedirle al Ejecutivo que aclare por qué quiere más dinero cuando no ha rendido debida cuenta de la fortuna que ya dilapidó, le aprueban un préstamo que establece un récord sin pedirle una exposición razonable de los motivos para contraer semejante deuda y del destino que se propone dar a los millares de millones.
Una aprobación que contraviene los requisitos mínimos que exige un banco en la investigación imprescindible que precede al otorgamiento de un crédito: solvencia, capacidad de pago y aplicación concreta de los fondos.
El gobierno del estado no cumple ninguna de los tres condiciones. Gasta sin ton ni son en un ejemplo de administración desordenada, anárquica y antojadiza. Es un “malapaga” que le debe a medio mundo: si fuera un particular ya estaría en los tribunales. Rinde cuentas turbias, enrevesadas, en las que cabe cualquier sospecha de prevaricación, latrocinio y abuso de poder.
Sordos como una tapia a las voces contrarias que se han levantado, en coros de indignación creciente, los diputados del PRI, dueños de la mayoría, la han aprobado a ciegas. Nada han exigido. Todo le han negado a las instituciones y los voceros de la opinión pública que han pedido, con argumentos de pertinencia y solidez verificable, el análisis y debate de la iniciativa prepotente. Claudican de su misión elemental en un ejemplo de infantilismo político: a callar y obedecer porque son menores de edad incapaces de raciocinio.
Los nuevos petronilos de Yucatán nos están llevando al baile con sus zapateos. Su conducta reprensible en el Congreso justifica el diagnóstico que la Arquidiócesis de México hizo el domingo 27 de septiembre al censurar “el pésimo nivel” de los diputados: “Debemos preguntarnos si en el fondo de esta situación no está la falta de vocación política, la falta de preparación para el servicio ciudadano, la falta de trayectoria profesional que impera entre los legisladores, quienes llegan más por influencias, compadrazgos y herencias familiares que por méritos propios avalados por su formación y capacidad”.
Voz de Dios, voz del pueblo.— Mérida, Yucatán, 1 de octubre de 2009.