Filiberto Pinelo Sansores (*)
A un mes de que los mexicanos vayamos a las urnas empiezan a surgir preocupaciones por lo que puedan hacer actores de la contienda que han mostrado, a lo largo de su historia, lo poco que les importa la democracia. El mecanismo más socorrido usado por quienes tienen poder, recursos y falta de escrúpulos para llevar al cabo acciones deleznables y adjudicarse resultados que de otro modo no tendrían es la compra del voto.
Esta forma de alterar la voluntad de millones de ciudadanos ha permitido al PRI mantenerse en el poder durante 80 años, aun cuando 12 de ellos los compartió con el PAN. Aunque recientemente el vocal ejecutivo del INE en Yucatán, C.P. Fernando Balmes Pérez, declaró que no hay indicios en el estado de compra de votos —y puede que tenga razón, porque no ha habido escándalos que lo evidencien— sería ingenuo pensar que el fenómeno no esté ocurriendo, aunque de manera solapada, o no vaya a ocurrir.
Ya se han encendido focos rojos acerca de lo que a este respecto está pasando en muchos lugares del país. El colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), ONG nacional que hace el monitoreo de esa práctica, ha recibido en su sitio “web” democraciasinpobreza.mx, 151 reportes ciudadanos de compra de voto, provenientes de 25 entidades del país.
A medida de que se aproxima el día de la jornada, se están descarando quienes saben que están a punto de perder —por los datos de las encuestas— y están acelerando la compraventa de la voluntad de los electores más pobres del país. El dinero está brotando a borbotones de las alforjas de quienes lo desvían para tratar de alterar los resultados del proceso. Por lo pronto, en muchas entidades la práctica se está generalizando.
Previsor, el gobierno de Peña se preparó para la contienda y ordenó todas las acciones necesarias para alterar sus resultados. El terreno está listo. El PRI-gobierno dispone de enormes caudales para la compra del voto. Desde el primer trimestre del año, el titular del Ejecutivo federal ordenó a su secretario de Hacienda y a los titulares de las instituciones que tienen programas clientelares que reúnan los mayores recursos posibles para la bolsa destinada a alterar la voluntad popular.
Según los datos exhibidos por ACFP, se aumentó en 72.1% el presupuesto asignado a las delegaciones estatales de nueve dependencias del gobierno federal, entre ellas, Sedesol, Sagarpa y Sedatu, que tienen como misión distribuir dinero entre los habitantes más pobres del país, con fines de control; también creció en 5,251 millones de pesos al presupuesto de Prospera sin que se hubiera incrementado el padrón de beneficiarios ni la suma que cada uno recibe; asimismo, fueron aumentados, desmesuradamente, en 1,481%, los fondos asignados al Programa de Empleo Temporal (PET). Por dinero el PRI-gobierno no para.
La delegación de la Sedesol en Yucatán, por ejemplo, en el tercer trimestre de 2018 vio crecer los recursos que maneja en 708%, al pasar de $16.2 millones en el primer trimestre de 2017 a $130.8 millones en el mismo periodo de 2018. En otras entidades se ha repetido el multimillonario incremento. Éste es el tamaño de la apuesta de Peña Nieto para burlar la voluntad del pueblo en este proceso (“Democracia Sin Pobreza 2018”).
Sin embargo, el gobierno de Peña no es el único que usa recursos públicos con el fin de convertirlos en votos forzados. Gobiernos estatales de otros partidos también lo hacen. Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador panista de Veracruz, inventó un programa clientelar, “Veracruz Comienza Contigo”, mediante el cual reparte despensas y monederos electrónicos para imponer a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, como su sucesor.
En Puebla, también con gobierno panista presidido por José Antonio Gali Fayad, a quien su jefe que lo antecedió en el cargo, Rafael Moreno Valle, encomendó por un miniperiodo de año y ocho meses la silla de palacio para que se la guardara a su esposa, Martha Érika Alonso, a quien ahora pretende imponer, a la manera de una monarquía medieval, se están comprando votos para torcer voluntades, del mismo modo que lo hace el PRI en otros lugares.
Las autoridades electorales de estos estados parecen no darse cuenta de lo que ocurre, pues los hechos suceden en sus narices, sin que hubieran movido un dedo para evitarlos.
Si se respetaran las más elementales reglas del juego, una elección que permitiría el triunfo del candidato que tuviera las mayores preferencias electorales, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador que, según la última encuesta de Reforma —miércoles 30— saca ya una ventaja de 26 puntos a su rival más cercano, Ricardo Anaya, puede, sin embargo, desembocar en un funesto cochinero, si no se contrarrestan los efectos de esta cavernaria práctica.
Por eso es necesario denunciarla antes de que se convierta en una imbatible bola de lodo que sepulte la elección. Ahora que están desatados los intereses creados, cuyos beneficiarios vislumbran la cercanía de su fin y tratan de defenderlos a toda costa, debemos estar alertas y tener capacidad para cuidar la limpieza de la elección denunciando las acciones que tengan como fin enturbiarla y, el día de los comicios, votando libre y masivamente y resguardando cerca de las casillas nuestro voto.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa