Sigue sacudiendo a la opinión pública el informe que rindió Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del gobierno de la república y presidente de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), el jueves 18 de agosto, sobre éste.
Ello, porque, ocho días después, el viernes 26, al hacer una síntesis del mismo aportó datos concretos sobre actores que participaron en los hechos, los ocurridos cuando fueron desaparecidos los 43 y asesinados otros 6 y los que vinieron después, con la simulación de la investigación del caso y la elaboración del informe conocido como la “Verdad Histórica”, cuyo objeto fue encubrir a los criminales, haciendo uso de ese falso instrumento de justicia del antiguo régimen que fue la Procuraduría General de la República (PGR).
La investigación de la Covaj, que comprende dos aspectos —lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de aquel, para estos estudiantes, funesto septiembre, y lo sucedido semanas después cuando Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio conspiraron para desviar su investigación hacia chivos expiatorios, mediante la manipulación de la escena del crimen, la siembra de pruebas y el empleo de la tortura para sacar confesiones y proteger a culpables de peso— hace caer estas mentiras ante la evidencia de los hechos.
Para desprestigiar el informe, se ha querido divulgar la idea de que no dice nada nuevo, que es lo mismo de la “Verdad Histórica”. Hay, sin embargo, una serie de elementos en él que contradicen de manera tajante las falsedades de ésta.
Contra lo dicho en la “Verdad Histórica” los estudiantes no fueron a sabotear una fiesta organizada por la esposa del edil de Iguala, José Luis Abarca pues cuando llegaron a esa ciudad tal festejo hacía horas que había terminado, sino a tomar camiones para usarlos en su traslado a ciudad de México donde participarían en la conmemoración anual del 2 de Octubre, de ese año. Es falso, entonces, que ese fue el motivo por el cual se desató la persecución.
El motivo fue otro: el conglomerado de fuerzas del crimen organizado de la región, integrado por políticos, militares, policías y criminales del grupo Guerreros Unidos que, sospechando que un grupo adverso, Los rojos, se había infiltrado entre los estudiantes, decidieron acabar con todos para no tener que identificar a los infiltrados. Asimismo, entre los 5 autobuses iba uno que no fue atacado, se le detuvo, se permitió a sus ocupantes desalojarlo y siguió su camino libre de obstáculos hacia Estados Unidos porque iba cargado de drogas.
El informe asienta: El “A1 dio la orden de recuperar la mercancía”. Él mismo se encargó de ordenar: “Me chingan a todos a discreción”. La razón que dio es no saber “quién es quién” y porque “se está calentando la plaza demasiado, “mátalos a todos, Iguala es mío”, expresó. El A1, presuntamente, es el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, en la cárcel por el asesinato de un activista.
En la falsa investigación de Murillo y Zerón, se excluye a actores importantes por ser miembros del Ejército.
Ocultó que varios militares de la región, de alta gradación, participaron de manera activa en los hechos. Uno, Alejandro Saavedra Hernández, quien era en 2014 comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, según el informe, tuvo conocimiento de los hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, pues fueron captados por las cámaras del C4, a las cuales tenía acceso directo. Meses después, fue ascendido a general de División y ocupó, sucesivamente, los cargos de comandante de la novena Región Militar, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea y jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Finalmente, fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas hasta el 2 de marzo de 2021.
Otros militares involucrados son el coronel José Rodríguez Pérez, comandante en 2014 del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, también ascendido, un año después, a general brigadier, fue, presuntamente, quien ordenó la ejecución de seis de los estudiantes; el capitán en retiro, José Martínez Crespo, uno de los mandos operativos de este Batallón y el teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, del mismo, quien ordenó al soldado Julio César López Patolzin, infiltrarse entre los normalistas sin que sus jefes movieran un dedo para rescatarlo pues está entre los que desaparecieron.
Los estudiantes no fueron reunidos en un solo grupo por policías municipales para entregarlos en un solo paquete a los sicarios de Guerreros Unidos que los llevaran al basurero de Cocula donde los ejecutaron e incineraron, para luego embolsar sus cenizas y arrojarlas a un río, sino que vivos fueron reunidos por los menos en 3 grupos y llevados a diferentes sitios antes de matarlos. Uno de estos fue ultimado por órdenes del “coronel” que —se supone— era el hoy general Rodríguez Pérez, 4 días después que los demás.
Videos de sobrevuelos de drones de la Secretaría de Marina que se realizaron en las fechas de los crímenes por la zona y que la dependencia entregó a la Comisión, permitieron detectar la intervención de autoridades de la PGR, en el basurero de Cocula, para sembrar evidencia y ajustar su “investigación” a las necesidades de encubrimiento de sus autores, Murillo y Zerón.
La nueva investigación, que partió casi de cero para llegar a la verdad de lo sucedido, no se detuvo en consideraciones de a quién había que exonerar por ser parte sensible del aparato del estado, al tener como premisa el principio de que nada ni nadie puede estar por encima de la justicia en un régimen que tiene como premisa sanear la vida pública de la nación.
En el fondo de todo está la profunda corrupción que prevalecía entre policías municipales casi completas, funcionarios de la región totalmente maiceados por el crimen organizado y mandos castrenses que coludidos con el narcotráfico permitían y hasta ayudaban en el tráfico de drogas a los delincuentes.
Corrupción profunda que se extendía a todo el aparato de gobierno por la descomposición moral de los políticos sin principios que mediante fraudes electorales, campañas de odio o carretadas de dinero estuvieron escalando en el aparato público en todos los gobiernos del prianato.— Mérida, Yucatán.
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Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa