En 2014, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) entró a formar parte de una estrategia de inversión que con el paso del tiempo se ha convertido, en opinión de especialistas en el tema, en el fraude financiero más grande en la historia de México.
En el centro de ese escándalo está Grupo Escorfin, encabezado por Roberto Guzmán García, quien se enfrenta a acusaciones de desfalco en otras partes del país y tiene intereses inmobiliarios y de otro tipo en Yucatán.
Grupo Escorfin maneja desde 2014 una parte de los recursos del Isstey, para lo cual firmó, por medio de su filial Estratégica Corporativa en Finanzas, S.A. de C.V., un convenio con el entonces director general del instituto, Ulises Carrillo Cabrera.
Este es el convenio:
En el mercado de valores y en créditos de nómina
Esos recursos, como hemos publicado, quedaron disponibles para ser invertidos en el mercado de valores, en instrumentos que, en caso de arrojar minusvalías o resultados menores que los esperados, no representarían ningún tipo de responsabilidad para su promotor.
De acuerdo con informes a los que tuvo acceso Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, al cierre de 2016 Grupo Escorfin ya tenía el control de más de 800 millones de pesos del Isstey.
Al día de hoy, Guzmán García tiene colocados por lo menos 350 millones de pesos de la institución en instrumentos financieros. Esa cantidad está dividida en dos inversiones: una de $200 millones, que tiene vencimiento en octubre próximo, y otra de $150 millones, con plazo hasta 2025.
Además, Grupo Escorfin se involucró en la colocación de créditos de nómina a derechohabientes del Isstey, también por medio de una de sus subsidiarias, durante la gestión de Ulises Carrillo como director general. Otras firmas privadas participan en el mismo esquema, aunque sin vínculos aparentes con el consorcio.
Tiene problemas para cumplir y culpa a la pandemia y la crisis económica
El gran problema es que Grupo Escorfin, inmerso en escándalos como el que estalló en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por la inversión de recursos públicos en instrumentos bursátiles, atraviesa por serios problemas económicos y ha planteado propuestas de reestructura de inversiones a sus clientes.
Aunque está muy lejos de ser uno de los mayores clientes, en esa lista se encuentra el Isstey, con fondos que pertenecen a los trabajadores del Estado.
Documentos en poder de Central 9 revelan que en junio pasado Escorfin notificó a socios y clientes que, con motivo “de las afectaciones derivadas de la pandemia, el entorno geopolítico y, en general, las condiciones de los mercados y la economía en el país”, sus empresas Promotora de Sistemas de Información (PSI), S.A.P.I. de C.V.; Servicios Inmobiliarios de Posturas (SINM), S.A.P.I. de C.V., y Posiciones Estratégicas en Cartera (PEC), S.A.P.I. de C.V., serían “objeto de una reestructura inmediata”.
Esa reestructura, decía el aviso, permitirá a las empresas “afrontar sus obligaciones contraídas, para lograr el máximo beneficio posible para aquellos con quienes estamos comprometidos”.
Suspensión del pago de intereses y de vencimientos
La misma notificación llevaba un foco de alerta: “Durante este período de reestructura se suspenderá el pago de intereses y de vencimientos”.
Esto significa que el gobierno de Mauricio Vila Dosal tendría problemas para cobrar no solo el capital invertido por medio de ese grupo sino también los rendimientos.
Para aliviar esa crítica situación, la sociedad mercantil plantea a sus clientes una reestructura de tres bonos, que tendrían vencimiento en un plazo de cinco a diez años y con diferentes garantías.
El contrato con el Isstey, con una filial y con fines de asesoría
En el convenio con el Isstey no se menciona el nombre de Grupo Escorfin, porque el acuerdo se concretó con Estratégica Corporativa en Finanzas, una de sus firmas. Como representante de la empresa firmó Roberto Guzmán, quien tiene vínculos de negocios con personas que también son accionistas en las dos empresas donde aparece el nombre de Ulises Carrillo Cabrera, como detallaremos más adelante.
El contrato establece que Estratégica Corporativa proporcionaría servicios de asesoría y “supervisión para el manejo no discrecional de inversiones, créditos, asistencias y prestaciones…”
En términos simples, la firma financiera fue contratada para prestar “servicios de asesoría en materia de inversiones disponibles en el mercado de valores… a fin de lograr la toma de mejores decisiones financieras de inversión para procurar el eficiente manejo” del dinero del Isstey.
Instrumentos de deuda, pero sin respaldo garantizado
Los reportes consultados por Central 9 arrojan que miles de millones de pesos propiedad de inversionistas han sido invertidos en instrumentos de deuda emitidos por empresas que no cuentan con fuente de pago, lo que podría significar la inminente pérdida del patrimonio de aquéllos.
El patrimonio afectado corresponde principalmente a instituciones gubernamentales y fondos de pensiones de los trabajadores de los estados, como es el caso del Isstey, aunque también a personas físicas que son clientes de casas de bolsa, a quienes sus asesores bursátiles habrían engañado.
¿Otra vez el esquema Ponzi?
Especialistas en finanzas que han seguido de cerca el caso de Grupo Escorfin, desde que se dio a conocer la participación de este corporativo en el escándalo de Segalmex, afirman que este mecanismo es una réplica del esquema Ponzi e involucra a casas de bolsa, bancos y funcionarios deshonestos.
En términos financieros, el sistema Ponzi es un fraude mediante el cual sus promotores atraen inversionistas con el ofrecimiento de altos rendimientos, pero pagan los intereses con el mismo dinero invertido o con el dinero de nuevos inversores. En el lenguaje popular es el esquema de “pirámides”.
Roberto Guzmán García, oriundo de Ciudad de México y avecindado en Mérida, es señalado como artífice de esa estrategia. Su grupo es propietario de las empresas ya señaladas, que desde hace diez años –por lo menos– han operado en el mercado financiero por medio de la colocación de instrumentos de deuda entre clientes de algunas casas de bolsa.
Principales pasos de la operación
Los informes recabados ponen al descubierto el siguiente esquema de operación:
- Las empresas PSI, SINM o PEC (las tres de Escorfin) constituyen un fideicomiso emisor en alguna institución fiduciaria (banco o Casa de Bolsa). La empresa queda como fideicomitente.
- El fideicomiso emisor expide Certificados Bursátiles Fiduciarios de Deuda, instrumentos similares a un bono, con la diferencia de que se utiliza la figura del fideicomiso en lugar de que la empresa sea la que emite el bono. Los instrumentos son emitidos de manera privada, es decir, no se colocan en la Bolsa de Valores y, por lo tanto, no pasan por la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Como tercer paso, Roberto Guzmán y su red de promotores venden el instrumento o los instrumentos a un inversionista. Utiliza una Casa de Bolsa para la colocación, o sea, quien invierte en estos certificados necesita una cuenta en una Casa de Bolsa.
- Cuando el inversionista compra estos instrumentos de deuda, su dinero es transferido al fideicomiso emisor. Por medio de tales instrumentos, los clientes le están dando un crédito al fideicomiso.
- El fideicomiso, a su vez, tiene un contrato de crédito subyacente firmado con el fideicomitente, es decir, con alguna de las empresas propiedad de Roberto Guzmán. De esta forma, los recursos son trasladados a esta empresa.
- La empresa de Grupo Escorfin debe pagar con sus flujos el crédito subyacente, para que el fideicomiso pueda, al mismo tiempo, pagar su inversión más los cupones pactados con los clientes que invirtieron en el instrumento.
Para efectos prácticos, las empresas captan recursos de los inversionistas como deuda y deben pagar a éstos el recurso principal más los intereses convenidos.
Actividad ilegal: no hay autorizaciones
Ese esquema, que alcanzó al Isstey según todos los indicios, es irregular, ya que las casas de bolsa no tienen autorización para comercializar instrumentos de deuda privados y muchos de los inversionistas que han comprado estos instrumentos tampoco tienen en su régimen permiso para ese tipo de inversión.
El problema más grave, advierten nuestras fuentes, es que desde hace mucho tiempo los flujos de las empresas de Roberto Guzmán García no han sido suficientes para cubrir ni sus cupones ni sus vencimientos. Por esa razón el grupo ha estado lanzando nuevas emisiones de deuda bajo el mismo esquema, pero por montos cada vez mayores.
De esta forma, Grupo Escorfin trata de allegarse de recursos que le permitan cubrir el principal más los intereses de la emisión anterior. Así, su deuda ha venido creciendo continuamente de manera exponencial, al pasar de una deuda conjunta de 500 millones de pesos en 2015 a una aproximada de $6,500 millones el día de hoy.
“Estamos hablando de un claro esquema Ponzi“, subrayan nuestros informantes.
En la mira de las autoridades federales
Versiones procedentes del centro del país hablan de una investigación en marcha contra Grupo Escorfin y otro consorcio con el que trabaja conjuntamente. La investigación, se advierte, está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades.
Ese grupo empresarial, como ya hemos señalado, tiene ramificaciones en Yucatán y desde que se firmó el convenio con el Isstey había señales de operaciones de riesgo (CONTINUARÁ).