Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
El fin de semana pasado se celebró la segunda “Consulta nacional” convocada por el presidente electo y su equipo de transición. En esta ocasión se consultó sobre “10 programas prioritarios”. El primero que aparece en la boleta es el más polémico: el Tren Maya.
La consulta nacional se reduce a una simple pregunta: estás de acuerdo o no con cada uno de los proyectos. En el caso del Tren Maya, se pregunta sí o no “Construir el Tren Maya que conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que fomentará la economía y el turismo”.
La única información adicional que encontramos sobre el Tren Maya en el documento de la consulta nacional es que éste “recorrerá más de mil 500 km” y que “no afectará el medio ambiente. Se hará sobre los derechos de vía existentes del tren, carreteras y de líneas de electricidad. Su costo se calcula en cerca de 150 mil millones de pesos, que se cubrirán con inversión pública y privada”.
¿Cómo la ciudadanía puede tomar una decisión sobre uno de los proyectos prioritarios del próximo gobierno con tan poca información?, ¿por qué en la boleta se indica que el Tren Maya “no afectará el medio ambiente” si aún no se ha hecho la evaluación de impacto ambiental?, ¿por qué se indica que “se hará sobre los derechos de vía existentes del tren” si aún hay tramos sobre los que no se cuenta con derecho de vía? Ciertamente, en la página oficial de Andrés Manuel López Obrador encontramos un pequeño documento de ocho páginas titulado “Tren Maya” en el que se anuncia que, entre otras cosas, el proyecto “se basa en un modelo de desarrollo sostenible”, que “procura medidas de mitigación, compensación y protección del entorno”; que “el Tren Maya supone un nuevo paradigma de turismo incluyente”, pues además de detonar el crecimiento económico, protege los ecosistemas y los servicios ambientales que proveen, promueve “el respeto absoluto a los pueblos originarios”, entre otras medidas.
Más allá de esta información disponible en la página oficial del presidente electo, las y los ciudadanos comunes no contamos con mayor información para tomar una decisión de gran relevancia (bueno, en YouTube hay uno que otro vídeo oficial propagandístico). Por lo tanto, con base en algunas de las declaraciones hechas por López Obrador y algunos futuros integrantes de su gabinete, así como de algunas preocupaciones expresadas por especialistas, organizaciones de la sociedad civil y opiniones en medios de comunicación, planteo algunas preguntas.
Primero, sobre impacto ambiental. Un estudio sobre evaluación ambiental estratégica elaborado por Jorge A. Benítez (investigador de Ecología Aplicada del Sureste A.C.) y Shelley M. Alexander (de la Universidad de Calgary en Canadá) advierte que “la construcción y funcionamiento del Proyecto Tren Maya generará impactos negativos sobre la biodiversidad de la región”, particularmente la ruta planeada para el sur de Campeche, la cual requerirá de la construcción de una vía férrea nueva que atravesará las áreas naturales protegidas de Calakmul y Balamkú.
Al respecto, Benítez y Kelley han expresado su preocupación por los “impactos negativos sobre los hábitats en general y sobre el movimiento de fauna en particular”, especialmente entre los kilómetros 90 y 120 de la carretera 186, “donde se ubican la cueva de los murciélagos y los principales pasos naturales de fauna”.
Asimismo, Alfredo Narváez, periodista especializado en temas de sustentabilidad, ha señalado algunos de los impactos que las líneas de ferrocarril pueden provocar en el medio ambiente: la contaminación del suelo y de la hidrología pueden afectar a la vegetación y a la fauna terrestre y acuática; el ruido puede afectar asimismo a los vertebrados terrestres. Narváez también nos recuerda que la reserva de la biósfera de Calakmul es la segunda de mayor extensión en América y que “posee una excepcional integridad ecológica y cultural debido a que no ha habida una significativa intervención humana desde que fue establecida como un área natural protegida en 1989” y que el suelo de la Península de Yucatán es uno muy frágil y vulnerable (“Nexos”, 22-11-18).
Frente a preocupaciones como las anteriores, Josefa González Blanco Ortiz Mena, la próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha escrito que para garantizar que el proyecto sea de desarrollo sustentable “el gobierno entrante utilizará todas las herramientas de política ambiental que se establecen en el marco jurídico (…): los procesos de evaluación de impacto ambiental, los procedimientos de cambio de uso de suelo forestal y ordenamiento del territorio”.
Aún más, de acuerdo con González Blanco, desde la fase del diseño del proyecto se considerarán “elementos de vanguardia para la protección ambiental y para la mitigación de impactos ambientales”, por lo que el Tren Maya será “el primer gran proyecto de infraestructura en México que incorpora estos elementos desde las fases iniciales de su desarrollo” (“El Universal”, 22-11-18).
Ahora sí, van las preguntas: ¿el presidente electo y su equipo de transición ya tienen evaluaciones de impacto ambiental que les han permitido declarar que “no afectará al medio ambiente”? Si es así, ¿por qué no se hacen públicos?, ¿qué “elementos de vanguardia para la protección ambiental” se considerarán desde la fase de diseño del proyecto?, ¿la manifestación de impacto ambiental, las consultas públicas de información?
Las manifestaciones de impacto ambiental en México han sido cuestionadas por especialistas y organizaciones defensoras del medio ambiente porque suelen ser hechas por consultorías contratadas por las propias empresas que promueven el proyecto —lo que representa un conflicto de interés para quien hace el estudio— así como por su falta de rigor metodológico.
Considerando esto: ¿se contará con evaluaciones de impacto ambiental elaboradas por especialistas independientes, con el mayor rigor científico y técnico posible, como lo recomiendan organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Aún más: ¿se realizará una evaluación ambiental estratégica, de carácter regional, que realmente estudie los posibles impactos en su conjunto y no solo en cada tramo?
Por otro lado, Román Meyer, el próximo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ha declarado que el proyecto del Tren Maya no consiste solo en un tren y sus estaciones, sino en una serie de complejos urbanos, inmobiliarios, comerciales y turísticos, además de resorts, clubes de golf. Surgen más preguntas: ¿se pretenden construir nuevos complejos urbanos-turísticos-comerciales al estilo de Cancún en los alrededores de cada estación del tren?, ¿se desarrollarán más complejos de lujo que, como sucede en varias partes del país (pensemos en el norte de Mérida), son exclusivos para los ricos y excluyen a los pobres (esto es, la mayoría de la población de la región)?
Me resulta preocupante que López Obrador haya desacreditado los pronunciamientos de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas organizaciones indígenas y ambientalistas, señalándolas despectivamente como “abajo firmantes” y expresando que necesitan “un baño de pueblo”. ¿López Obrador y su equipo desacreditarán a todas las personas que cuestionen el Tren Maya o algún aspecto del proyecto llamándolo “abajo firmante”, “fifí” o con el descalificativo del momento?, ¿será un gobierno receptivo a la crítica y abierto al diálogo?
Respuesta
En contraste con la descalificación a las organizaciones, especialistas y activistas críticos, el equipo de transición publicó una respuesta a un comunicado de prensa emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que llama al gobierno federal “a orientar al proyecto del Tren Maya a estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas”, con particular referencia al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre, de buena fe, informada y culturalmente adecuada.
Me parece positivo que, en su respuesta, López Obrador señale que reconocerá a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y su derecho de libre determinación; que se “respetará el derecho de consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas” de conformidad con los tratados internacionales; que el protocolo de consulta se elaborará “en conjunto y con el acuerdo de las comunidades interesadas”; que se invitará a la CNDH y a otros organismos internacionales de derechos humanos a coadyuvar en el proceso de consulta; y que la consulta nacional del fin de semana pasado “en ninguna forma sustituye la consulta indígena”.
Ciertamente, la consulta no se hará de manera previa a la licitación de la elaboración del Tren Maya, la cual ha sido anunciada para el 16 de diciembre (fecha del “inicio simbólico” del proyecto, según el equipo de transición). ¿En qué momento preciso se convocará la consulta a las comunidades indígenas potencialmente afectadas por el proyecto?, ¿cómo se definirá cuáles son las comunidades consultadas?, ¿se consultará comunidad por comunidad?, ¿se hará un proceso de consulta por cada estación, por cada región o estado?, ¿qué pasará si unas comunidades aceptan el proyecto y otras se oponen? Además de los organismos internacionales de derechos humanos convocados, ¿se invitará a observadores ciudadanos independientes?
Sin duda el Tren Maya se trata de un proyecto de enorme relevancia. El próximo gobierno debe escuchar y atender las preguntas y cuestionamientos que organizaciones, especialistas, articulistas, blogueros, tuiteros y muchos otros ciudadanos hacemos, no simplemente llamarnos “abajo firmantes” o “fifís”.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
@RodLlanes
Investigador del Cephcis-UNAM