El año 2018
Filiberto Pinelo Sansores (*)
En el año que comienza tendremos elecciones para cambiar al presidente de la República, ocho gobernadores estatales y al jefe de gobierno de la Ciudad de México; los 628 legisladores del Congreso de la Unión y 972 diputados que integran 27 Congresos estatales, 1,596 ediles de ayuntamientos de 24 estados (se exceptúan Baja California y Nayarit) y a los 16 alcaldes y 160 concejales de las nuevas alcaldías de Ciudad de México.
Será ésta una batalla tal vez sin precedente en la historia de México no sólo por el volumen en el número de los contendientes, sino por el grado de competitividad de las principales fuerzas que en ella se medirán. También lo será por la oportunidad de sacudirnos, de una vez por todas, al régimen corrupto y antidemocrático que con diferentes rostros, incluido el de una falsa transición a la democracia que nunca se produjo, ha estado montado largas décadas sobre las espaldas del país. Por las condiciones en que se producirá —y ya se está produciendo—, la lucha será difícil para todos los partidos, particularmente para quienes contienden contra el PRI, porque la antidemocrática maquinaria que ha hecho a nuestro país famoso en el mundo por sus elecciones fraudulentas, se ha puesto a trabajar.
La muestra es el gobernador Zapata Bello quien, ganado por su afán de quedar bien con quien sería su nuevo amo nacional —en caso de no ocurrir la previsible catástrofe que se le augura— gritó a los cuatro vientos —en una reunión que creía privada— cómo usará el poder que detenta para convertir la yucateca en una elección de Estado y hacerlo triunfar.
Las expresiones de Zapata Bello son sólo un referente más de la estrategia que pone en práctica ya la banda encaramada en el poder político del país. Un indicio de ello es el reporte de lo que ha gastado su candidato en la precampaña. De acuerdo con un informe del INE, presentado en sesión extraordinaria el viernes 5, en 23 días de precampaña José Antonio Meade, que de todos los precandidatos es quien más ha erogado, reportó gastos de 3.6 millones de pesos, pero no dijo de dónde los sacó, ya que, según sus cuentas, no tuvo ingreso alguno. Si no tuvo ingresos, ¿de dónde sacó entonces todo el dinero gastado?
Con recursos como para llenar varias albercas, saqueados directamente del tesoro público durante los seis años de la corrupta administración de Peña o procedentes de los multimillonarios “moches” que, en el plano nacional, entregan —vía gobierno— al partido grandes empresas como Odebrech, OHL, Higa y, en el local, las que construyen obras “emblemáticas”, como el Palacio de la Música o el Hospital Materno Infantil, con costos elevados pero que se duplican respecto a los inicialmente presupuestados, la camarilla priista dispone de cantidades exorbitantes para hacer lo que siempre ha hecho: comprar electores.
El gobierno de Peña Nieto carga con el estigma internacional de estar reprobado en materia de combate al blanqueo de dinero. Según un reciente reporte de Grupo de Acción Financiera Internacional Contra el Lavado de Dinero (GAFI), grupo al cual México ingresó desde el año 2000, el país no ha tenido avances significativos en la materia (“Proceso”, 6-1-18).
La razón de que en México no se combata este blanqueo es que no son sólo “los narcotraficantes quienes se aprovechan de las deficiencias del sistema: políticos corruptos, criminales de cuello blanco y evasores fiscales recurren a los mismos métodos para insertar su dinero ilícito al circuito financiero legal”, dice la información. Esto se explica porque es a través de este tipo de mecanismo criminal como la camarilla gobernante obtiene los caudales que requiere para llevar al cabo sus permanentes ansias de estar eternamente en el poder.
Así pues, el gobierno federal es uno de los grandes lavadores de dinero del país. Así como no tiene la más mínima intención de sacar de la pobreza y la marginación a millones de mexicanos para comprarles su voto, tampoco tiene el más mínimo deseo de aplicar las leyes que eviten el lavado de dinero para disponer de los recursos financieros que le permitan hacer la compra.
La Secretaría de Hacienda, hasta no hace mucho conducida por el propio candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, falsamente honesto, está en la picota con el descubrimiento de haber participado en el blanqueo de más de 250 millones de pesos que envió a las campañas del partido en varios estados en 2016, usando como intermediaria a la Secretaría de Educación de Chihuahua, en tiempos de César Duarte, coordinado todo el proceso por un auxiliar del viejo capo Don Beltrone.
Nos estaríamos chupando el dedo si pensáramos que este mecanismo no lo usa la Secretaría de Hacienda con todos los gobiernos estatales de signo tricolor para hacer triunfar a base de billetazos a su partido.
El dinero que se está gastando en Yucatán por diversos actores políticos —no sólo del PRI— puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado, si el pueblo no toma conciencia de la necesidad de cambiar las formas de gobernar el país y el estado, y vuelve a caer en el garlito de los rostros guapos, los apapachos a los niños y a las abuelitas, los regalos y las promesas que nunca se cumplen para, a final de cuentas, volver a tropezarse con la misma piedra.
Se precisa analizar con lupa lo que propone cada uno de los partidos y candidatos, las historias de cada cual, los intereses económicos, políticos y sociales que en realidad defienden —no los que dicen defender—, antes de emitir el voto. Pero no sólo eso. Habrá que estar muy atentos al desarrollo de las campañas para denunciar los multimillonarios derroches en propaganda, acarreos masivos, regalos abundantes y todo el gasto en la parafernalia que acostumbran quienes, prácticamente compran —con dinero triangulado, de gobierno o empresarios— su estancia en el poder.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa