Los cuestionamientos
Filiberto Pinelo Sansores (*)
Nadie puede decir que López Obrador esté trabajando sobre proyectos de los que no habló en su campaña. Uno de ellos es el del Tren Turístico Transpeninsular, conocido también como del Mundo Maya. Si alguien ha dicho al respecto que ésta no fue una propuesta de campaña sino que se la sacó de la manga después de las elecciones, no está en lo cierto.
Desde antes de ser candidato la planteó y la repitió a lo largo de aquélla. A mayor abundamiento, léanse la Plataforma Electoral y Programa de Gobierno de la Coalición Juntos Haremos Historia y el Proyecto de Nación de Morena, publicados en noviembre de 2017, para cerciorarse (INE, https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos/convenios-de-coalicion/).
El segundo de estos documentos es bastante específico. Dice: “Tren Turístico Transpeninsular. Resumen Ejecutivo. Buscando acercar el desarrollo a las comunidades nativas de la cultura maya e incrementar la competitividad del producto turístico Mundo Maya, se plantea la construcción de una vía ferroviaria con un tren de mediana velocidad (130 kph aprox.) que comunique efectiva y rápidamente varias ciudades muy importantes de la cultura maya en el sur de la Península de Yucatán”.
No estaba en la propuesta original, es cierto, que el tren pasara por territorio yucateco. Lo que textualmente decía el plan es que los 800 km del tren “cubrirían el recorrido de Cancún hasta Palenque, con escalas en Tulum, Bacalar, Calakmul”; que “la participación del gobierno federal, empresas privadas, pequeños propietarios y ejidatarios se contempla dentro del proyecto para darle factibilidad” y que “se requieren 35,000 millones de pesos para los tres primeros años de los cuales una parte pueden ser recursos privados”.
Posteriormente, AMLO hizo caso a sectores empresariales yucatecos que elevaron la voz para pedir que el recorrido se extienda a nuestro Estado. En consecuencia, si las expectativas se cumplen, el recorrido abarcará, también, territorio nuestro, a más de la ciudad de Campeche. Esto, por supuesto, elevará el costo de un proyecto que beneficiaría a la población pero sobre todo al sector empresarial, particularmente al del turismo.
Es obvio que el gobierno federal, por sí solo, no podría llevar al cabo una obra de tales dimensiones —para muchos necesaria, porque contribuiría a desarrollar económicamente una zona con mucho potencial—, sin afectar significativamente la inversión que deberá destinar a otras necesidades. Tendría que existir la concurrencia de la iniciativa privada para poder realizarse. No es posible que quienes más ganarán con el proyecto pretendan que sea el resto de la sociedad el que más pague.
Hay algunas voces en el sector empresarial que discrepan con la forma de financiamiento y, en el extremo, con la obra misma. Una de éstas es la del presidente del Consejo Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, quien ha manifestado no estar de acuerdo con la obra porque no sería un buen negocio, dice, ni para el gobierno ni para la iniciativa privada. Además se opuso a que se usen recursos obtenidos de un Derecho que el gobierno cobra a los turistas destinado a la promoción de los atractivos nacionales, porque ésta, según él, dejaría de existir (D.deYuc., 18-08-18).
Pero hay otras que se han pronunciado a su favor aun cuando sea con observaciones al proyecto sobre su financiamiento. Los señores Armando Casares Espinosa, presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, y Héctor Navarrete Muñoz, director regional de Grupo Asur, se expresaron positivamente.
El primero dijo que si bien “es un riesgo destinar las contribuciones que genera el turismo al proyecto federal del Tren Maya, porque podría afectar la promoción del país, México no puede parar, hay que estudiar bien lo que ocurrirá, a lo mejor van a suplir ese dinero y a través del Consejo de Promoción Turística continuará la promoción. Fue un anuncio a primera vista”, por lo que pidió esperar, hasta “conocer mejor el proyecto”.
Y el señor Navarrete destacó que “el Tren Maya es una obra muy importante y los yucatecos están contentos, al igual que los directivos del aeropuerto, porque la infraestructura hará sinergia y propiciará que la actividad turística de Yucatán crezca”. Se preguntó: “¿(De) Dónde se van a tomar los recursos para el Tren Maya? Los impuestos sirven para eso, desde luego, yo creo que los usarán sin menoscabo de la promoción turística”, se respondió (D. de Yuc., 19-08-18).
Los impuestos
Es preciso entender que la parte de una inversión a cargo del erario sale necesariamente de los impuestos que pagamos todos, independientemente del motivo por el que se cobren y de cómo se denominen. En el caso del tren, si parte de ese dinero no saliera del susodicho fondo, tendría entonces que salir de otros rubros del presupuesto, tan importantes o más que el del tren que se pretende construir.
Desde hace algún tiempo, está planteada la exigencia de que se construya un tren de alta velocidad que una al estado con Quintana Roo como un detonante de la actividad turística. La exgobernadora Ivonne Ortega, sin tener poder para ello, prometió hace algunos años que lo construiría y con el solo anuncio de su realización muchos empresarios, no todos, cayeron en el garlito y la apoyaron en su campaña por la gubernatura.
Por cierto, ningún político priista de los que hoy se rasgan las vestiduras habló de daño ecológico ni mucho menos del engaño del que hizo objeto esta señora a los yucatecos. Hoy, sin embargo, sin esperar a conocer el proyecto detallado de la obra, con los elementos remediales que necesariamente propondrá, se lanzan a la yugular del que la está anunciando.
Como se recuerda, la señora no solo no cumplió sino que derrochó el dinero de todos en millonarios estudios que no sirvieron para nada. Hoy que existe la posibilidad real de su construcción, como un compromiso que el presidente electo dice estar dispuesto a cumplir, mal harían empresarios y políticos que no digieren su llegada el cargo en tratar de sembrar de piedras el camino.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa