(Primera Columna publicada el 16 de abril de 2010)
La columna está dedicada hoy a una mujer meridana que atraviesa un conflicto político presentado como un proceso judicial. Una dama en toda la extensión del noble concepto de la palabra. Apreciada con justicia en sus relaciones sociales y en los movimientos apostólicos en los que milita guiada por sus convicciones cristianas. Después de veinte años en el servicio público tiene como todo patrimonio la propiedad de su casa y un automóvil. Un certificado de honorabilidad.
Se trata de Lolbé Carrillo Jiménez, hasta anteayer directora de administración del Ayuntamiento de Mérida. En su cargo precedente, directora de la Junta de Agua Potable de Yucatán en el gobierno de Patricio Patrón Laviada, ejecutó el acuerdo colegiado de contribuir con un donativo de tres millones de pesos a una institución benéfica: “Niños y Crías”.
Acusada por el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, que considera ilegal el donativo y le atribuye la entera responsabilidad del presunto delito, Lolbé Carrillo ha sido sentenciada por un Tribunal Colegiado del IV Distrito al pago inmediato de una multa de seis millones de pesos y a una inhabilitación de seis meses para desempeñar un puesto público. Queda fichada como delincuente.
Vemos en este asunto una semejanza con el caso sonado de José Carlos Guzmán Alcocer. El gobierno de Ivonne Ortega Pacheco lo acusó y arraigó como responsable, en su cargo de director de la Cousey (Comisión Ordenadora del Uso del Suelo de Yucatán), de presunta compra ilegal a los ejidatarios de los terrenos del actual Country Club.
No podía prosperar, como no prosperó, la denuncia contra el señor Guzmán. Fue sólo el ejecutor, no el responsable, de un acuerdo discutido y aprobado, en un procedimiento legal, por el Consejo de la Cousey, presidido por el gobernador Patrón Laviada e integrado también por los titulares de principales secretarías de su gabinete, como las de Hacienda, Desarrollo Social y Contraloría.
Se iban a la cárcel todos, comenzando con Patrón Laviada, por responsabilidad mancomunada, o ninguno. Guzmán Alcocer fue desarraigado y absuelto.
Lolbé Carrillo está en situación similar. Ejecuta, como directora, un acuerdo del Consejo de la Junta de Agua Potable de Yucatán, que preside el gobernador Patrón Laviada.
Un acuerdo discutido y aprobado con un procedimiento legal: una sesión del Consejo, formado por los representantes del gobierno, el sector privado y la sociedad. Los identificaremos a continuación:
Consejeros de la JAPAY por el gobierno del estado: Elsy Mezo Palma, titular de la secretaría de Hacienda. Alberto Reyes Carrillo, de Planeación y Desarrollo. Jorge Ceballos Ancona, de Contralor.
Consejeros por el gobierno federal: los titulares de las delegaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Desarrollo Social y Banobras.
Consejeros por el sector privado: Hyrván Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda. Humberto Espinosa Ávila, de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida. Tuffy Gáber Flores, de la Cámara de la Industria de la Construcción. Sergio Rosado Trujeque, del Centro Coordinador Empresarial.
Consejeros por la sociedad: Gabriel Ayala Quiñones, Elvira Pasos Magaña y una tercera persona.
Los colegas de Lolbé Carrillo Jiménez, sus corresponsables en el impugnado otorgamiento de los tres millones de pesos, ¿darán un paso al frente para apoyar a una compañera caída en desgracia por ejecutar el acuerdo común de hacer un donativo a una institución de beneficencia? ¿Aplaudiremos este espectáculo reivindicador de la verdad?
El paso atrás, cruzarse de brazos, permanecer callado, impasible, como convidado de piedra, mientras una dama es víctima de una agresión en la vía pública, significaría, además de falta elemental de caballerosidad, significaría, repetimos, que los representantes de las fuerzas activas de nuestra sociedad dimiten en mala hora del cumplimiento de su obligación de promover, con la vigilancia de la actuación de las autoridades, la vigencia de los derechos y los valores morales y cívicos que son indispensables para el buen funcionamiento del gobierno y las instituciones de la comunidad.— Mérida, 15 de abril de 2010.