FREDDY ESPADAS SOSA (*)
Con relativa frecuencia se realizan en esta ciudad grandes eventos como congresos, convenciones o actos protocolarios oficiales en los que se anuncian proyectos y acciones de gran envergadura que, de concretarse adecuadamente, habrán de influir positivamente en el desarrollo de la sociedad o de algún sector de la misma.
Con motivo de nuestra encomienda institucional en el ámbito de la educación superior, hemos asistido a eventos en los que se concertan acciones estratégicas en materia de violencia de género, impulso a las agendas 2030 y 2040, desarrollo sustentable, transporte y medio ambiente, entre otros temas cruciales orientados a mejorar la convivencia social.
Recientemente escuchamos bonitos discursos en un evento internacional —global, le llamaron— en los que se habló sobre los retos que implica la construcción de ciudades inteligentes y la importancia que reviste utilizar las tecnologías para apoyar la gestión pública y la gobernanza en general.
Los oradores locales y extranjeros también se refirieron a la importancia de concitar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en cuanto al tipo de desarrollo que ha de impulsarse en sus territorios: estados, ciudades, barrios y comunidades.
En el evento en comento escuché decir a una funcionaria de Colombia que era muy importante la recuperación de los espacios públicos para disfrute y solaz de las familias.
No dudo de que en ese hermoso país, el cual he tenido el privilegio de conocer, se han realizado y se siguen realizando importantes estrategias y acciones en los ámbitos regional y local para recomponer el tejido social, toda vez que esta nación hermana apenas ha salido de una etapa de violencia encarnizada que sacudió décadas atrás los cimientos mismos de la convivencia social.
Desafortunadamente, en los casos de México y de Yucatán en particular, muchas veces los discursos oficiales grandilocuentes sobre los temas mencionados párrafos arriba se contradicen flagrantemente con los hechos que se dan derivados de la actuación de los gobernantes en turno. O como decían los antiguos: es aquí donde la mula tumbó a Genaro. Me explico enseguida.
La devastación de las áreas verdes en la zona metropolitana, cuyo eje es la ciudad de Mérida y sus comisarías, es un hecho irrebatible y ampliamente documentado por los investigadores sociales no vinculados a las esferas del gobierno.
Huelga decir que el contubernio de las autoridades estatales y municipales es un factor fundamental que permite a la llamada mafia inmobiliaria continuar con sus irracionales desarrollos urbanos, mismos que no solo van en sentido contrario al desarrollo sostenible sino que siguen abonando con creces a la terrible crisis ambiental que agobia a nuestra capital y sus áreas conurbadas.
De igual manera, la política de privatizaciones de la propiedad pública y social parece ser una divisa de las actuales élites gobernantes.
La abrupta “desincorporación” como bien público del predio que ocupara la Benemérita y Centenaria Escuela Urbana Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”, —sin que mediara consulta ciudadana al respecto—, su obscuro remate en favor del capital privado y la absurda pretensión de construir un estadio a todas luces insostenible, constituyen una prueba fehaciente e inmoral de esta política neoliberal en curso.
Otro ejemplo del furor por las privatizaciones de espacios o territorios de propiedad pública o social —que se realizan a través de amañados procesos mediante los cuales se enriquecen sin escrúpulo alguno unos cuantos vivales al amparo de la corrupción y la complicidad oficiales— lo constituye el monumental fraude inmobiliario mediante el cual, al parecer, dos ex alcaldes y otros ex funcionarios públicos se apoderaron de más de 10 mil metros de playas en Dzilam Bravo y Celestún, según documentó y publicó Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia (ver D.Y., Secc. Local, ediciones del 5, 7 y 8 de junio).
Por si lo anterior fuese poco, ha circulado la versión de que el complejo vacacional que tiene el Issstey —y que beneficia a miles de trabajadores estatales activos y jubilados— estaría en proceso de privatización, en razón de que desde hace años opera con pérdidas millonarias, circunstancia que se inscribe en el contexto de la quiebra general que padece dicho instituto desde hace tiempo y cuyo análisis está en manos del Congreso del Estado (Ver: D.Y.,Secc. Local, ediciones del 4, 5 y 6 de junio).
Como puede colegirse, la política privatizadora que impulsan las élites en el poder político, pródigamente aliadas con el poder económico, sigue su curso rampante y continúa definiendo el rumbo cada vez más desigual que sigue el desarrollo del estado.
Ante esta vorágine neoliberal, la defensa de la propiedad pública y de los espacios destinados al disfrute de las mayorías sociales solo puede provenir de la toma de conciencia ciudadana y de la movilización política que emprendan los sectores afectados por las políticas y acciones que solo favorecen a unos cuantos. Al tiempo.— Mérida, Yucatán.
canek_1999@yahoo.com.mx
Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.