No obstante los signos preocupantes que aún presenta el comportamiento de la pandemia del Covid 19, todo parece indicar que el regreso a las clases presenciales en el sistema educativo nacional es una decisión estratégica que ya ha sido tomada por el gobierno federal y la mayoría de los gobiernos estatales.
En reciente gira por el estado de Veracruz, el Presidente de la República ha expresado de manera contundente que “vamos a reiniciar las clases, va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto, llueva, truene o relampaguee. No vamos a mantener cerradas las escuelas, ya fue bastante”.
Como es natural, el regreso a la presencialidad educativa es un tema central que está generando mucha polémica en los diversos sectores de la sociedad.
De acuerdo con una encuesta realizada a finales de julio, el 62 por ciento de los mexicanos está en desacuerdo con dicho retorno y apenas el 36 por ciento lo aprueba. Asimismo, el estudio revela que solo el 35 por ciento está de acuerdo en volver a las actividades normales, en tanto que el 60 por ciento prefiere que se mantengan las restricciones y las medidas de aislamiento social.
Ni tardo ni perezoso, el Ejecutivo federal presentó estos datos en su mañanera del 29 de julio, reiterando de nuevo su firme postura para el regreso a las clases presenciales a partir del 30 de agosto:
“No me importa que la mayoría esté pensando en no regresar; yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, adolescentes, padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación y del desarrollo del país…Hay como una postura a que no haya clases, no sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o por el desconocimiento del daño que se causa el no tener clases presenciales”, expresó el presidente López Obrador.
No obstante el plausible escepticismo social que prevalece sobre el regreso a la presencialidad educativa en el contexto de la tercera ola del temido virus, en los últimos días se intensificó el cabildeo político del gobierno federal con todos los gobiernos estatales con el fin de consensuar la estrategia que permita realizar dicha reanudación presencial en las mejores condiciones posibles para todos los actores involucrados.
En una reunión estratégica con los 32 gobernadores y gobernadoras del país, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que es “impostergable el regreso a clases”; destacó que el país “busca minimizar los estragos causados por la pandemia, pero, al mismo tiempo, permitir el regreso estratégico a las actividades educativas presenciales y económicas, pero con todas las medidas de salubridad para prevenir más contagios”.
También refirió que “la pandemia ha transformado las dinámicas sociales, adquiriendo matices que no hubiéramos siquiera imaginado …el encierro obligatorio ha causado fuertes impactos en las familias mexicanas, especialmente en las madres y padres. Sin embargo, toda crisis conlleva oportunidades”.
En la mencionada reunión virtual de la Conago también estuvo presente la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, quien defendió el derecho y la necesidad que los niños tienen de regresar a clases presenciales debido al estrés que viven por el encierro y las clases virtuales, destacando que los niños y adolescentes requieren atención socioemocional y de espacios amigables en donde puedan socializar libres de presión y de la posible violencia que pudieron sufrir durante la pandemia. Finalmente, enfatizó que los educandos “necesitan regresar, con todas las precauciones que hemos aprendido, a sus actividades académicas y lúdicas. Necesitan regresar al juego y a la convivencia con sus compañeras y compañeros. Este momento es crucial para alcanzar un desarrollo óptimo y para retomar hábitos de conducta saludables y equilibrados”.
Este breve recuento sobre la fuerza que ha alcanzado la postura oficial sobre el regreso a la presencialidad educativa nos muestra que si bien los argumentos a favor son altamente persuasivos, es necesario señalar la persistencia de múltiples dudas, temores, angustias e incertidumbres en grandes segmentos de la sociedad, sobre todo entre los principales actores de la educación: docentes, padres y madres de familia, niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Por tal razón, se entiende de suyo que la reapertura de los establecimientos escolares convenida entre las autoridades federales y estatales será un proceso sumamente cuidadoso, bien planeado, gradual, escalonado, híbrido (o sea, no se podrá eliminar la virtualidad educativa enseguida), y acorde con las condiciones de cada entidad federativa.
Es decir, por un lado debe quedar muy claro que no puede tratarse de una apertura indiscriminada o forzada, ni mucho menos de una vuelta masiva a las clases presenciales, “llueva, truene o relampaguee”. Por el otro, será indispensable que las instancias responsables se aboquen a todas las medidas que se requieren para que dicho retorno gradual se haga contando con las condiciones materiales óptimas en las escuela y, sobre todo, garantizando la más amplia y sólida seguridad sanitaria, de tal manera que se reduzcan al mínimo los riesgos de contagio en docentes, estudiantes, directivos y padres y madres de familia.
De no hacerse así, será una irresponsabilidad oficial imperdonable exponer la vida y la salud de los principales protagonistas del nobilísimo quehacer educativo.— Mérida, Yucatán.
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Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán