Política y gobierno

Purga en el Poder Judicial: el Ejecutivo busca el relevo total del Tribunal Superior

viernes, 15 de abril de 2022 · 02:17

La iniciativa del Ejecutivo de reformas al Poder Judicial del Estado conlleva el interés en “limpiar” por completo el órgano de gobierno de esa instancia, comenzando con la renovación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

Aunque con otros términos, el proyecto de cambios formula una “invitación” a los actuales magistrados a retirarse. Esto daría paso al Ejecutivo a proponer a los sustitutos y la elección final sería del Poder Legislativo, que tiene mayoría panista.

Además, el número de magistrados del Tribunal Superior aumentará de 11 a 17. Dos más serán para el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, que de esta forma serán tres.

En este último caso, del tribunal de los burócratas, se dejará a quien actualmente se desempeña como magistrado único —César Antuña Aguilar, ratificado en polémico proceso por el Poder Legislativo en junio de 2021—, pero se le quitará el control al retirarle la presidencia y colocar a dos nuevos magistrados con el propósito de agilizar las resoluciones.

Otras modificaciones importantes son el fin de la condición de “inamovible” que adquirían los magistrados del Tribunal Superior al amparo de antiguas disposiciones legales y también la eliminación de la pensión vitalicia para estos funcionarios al llegar al retiro.

El Ejecutivo envió la iniciativa al Congreso el pasado fin de semana. Para consumar las modificaciones se requieren cambios a la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios.

En la exposición de motivos se indica, entre otras cosas, que es necesario contar con órganos jurisdiccionales robustos, que dispongan de los medios indispensables para ejercer sus funciones de manera óptima, “con el mayor profesionalismo y precisión posibles”.

En ese contexto, se cita que el fortalecimiento del Poder Judicial del Estado representa uno de los grandes retos que es necesario superar, a fin de que se logre una impartición de justicia que cumpla cabalmente con los principios constitucionales de ser pronta y expedita.

Aspectos medulares

En síntesis, con los cambios a los ordenamientos ya citados se pretende lo siguiente:

  • 1) Aumenta de 11 a 17 el número de magistraturas del Tribunal Superior.

Prácticamente todos los magistrados en funciones fueron designados en administraciones priistas. La excepción es Luis Esperón Villanueva, quien recibió el nombramiento en junio de 2007, en los meses finales del gobierno del panista Patricio Patrón Laviada, y fue ratificado en 2011.

Con la iniciativa se plantea que el titular del Ejecutivo deberá enviar, a partir de la entrada en vigor del decreto y hasta el 31 de enero de 2024, las ternas para la designación de las seis personas que ocuparán las nuevas magistraturas. Por lo tanto, todas las propuestas serán del actual gobierno.

Por ahora, como ya informamos, el Tribunal Superior tiene solo diez magistrados por renuncia de Adda Cámara Vallejos. En los próximos días se deberá conocer a quien la sustituya, por designación del Congreso del Estado.

De cualquier manera, Adda Cámara concluía su período este mismo año, en diciembre. En igual situación está Marcos Celis Quintal.

El tercer magistrado cuyo período finaliza este año, pero en junio, es Esperón Villanueva.

  • 2) La magistrada o el magistrado que presida el Tribunal Superior no se podrá reelegir en la presidencia.
  • 3) Habrá dos magistrados más para el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios.

El objetivo, dice la iniciativa, es que este órgano pueda estudiar varios asuntos de manera simultánea y que el pleno únicamente se reúna al votar sobre resoluciones.

El gobernador deberá enviar al Congreso las ternas de personas propuestas para las nuevas magistraturas en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto.

  • 4) Se modifica el plazo del encargo de magistradas o magistrados del Tribunal Superior. Actualmente es de seis años y probabilidad de 9 más con ratificación. Se propone un solo período ininterrumpido de 15 años.
  • 5) Se hacen adecuaciones a la figura de haber por retiro (prestación que se otorga al magistrado al jubilarse), que pasa de ser vitalicio a convertirse en un pago único equivalente a doce meses de salario íntegro.

Se especifica que, para no afectar el derecho a la seguridad social de magistradas y magistrados que laboraron como trabajadores al servicio del Estado, el haber por retiro será independiente de las prestaciones o cualquier derecho laboral que corresponda a estos funcionarios “en términos de las disposiciones aplicables”.

La iniciativa señala que, en sus términos actuales, el haber de retiro representa un alto costo para el Estado. Recalca que, en promedio, un magistrado gana ahora cerca de 134,000 mensuales, sin contar aguinaldo, primas y otras prestaciones.

Hoy, al llegar al retiro un magistrado recibe durante dos años el cien por ciento de su sueldo. A partir del tercer año es el 80%.

La iniciativa propone que el pago único sea el equivalente de un año de salario.

El proyecto de reforma dice que el cambio en la figura de haber del retiro “responde a la necesidad de asignarle más recursos al Poder Judicial”, a fin de que éste los pueda canalizar a prioridades tales como la contratación de más personal, para hacer más eficiente la impartición de justicia.

Durante un año contado a partir del día siguiente a la conclusión de sus funciones, magistradas y magistrados en retiro no podrán ser abogados patronos o litigantes ante los órganos de Poder Judicial, a menos que sea en causa propia, de su cónyuge, ascendientes o descendientes, siempre y cuando sea con carácter ocasional y con autorización del pleno.

En caso de incumplimiento perderán el derecho a recibir el beneficio económico ya citado.

  • 6) Será causa de retiro forzoso de magistradas y magistrados el haber cumplido 70 años de edad o 15 años en el cargo, o 30 años al servicio del Estado. No habrá “inamovibles”.
  • 7) Las magistradas y magistrados del Tribunal Superior que no hayan cumplido 15 años en el cargo a la entrada en vigor del decreto, o que los cumplan dentro de los 45 días de su entrada en vigor, podrán solicitar al pleno su retiro anticipado, en el primero, o su retiro, en el segundo. Si lo hacen así podrán acceder al haber por retiro vitalicio regulado en las disposiciones vigentes.

La misma solicitud podrán hacer quienes lleven más de 15 años en el cargo o 30 años o más al servicio del Estado, y hayan sido nombrados conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán publicada en el Diario Oficial del Estado el 13 de marzo de 1992. Así tendrán acceso al haber por retiro vitalicio e irreductible que les corresponde por sus años de servicio.

Se dispone igual procedimiento para quienes estén en el supuesto de retiro forzoso por tener 70 años o más. En estos casos recibieron también el nombramiento previo a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán.

En esta situación de retiro forzoso por edad se encuentran Ligia Cortés Ortega, Mygdalia Rodríguez Arcovedo y Ricardo Ávila Heredia, actual presidente del Tribunal.

Se establece un paso a seguir para quienes tienen menos de 15 años en el Tribunal Superior y no opten por el retiro anticipado: seguirán en funciones por el término que le reste a su encargo y se sujetarán a lo previsto en los artículos 64 de la Constitución Política del Estado y 170 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado reformados mediante el decreto.