No cantan mal las rancheras al presidente
Auténtica fiesta protagonizaron anteanoche en la Plaza Garibaldi seguidores yucatecos de la Cuarta Transformación que viajaron a Ciudad de México para asistir al Informe de Gobierno 2021 del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al frente de los enfiestados estuvieron nada menos que Joaquín Díaz Mena, delegado de Programas de Desarrollo del gobierno federal en Yucatán, y Rogerio Castro Vázquez, secretario general y jurídico del Infonavit, quienes, como se dice coloquialmente, sostuvieron varios “palomazos” en uno de los espacios de la popular plaza de mariachis en medio de la algarabía de sus acompañantes, incluidos funcionarios federales en Yucatán.
La gran pregunta es de dónde salieron los recursos para el traslado, hospedaje y alimentación –sin contar el pago de las cuentas en Garibaldi– del numeroso grupo, pues, según trascendió, Díaz Mena y Castro Vázquez llevaron tres autobuses.
Si se considera el cupo completo, hablamos de 120 personas que hicieron una excursión de tres días, entre el viaje de ida y de regreso, y la jornada de permanencia en Ciudad de México con motivo del llamado AMLOFEST. Según puede verse en vídeos que difundieron el propio “Huacho” y otras personas, en el grupo había también Servidores de la Nación.
¿Será que los asistentes que corearon “El Rey”, “Perdón”, “Acá entre nos” y otros temas de la música vernácula que cantaron los funcionarios “padrinos” dejaron de cobrar su sueldo del gobierno en esos días hábiles? Habría que averiguar si otros grupos de Morena llevaron también gente en similares condiciones.
¿Qué está pasando en el PAN Yucatán?
Una rebambaramba se ha armado por una serie de despidos y reasignación laboral de militantes del PAN en el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (Ieaey), a tal grado que las protestas van dirigidas a la dirigencia del partido por su supuesta indiferencia en el asunto.
Según nos informan, a los pocos días de la llegada de la exdiputada Rosa Adriana Díaz Lizama a la dirección general del instituto se iniciaron despidos de empleados para que la funcionaria pudiera otorgar los puestos a gente de su confianza y el problema cobró mayores dimensiones esta semana, pues se intentó aplicar la guillotina a personas que tienen la categoría laboral de Coordinador Único de Servicios Especializados (CUSE).
Esta clasificación permite beneficios similares a los de una plaza sindical, como la generación de antigüedad, vales de despensa de fin de año y acceso a vivienda mediante el Fovisste, entre otros, y por eso es codiciada. De acuerdo con nuestras fuentes, la directora general abiertamente dice que necesita esas adscripciones y, con la intención de que firmen sus renuncias a esa categoría, les ofrece a los afectados conservarlos con contratos, obviamente con menores percepciones y por un tiempo que nadie conoce.
El caso es que al menos los involucrados de esta semana se negaron a firmar sus renuncias y, en represalia, ayer recibieron notificaciones de cambio de sede de trabajo, a oficinas lejanas como las de Tizimín y Tekax.
“Parece que hubo cambio de partido en el gobierno”, dicen algunos de los que han sido despedidos, que elevan las quejas a su partido porque dicen que no solo son militantes sino que también participan en las campañas políticas cuando los requieren. Nos comentan que han llegado incluso a una instancia federal. A ver cómo termina este conflicto.
Hasta el fondo de una inconformidad en el Poder Judicial
En el fondo de la inconformidad de los trabajadores del Poder Judicial que se declararon en protesta de “brazos caídos” desde el miércoles está una demanda de mayor equidad en salarios y de piso parejo en la apretada de cinturón que supone el presupuesto anual enviado por el Ejecutivo para su aprobación al Congreso del Estado. Trabajadores del Poder Judicial lamentan que ellos sí tengan que pasar apuros por las restricciones presupuestales, cuando los consejeros y magistrados perciben mensualmente más de 20 mil pesos en privilegios bajo los conceptos de vales de gasolina y de despensa, entre otros.
El líder del Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado, Renán Puc Chi, ha señalado la desigualdad en salarios de los empleados del órgano que este año no han recibido aumento de sueldo.
Según el líder, consejeros y magistrados ganan 111,338 pesos al mes, mientras hay trabajadores que perciben apenas un salario mínimo diario, es decir, 4,251 mensuales, lo que los motiva a pedir aumento de al menos 7%, cifra cercana a la inflación anual.
Los altos funcionarios, añadió, reciben solo en vales de gasolina 8,196 pesos cada mes, además de 5,542 en vales de despensa, entre otros beneficios que llegan a una cifra global mensual de 20,000, además de sus jugosos salarios.
Más allá de las declaraciones del líder sindical, quien fue el que anunció el paro de labores del que ha informado el Diario, no se sabe cuál será el desenlace del movimiento de inconformidad. Por lo pronto, el Consejo de la Judicatura dijo en un comunicado, como también publicamos ayer, que las ausencias laborales en el Poder Judicial deberán registrarse y comunicarse al Departamento de Recursos Humanos para los fines correspondientes.