Las asambleas ejidales mediante las cuales les fueron “transferidas” más de 1,500 hectáreas del ejido de Seyé a un grupo de inversionistas y especuladores de Mérida fueron simuladas, con el único fin de entregar parte del patrimonio ejidal a esas personas, lo que es “un acto de injusticia e ilegalidad”, considera el magistrado del Tribunal Unitario Agrario, José Lenín Rivera Uribe.
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