(Artículo publicado el 2 de enero de 2010)
Fincados en las ideas que expresaba y defendía en sus artículos publicados en “Diario de Yucatán”, cuando era colaborador de la página editorial de este periódico, y basados también en nuestras entrevistas personales con él, nos formamos de Felipe Calderón Hinojosa una opinión que hoy nos vemos inclinados a revisar y rectificar. La opinión de que el presidente de la república es un hombre que avala con su conducta los principios que predica con su palabra. La opinión de que es un hombre congruente que hace lo que dice que se debe hacer.
Ahora tenemos la impresión de que nos equivocamos. Comprendemos nuestro error de juicio al enterarnos del resultado final de las investigaciones oficiales de los delitos en que Miguel Ángel Jiménez Godínez incurrió como director de la Lotería Nacional, al proponer a Megamedia el pago, con fondos de esa dependencia federal, de propaganda en “Diario de Yucatán” a favor de candidatos del Partido de Acción Nacional en Campeche.
Delitos que incluyen la intención de soborno, con ofrecimiento de contratos de publicidad de la Lotería en este periódico, cuando los representantes de Megamedia se negaron a aceptar la proposición ilícita de Jiménez Godínez en una reunión a la que no fue invitado: una junta de representantes de Megamedia y el PAN convocada exclusivamente en Campeche para suscribir el contrato de la propaganda electoral.
El código de ética que norma las actividades de Megamedia y por lo tanto del “Diario”, que es una de sus empresas afiliadas, les impedía guardar silencio ante una tentativa de peculado: inversión de fondos públicos para fines distintos a los autorizados. Tentativa también de violación a la ley electoral.
Pero el mismo código de ética sugería, antes de publicar las denuncias, enterar al señor Calderón Hinojosa de actos de corrupción que afectan la honorabilidad de su gobierno, para darle la oportunidad de repudiarlos a buen tiempo. Enterar también a la directiva nacional del PAN para que pudiera deslindarse de inmediato de notorias infracciones a los principios que abandera desde su fundación.
No es preciso entrar en más detalles: el caso ha recibido la difusión amplia y suficiente que merece. Ni de la presidencia de la república ni de Acción Nacional obtuvimos la respuesta que esperábamos. La denuncia, publicada después de aguardar un lapso prudente, desembocó en solidaridades asombrosas del gobierno y su partido con los presuntos delincuentes y en una “investigación” judicial que ha concluido a fin de 2009 en la absolución total del señor Jiménez y en la declaración de que nada obsta para que pueda ocupar cualquier cargo en la administración pública, porque ni Megamedia ni “Diario de Yucatán” aportaron pruebas.
Sí las aportaron. Aportaron las evidencias circunstanciales de la admitida, extraña presencia del director y subdirector de la Lotería en una reunión de carácter electoral a la que no habían sido invitados. Las evidencias constatables de que los contratos de publicidad de la Lotería con los periódicos de la Asociación de Editores de los Estados, a la que pertenece este rotativo, se han regido por protocolos oficiales que no incluyen apariciones inesperadas, clandestinas, de los jefes de Lotenal. Megamedia y el “Diario” aportaron, sobre todo, a dos testigos de los delitos acusados: dos dirigentes del PAN en Campeche.
Dos testigos que serían manipulados. Uno se guardó, para no dar la cara, después de suplicar a través de un intermediario una entrevista con la dirección del “Diario” a la que no asistió sin presentar excusa. El otro testigo, en semejante exhibición de ausencia de valor civil, permaneció escondido día tras día antes de viajar a la ciudad de México para relatar ante el Congreso cuentos chinos que los diputados panistas aceptaron sin hacer una sola pregunta. Manipulación, mentiras y contubernio cuya paternidad nosotros acreditamos hoy al gobierno y su partido —no nos parece que haya otra explicación verosímil—, en una explotación de la cobardía cívica y un abuso de poder dirigidos a la sospechada protección de objetivos y compromisos que no concuerdan con los intereses de la nación y la decencia que esperábamos.
Pecaríamos de ingenuos si pensamos que todo, incluyendo la farsa aparente de la investigación judicial, se hizo sin conocimiento y consentimiento del presidente de la república. No creemos que sea tan fácil engañarlo o inducirlo a que se haga de la vista gorda ante las impertinencias que los suyos han cometido, pues él tiene la inteligencia, la experiencia y el poder para haber sabido, en unas cuantas horas, el terreno que pisaba.
Lo que sí creemos, y mucho nos apena decirlo, es que nos equivocamos en nuestra opinión de que Felipe Calderón Hinojosa era un gobernante distinto, de probidad invariable. Ahora lo vemos como un funcionario más, sujeto como tantos otros a un cautiverio político donde la verdad es un bien sacrificable si así lo exige la conveniencia personal, del gobierno o del partido.
Quien esto escribe era director general de “Diario de Yucatán” cuando el periódico publicó, sobre estos incidentes, las denuncias que reiteramos en este artículo al invitar, como lo estamos haciendo, a los señores Calderón y Jiménez, si no es cierto lo que decimos, a promover ante las instancias correspondientes un juicio en el que, Dios mediante, nosotros seríamos los primeros en dar la cara.— Mérida, Yucatán, uno de enero de 2010.