(Primera Columna publicada el 26 de mayo de 2009)
Conforme pasan los días del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco crecen en tamaño y número las señales de que pueden estar en peligro las libertades públicas que a los yucatecos nos ha costado más de un siglo conquistar.
Durante los 30 años del porfiriato ningún candidato de la oposición llegó a la gubernatura de Yucatán.
Desde la imposición de Pino Suárez en 1911 hasta 1929, los regímenes de la Revolución Mexicana no permitieron que ningún candidato de la oposición asumiera la gubernatura yucateca.
De 1930 a 1999, la dictadura de partido implantada por el PRI impidió que los candidatos de la oposición ganaran el Poder Ejecutivo del estado.
130 años de delincuencia electoral, o de una apatía cívica provocada por los fraudes y la represión, mantuvieron a la gubernatura yucateca en manos del partido oficial.
130 años tardó por lo tanto la oposición en elegir al fin un gobernador, Patricio Patrón Laviada, del PAN, en 2001.
Por primera vez en más de un siglo, el partido oficial pasó a ser oposición debido a la derrota de los mecanismos de imposición diseñados por el porfirismo, continuados por la Revolución y refinados por el PRI a partir de 1929.
Pero la nueva oposición yucateca nacida en 2001 no tuvo que esperar otros 130 años para recuperar el poder en Yucatán. Sólo seis años. En 2007 el partido oficial, el PAN, perdió las elecciones. Las ganó, con la candidatura de la oposición, Ivonne Ortega Pacheco, del PRI.
Las ganó la señora Ortega en una campaña y unos comicios que se distinguieron por la limpieza de los procesos electorales y las garantías de que disfrutaron los candidatos, sin distinción de partidos.
Esta victoria de Ivonne Ortega se puede atribuir a su personalidad política o a un mal gobierno de Patrón Laviada, como sostienen hoy los voceros del oficialismo. Ésta puede ser una de las caras de la medalla, sujeta a la inspección de la historia.
La otra cara de la medalla está grabada con caracteres que no están a discusión. Durante los 130 años de dictadura se multiplicaron los malos o pésimos gobiernos del partido oficial, pero jamás fue vencido en las “elecciones”, a pesar del arraigo popular indiscutible de candidatos de la oposición como Delio Moreno Cantón y Víctor Manuel Correa Rachó.
La columna considera que la causa primordial del triunfo de la señora Ortega no fue fruto de una personalidad avasalladora ni resultado del repudio a un gobernante. El motivo fundamental del regreso del PRI al poder fue la democracia instituida y sostenida por el PAN.
En un clima de cumplidas garantías a la crítica y la discrepancia, los partidarios, los líderes, los voceros, los candidatos y los procedimientos de la oposición disfrutaron durante los seis años de Patricio Patrón de una libertad de acción y expresión que nunca tuvieron durante los 130 años precedentes. Siglo y cuarto en que los Tres Poderes funcionaron como uno solo al servicio del Ejecutivo.
En estos dos años de Ivonne Ortega hemos visto crecer la intolerancia oficial del derecho a disentir de lo que el gobierno hace y dice. Intolerancia que llega a la represión y la privación de derechos, como demuestran en estos días las actividades de la llamada “ola roja”, descritas ayer en este periódico, y la manera atrabiliaria de hostilizar y detener a un ex alcalde que censura a la gobernadora.
Los actos del gobierno deben ser de los temas importantes de las campañas electorales, sobre todo ahora que en los sindicatos, la fuerza pública y los representantes de los Tres Poderes hemos empezado a ver cómo regresan a la vida pública y privada los abusos del sectarismo político guasón. Guasón porque se proclama amparado por la misma ley que lo prohíbe.
Es conveniente que las instituciones que dirigen al sector privado y los grupos independientes de opinión sometan a un examen público, cuidadoso y oportuno los comportamientos de la autoridad acusados de infringir la ley y violar los derechos humanos. Es una orientación indispensable a los votantes en momentos en los que se les pide razonar su voto. Voto que puede servir para fortalecer en el estado y el país un modo de gobernar distante del bien común, como está sucediendo en países de Suramérica, donde ciertos ángeles resultaron ser demonios.
El PRI debe ser el más interesado en propiciar el debate libre e imparcial de las imputaciones al Ejecutivo. Éste es el momento en que sus candidatos demuestren que no llevarían al Congreso una ceguera cómplice de arbitrariedades y una voz sumisa a las instrucciones y los intereses del partido. Ceguera y sumisión que fueron sólido soporte de los 130 años que la democracia tardó en avecindarse en Yucatán. 130 años en que, durante las campañas electorales, desde el infierno nos ofrecían el cielo.