El neoliberalismo y las elecciones
Filiberto Pinelo Sansores (*)
No cabe duda de que el sistema político, social y económico en que vivimos debe ser transformado para que deje de ser el mecanismo que despoja a las mayorías en beneficio de una minoría que, con el apoyo de quienes gobiernan al país, se queda con el fruto del esfuerzo de millones de trabajadores. Una palanca de este despojo es la corrupción que practican las camarillas que se han turnado en el poder que, en contubernio con grandes empresarios que con ellos se asocian, se embolsan buena parte del producto nacional, dejando sólo las migajas al pueblo.
El marco histórico de este despojo —en el que han participado representantes de los dos signos partidarios que se han sucedido en el poder de la nación— es el conjunto de leyes y prácticas que conforman eso que se llama el neoliberalismo. Esto no es otra cosa más que la aplicación del principio de que la economía debe desarrollarse sin la intervención del Estado, regida sólo por la mano invisible del mercado, excepto cuando aquél tenga que acudir a salvar a los grandes privilegiados cuyas empresas, pese a la sabia mano a que aluden, caen en bancarrota.
Así ha sido en México desde que se estableció, en el periodo de Miguel de la Madrid. Lo defienden a ultranza PAN y PRI, aunque en su propaganda se declaran enemigos acérrimos entre sí. Gracias a esto, en los últimos 35 años se ha acumulado, brutalmente, la riqueza del país en pocas manos y al mismo tiempo se ha extendido y profundizado desmedidamente la pobreza con las nefastas consecuencias que la acompañan: criminalidad, inseguridad, violencia, desempleo y subempleo, falta de oportunidades para los jóvenes, salarios precarios, etcétera.
El Estado se volvió, con el neoliberalismo, descaradamente un comité al servicio de megaempresarios. El ejemplo más diáfano es el Fobaproa-Ipab, que en 1998 fue usado por el gobierno del país, con el aval de los dos partidos en el Congreso, para rescatar banqueros quebrados al costo de una gigantesca deuda que todavía estamos pagando y cuyos intereses se llevan, cada año, inmensas tajadas del presupuesto.
Esos mismos dos han acordado todas las medidas económicas y sociales lesivas que se han aplicado en México, durante ese lapso, desde la privatización de las pensiones de los trabajadores hasta los gasolinazos, producto éstos de una Reforma Energética que implicó la entrega del petróleo a capitales privados, sobre todo extranjeros y la continuidad de la política de destrucción de las refinerías nacionales para fortalecer el gran negocio de la compra de gasolinas en el extranjero con enormes ganancias para un pequeño grupo de particulares.
No llama la atención, en consecuencia, que el candidato panista, Ricardo Anaya, declare a cada rato que si gana la presidencia no construirá una sola refinería porque “cuestan mucho” y, además —según él—, “en 2024 empezará a caer el consumo de la gasolina en el mundo y los autos serán eléctricos” (“Excelsior”, 16-01-18), declaración que implica que un eventual gobierno suyo continuaría los gasolinazos, pues tampoco se ha pronunciado sobre alguna otra manera de detenerlos. Sobre advertencia no hay engaño.
El ejemplo más reciente de la política neoliberal es el rescate, hace unos días, de ICA, una empresa privada quebrada usando recursos destinados a las pensiones. Cuando se hizo la reforma a la ley del Issste en 2007 para privatizar las de los trabajadores del estado —acción también avalada en el Congreso, obvio, por PAN y PRI—, el objeto fue convertirlas en materia de especulación, a través de las afores, en manos de banqueros todas, menos Pensionissste, la del Issste. Con esto, las bajas pensiones se volvieron aún más bajas al convertirlas en objeto de negocio dejando atrás la idea de que deberían ser mecanismo de bienestar del trabajador después de toda una larga vida de esfuerzo.
Sin embargo, Pensionissste no sólo opera como las demás, sino que, peor aún, es usada como instrumento del Estado para salvar monopolios en quiebra. Así, tenemos que una investigación de la agencia de prensa inglesa Reuter acaba de poner al desnudo que en secreto financió con 400 millones de pesos, tomados de los fondos que administra a aquella gran empresa, favorita de los gobiernos priistas, y se convirtió en su mayor accionista en el momento en que estaba en la insolvencia y a punto de quebrar.
En consecuencia, todo el dinero se perdió, pues las acciones en que lo invirtió desaparecieron, “por un plan de reestructuración”, avalado por el propio Estado, que las canceló sin devolverlo a los accionistas (“La Jornada”, 12-03-18).
Hasta hoy no hay responsables de esta reprobable acción que hará aún más mezquinas las reducidas pensiones que recibirán estos trabajadores víctimas de un sistema en que, sistemáticamente, se aplica la ley del embudo: lo ancho para los de arriba y lo angosto para los de abajo. Ni Peña Nieto, ni Videgaray ni “Yo mero” dan la cara no obstante que tienen que ver con el asunto.
Nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con que quienes producen la riqueza se queden sin una parte de las migajas que reciben en forma de pensiones para salvar de la torpeza, la incompetencia o los dictados del mercado, si se quiere, a empresas en quiebra, como en este caso. Se trata de una injusticia más, propia de este sistema neoliberal que llevará al estallido social si no se cambia.
Las próximas elecciones serán la oportunidad de acabar con este sistema que en México lleva ya más de tres décadas, porque sus gobernantes lo han sostenido a capa y espada, y nosotros lo hemos tolerado. Un sistema que no sólo agobia a la inmensa mayoría de los mexicanos, sino que es un lastre para el desarrollo de la nación. Si los mexicanos somos incapaces de discernir entre las propuestas de quienes lo defienden y las de quien propone cambiarlo, estaremos condenados a seguirnos tropezando por siempre con la misma piedra, sin acertar por qué.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa