Filiberto Pinelo Sansores (*)
En la Cámara de Diputados fue aprobada por mayoría calificada y se pasó al Senado la iniciativa enviada por el presidente López Obrador para modificar la Constitución, a fin de que el pueblo ejerza su derecho a que 1. le consulte el gobierno antes de tomar decisiones importantes para su vida y 2. pueda destituir a un gobernante cuando actúe contra sus intereses.
Los derechos a la consulta y a la revocación de mandato son demandas muy antiguas de sectores democráticos del país, surgidas ante el hecho incontrastable de que el pueblo hasta hoy ha sido mera estatua que tiene que a) aceptar decisiones tomadas desde lo alto del poder lesivas a sus intereses, o b) soportar gobernantes pésimos y además corruptos, impedido de deshacerse de ellos.
En democracia es el pueblo el que pone y quita. Es falso que es inepto, ignorante o incapaz de entender los asuntos de la política que sólo los iluminados cerebros de los políticos profesionales pueden captar y resolver. Esto es lo que esgrimen los políticos y miembros de las castas que se beneficiaron por lustros de la práctica diaria de ningunear al pueblo y hoy se sienten alarmados de que éste pueda participar en los asuntos que le conciernen y de que vaya tomando forma una nueva era en la vida del país.
En abono de esto, no debe echarse en saco roto lo que dice, con una contundencia que no deja lugar a dudas, el artículo 39 de nuestra Carta Magna: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno”. Es el pueblo entonces quien tiene derecho a decidir —y en consecuencia ser consultado con la frecuencia que se requiera— en asuntos que le atañen de manera significativa; no los gobernantes de imponer, y que el pueblo acate callado, decisiones contra sus propios intereses.
En los 36 angustiosos años del régimen neoliberal la característica fue que quienes gobernaron a México, actuando siempre como caciques sin límites y usando a sus amanuenses de las dos cámaras del Congreso de la Unión —en obvia confabulación con poderosos intereses monopólicos—, aplicaron políticas lesivas al interés nacional y a los mexicanos en particular de manera impune.
Para poner un ejemplo, recordemos que aún hoy estamos pagando una gigantesca deuda generada por banqueros, el Fobaproa, de más de un billón de pesos que se le impuso a todos los mexicanos cuando un presidente priista y sus secuaces del PAN y el PRI en las dos cámaras, y no obstante los gritos de la sociedad para que no lo hicieran, decidieron que el pueblo la pagara y no quienes robaron todo el dineral.
Tampoco puede olvidarse que fue la confabulación de poderes fácticos con políticos encumbrados, fundamentalmente, de los dos partidos señalados la que no hace mucho, en 2013, impuso a todo el pueblo, al que negó su derecho a opinar y a decidir, una reforma energética que ha sido un escandaloso fracaso y que hoy afecta de manera grave al país porque arruinó a Pemex, hizo disminuir la producción de petróleo crudo, aumentó la importación de gasolinas e incrementó brutalmente el precio de los combustibles, aunque, eso sí, enriqueció a la insultante minoría de políticos y multimillonarios que decidieron este nuevo golpe a la economía del pueblo.
Hay que evitar que esto se repita en éste y en todos los gobiernos del futuro. Y para eso es necesario que los mexicanos tengamos a la mano instrumentos que nos permitan decidir, cuando se presente una política pública —considerada, por unos, lesiva y, por otros, necesaria— si queremos que se adopte o se deseche tomando en cuenta nuestra opinión; o queramos que un gobernante, a mitad de camino, se vaya o se quede, ambos ejercicios, organizados por el órgano autónomo del Estado, el INE, al que la Constitución dé facultades para ello y no por el mismo gobierno.
El presidente López Obrador contrajo durante su campaña dos compromisos sustantivos: 1. Enviar al Congreso las dos iniciativas arriba señaladas y 2. No aceptar ser reelegido al término de su mandato, convencido como es del apotegma de Madero: “Sufragio efectivo, no reelección”. Esta postura fue avalada por la absoluta mayoría de los votantes del país. Nadie tiene derecho a exigirle al presidente que traicione sus compromisos. Cuando la oposición fue gobierno los traicionó siempre.
Dos son los argumentos que ésta emplea para intentar inútilmente ganar adeptos: que López Obrador “busca estar en las boletas en la elección de medio periodo para ayudar a su partido a arrasarla” y que la revocación de mandato “es muestra de su intención de reelegirse”.
Independientemente de que esté o no en la boleta el presidente, su desempeño estará presente siempre, para bien o para mal, en la mente de los ciudadanos a la hora de votar y si aquélla dice que está haciendo cada vez peor su trabajo, entonces ¿a qué le teme? En lugar de ayudar a su partido, al contrario, lo perjudicaría, lo jalaría hacia abajo. Asimismo, sólo en una cabeza calenturienta puede bullir el absurdo de que el concepto revocar, que según la Real Academia es “dejar sin efecto un mandato”, significa “volver a elegir” —según la misma, significado de elegir— en el futuro.
En abundancia de esto último, este martes el presidente tapó la boca a sus detractores con este compromiso de cara a la nación: “Reafirmo que no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no sólo significaría ir contra la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad que estimo es lo más valioso en mi vida”. Así es que “abandonaré la Presidencia en el día preciso que marca la máxima ley”.
La verdad es que la oposición —incluidos en ésta, políticos, diputados, senadores y líderes empresariales que se oponen a las transformaciones en curso por razones numismáticas o ideológicas— está desesperada. Sabe que va hacia otra estrepitosa derrota —peor que la sufrida en 2018— en las próximas elecciones federales y hace todo lo posible para justificarla desde ahora en lugar de agudizar su creatividad para hallar espacios comunes con los intereses del pueblo y convencerlo de que cambió.— Mérida, Yucatán.
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Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa