Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
“Primero estábamos muy contentos, ahora estamos muy molestos”, me comenta un integrante de Kanan Ts’ono’ot, los “Guardianes de los cenotes” de Homún.
La razón del júbilo es la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de confirmar la suspensión definitiva de las operaciones de la megagranja porcícola en Homún, hasta que se resuelva el juicio de amparo que interpusieron niñas y niños de la comunidad acompañados de la organización Equipo Indignación.
“Estamos muy contentos”, me comenta el integrante de Kanan Ts’ono’ot, “la decisión de la Suprema Corte es algo que nos da mucho gusto, que la granja se mantenga cerrada hasta que concluya el juicio”.
Sin embargo, el sábado 22 de mayo, Servicios de Salud de Yucatán clausuró tres restaurantes de los paraderos de cenotes, de los que dependen más de 50 familias de la comunidad. El motivo oficial es que algunos de esos restaurantes no contaban con permiso para la venta de bebidas alcohólicas. Al respecto, el integrante de Kanan Ts’ono’ot me explica que el presidente municipal y el Cabildo han dado largas para conceder los permisos de ventas de alcohol. “Clausuraron también el restaurante de una compañera que sí tenía permiso, creemos que fue una consigna del gobierno”, me comenta. “Sabemos que no es fácil, que nos enfrentamos al poder, al poder de los empresarios”.
Para Kanan Ts’ono’ot y Equipo Indignación, la clausura es una clara represalia por el logro ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “El gobierno panista del Estado —informan las organizaciones en un comunicado— responde con la represalia en contra de quienes han llevado por la vía pacífica la defensa de sus cenotes ante la imposición de una fábrica de cochinos en el municipio de Homún, otorgando permisos corruptos”.
Esta no es la primera vez que las autoridades clausuran las fuentes de trabajo de las y los integrantes de Kanan Ts’ono’ot. En septiembre de 2018, cuando los Guardianes de los Cenotes realizaron una clausura simbólica de la granja, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la policía estatal clausuraron cinco paraderos de cenotes en los que trabajan integrantes de Kanan Ts’ono’ot.
Esta clausura, lejos de intimidar al movimiento, provocó diversas manifestaciones de solidaridad y le dio más fuerza en su lucha social y legal.
Indignación alerta que la actual clausura pueda “derivar en la criminalización contra defensoras y defensores del medio ambiente y los derechos de los pueblos”.
Además de represalia, la clausura es un duro golpe para una comunidad que se ha visto severamente afectada por la pandemia, particularmente las familias que se dedican al ecoturismo de cenotes. “Cerramos por seis meses y medio”, me comenta el integrante de Kanan Ts’ono’ot. “Abrimos el 28 de septiembre, la gente viene con todas las medidas de higiene. Tomamos cursos para cumplir con las medidas, todos nos hemos cuidado. Estamos muy molestos con esta represalia”.
Si la clausura de paraderos en septiembre de 2018 no acabó con el movimiento, esta nueva represalia tampoco lo hará. Por el contrario, contribuirá a exigir con mayor firmeza que el Estado cumpla con sus obligaciones para hacer efectivos los derechos de libre determinación de los pueblos (en este caso, de la gestión de los cenotes) y a un medio ambiente sano.—Mérida, Yucatán
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM