Propuestas del nuevo gobierno
Carlos ALFREDO Dávila aguilar (*)
El centralismo ha sido uno de los vicios más antiguos y persistentes en la historia de México; desde la época prehispánica y hasta el régimen posrevolucionario se mantuvo estable e ininterrumpido. Durante los años ochenta y noventa la fuerte tendencia internacional hacia la descentralización tuvo algunas repercusiones institucionales en el país, como las reformas al Artículo 115 orientadas a fortalecer las atribuciones de los municipios, o la creación de los diversos organismos autónomos.
Pero fue la primera alternancia en la Presidencia de la República en 2000 lo que permitió, por primera vez, que los gobiernos estatales ejerciesen la autonomía que les reconocía la Constitución Federal de 1917, y que fue letra muerta durante todo el régimen presidencialista de partido hegemónico. El resultado fue un fiasco: sin contrapesos institucionales efectivos en el ámbito local, y sin el contrapeso real que implicaba la rendición de cuentas políticas directa hacia el presidente-jefe del partido, los dos sexenios panistas se caracterizaron por la omnipotencia de los gobernadores en sus ámbitos estatales.
El regreso del PRI a la Presidencia en 2012 no revirtió esta situación. Sin embargo, en él comenzó un viraje hacia la recentralización de ciertas competencias, bajo la lógica de imponer controles al poder de los gobernadores desde la administración federal. El cambio más trascendente en este sentido fue la transformación el IFE en el INE, con la reforma política de 2014, aunque ha habido otros casos análogos. Dicha lógica recentralizadora parece haber convencido a sectores importantes de la opinión pública en los últimos años.
Es útil interpretar las dos propuestas que ha anunciado Morena para el siguiente sexenio con este contexto en mente: tanto la descentralización territorial de la administración pública federal como la recentralización administrativa implicada por la propuesta de crear “coordinadores estatales” que manejen los recursos federales que llegan a los estados.
La primera ofrece una respuesta aparente al problema de la excesiva centralización del gobierno —sobre cuyas desventajas existe un amplio consenso—, aunque en un análisis más detallado, no queda claro cómo el traslado físico de miles de burócratas federales desde Ciudad de México a distintas ciudades del país ayudará a mejorar la eficiencia en su funcionamiento, o si ello realmente ayudaría a detonar el desarrollo económico de las zonas del país que serían sus recipientes. En contraste con lo dudoso de sus beneficios, los costos de esta medida serían un gasto mayor para el presupuesto federal, y para las familias de los miles de burócratas que se verían presionadas para cambiar su ciudad de residencia —lo cual apareja un riesgo alto de pérdida de burócratas especializados de alto nivel y con años de experiencia valiosa—. Ante este tipo de cuestionamientos, la respuesta del equipo de Morena ha sido que aún están estudiando las posibilidades con cuidado y que no hay nada definitivo. El precedente del traslado del Inegi a Aguascalientes en 1986-1988 no sugiere que la idea sea particularmente brillante. Entonces, con un traslado de apenas 3,000 trabajadores, el proyecto fue costoso, complicado y no detonó el desarrollo de la ciudad de manera tangible.
La segunda propuesta sigue la lógica antes mencionada de controlar los excesos de los gobernadores recentralizando: mediante la creación de un poder paralelo al Ejecutivo estatal, con capacidad de decisión sobre el ejercicio de los fondos federales destinados a los estados para los programas de las diferentes secretarías de gobierno. Una figura dependiente directamente del Presidente.
La situación de corrupción en los gobiernos estatales es ominosa en la mayoría de los casos, pero, aunque esta medida pudiera generar una mejora en el corto plazo en los estados gobernados por partidos opositores, ella no ataca el problema de fondo, que es la discrecionalidad en el manejo de los recursos. Estos podrán ser manejados con la misma discrecionalidad por los “coordinadores estatales”. Por otra parte, esta figura no tiene ninguna justificación técnica que atienda a una mejora en la implementación de las políticas públicas de las distintas secretarías. Por ello, la medida parece más la creación de un nuevo espacio de control político en manos del Presidente que una mejora administrativa.
Inversión
Si se busca detonar el desarrollo económico regional, ello puede hacerse inyectando gasto público en proyectos de inversión en infraestructura local, y con planes para el aprovechamiento de las ventajas competitivas de cada región. Si lo que se busca es eliminar la corrupción, ello debe hacerse fortaleciendo la independencia y atribuciones de las instituciones autónomas encargadas de fiscalizarlos, y no creando comisionados políticos del Presidente con capacidad de ejercer el presupuesto federal según su voluntad, o de utilizarlo como herramienta de control político.— Ciudad de México.
carlos0alfredo01@gmail.com
Analista político. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
Ventana con texto de 16 puntos… Ventana con texto de 16 puntos…