Una de las características de los líderes partidistas de la oposición es la cara dura que ponen cuando hablan de los problemas de México olvidando que muchos de ellos fueron creados por acciones u omisiones de gobiernos de sus partidos y dejados de herencia al que fue elevado al timón del país en 2018.
Cuando tuvieron en sus manos los destinos de México no sólo crearon estos problemas o ayudaron a crearlos sino que permitieron que se hicieran más grandes y se profundizaran. Su incurable corrupción y su alianza tanto con delincuentes de cuello blanco —de las altas esferas del poder económico— como con capos del crimen organizado potenciaron la descomposición del país.
PRI y PAN, estuvieron decenas de años en el poder de la nación alternándoselo amigablemente, con los mismos métodos y los mismos resultados, y cuando se fueron, la república estaba al borde del estallido social.
La desigualdad y la pobreza no sólo no fueron combatidos por quienes lo gobernaban sino, al contrario, que fueron fomentadas con las medidas que tomaban para favorecer a quienes más tenían a costa del aumento de la marginación de millones de mexicanos que veían desfallecer su poder adquisitivo, en beneficio de la concentración de la riqueza en pocas manos.
Habría que preguntarse: ¿Acaso ya olvidaron que cuando este gobierno llegó a la dirección del país se encontró con que los poderosos amigos de quienes gobernaban no pagaban impuestos o Hacienda se los condonaba?
¿O que prominentes empresarios tenían concesiones para construir cárceles que alquilaban al gobierno a precio de hoteles de lujo aunque no estuvieran ocupadas? ¿O que el Estado compraba bienes privados hechos chatarra, como al empresario Ancira, a precios de diez veces su valor para favorecer a amigos que daban moches por rescatarlos?
Es un axioma que cuando gobernaban quienes hoy son defendidos por un sector minoritario de la población, y por ellos mismos, el objetivo de quienes llegaban a los cargos era convertir la cosa pública en un banco personal que los sacara de pobres o en una base de operaciones que les sirviera para aumentar sus bienes haciendo jugosos negocios al amparo del poder.
¿O ya no se recuerda que diputados, senadores y servidores públicos de los tres poderes y de los llamados órganos constitucionales autónomos del Estado se llevaban enormes tajadas del presupuesto asignándose los salarios y prestaciones estratosféricos que se les pegaba en gana?
¿O que los expresidentes de México tenían el privilegio de que, después de haber asaltado al país, disponían, todavía, del derecho a una pensión millonaria y ayudantes y escoltas a su servicio y el de su familia para seguir gozando la vida a cargo del erario?
Respecto a lo primero hay que puntualizar que pese al esfuerzo hecho para evitar que los altos funcionarios públicos en el ámbito federal sigan saqueando el presupuesto con enormes sueldos y prestaciones de lujo, eso no se ha conseguido del todo gracias a que en el Poder Judicial y en los órganos autónomos como el INE, el INAI y otros, con el apoyo del Prian, se resisten.
Siguen con sus enormes tajadas de 500 mil, 400 mil y 350 mil pesos mensuales que son un insulto para la inmensa mayoría de los mexicanos que tiene salarios miserables, a más de bonos y otros mecanismos de saqueo. Es esta una tarea pendiente del gobierno de la 4T que habrá que tratar de terminar.
También padecen de amnesia aquéllos y no recuerdan cómo dejaron, en materia de salud, un tiradero de más de 300 hospitales, abandonados o a medio construir, un saqueo a los presupuestos de medicinas y un déficit de médicos, sobre todo especialistas, que se resintió cuando México fue atacado por la pandemia.
Esto se puso en evidencia cuando al iniciar el programa de salud para todos los mexicanos sin seguro social que está en curso, de 14 mil plazas para especialistas ofrecidas sólo hubo 3,248 que se presentaron.
La podredumbre de los aparatos de seguridad del estado propiciada por el carácter corrupto de quienes dirigían al país fue el contexto en el que crecieron las bandas de malhechores que se fueron apoderando de segmentos del territorio nacional para convertirlos en rutas del tráfico de drogas hacia su gran mercado, Estados Unidos y, en sentido contrario, del tráfico de armas hacia nuestro país, elevando, cada vez más, su poder de fuego a tal punto que no ha sido posible terminar con ellas tan rápido como cínicamente exigen.
¿Por qué callan los opositores del cochinero en que dejaron al país al haber ayudado a que crecieran las bandas criminales mediante pactos con unas y combate a otras, en lo que se denominó la “guerra contra las drogas” que empezó con un panista, Felipe Calderón y continuó con un priista, Enrique Peña Nieto, hasta el extremo de que el crimen organizado se apoderó de medio país?
¿Por qué no dicen nada acerca del papel que jugaron en el estado de cosas actual en materia de seguridad esos dos gobiernos? ¿Qué acaso García Luna no existió? ¿Qué acaso Murillo Karam y Tomás Zerón y demás autoridades corruptas de seguridad y justicia fueron alucinaciones?
Hoy, gritan a los cuatro vientos que el gobierno actual no es capaz de terminar con este problema como si no fueran sus gobiernos los causantes de que se desarrollara hasta los niveles que llegó.
Pero, además, de manera taimada, se oponen a que, quien está trabajando arduamente para su solución, tenga los elementos a la mano para cumplir con su misión de hacer que retorne la paz a todos los confines del país. Por eso siguen tercos en que el Ejército y la Marina dejen de participar en seguridad y que la Guardia Nacional no se consolide, sino se convierta en otro cuerpo como el que manejaba García Luna.
Es mucho el ruido que hacen pero no logran con él opacar el hecho de que, aunque a duras penas, el país está avanzando en el sentido de sus mejores intereses. Si no fuera así AMLO ya hubiera caído, pero, ¡oh, maravilla!, cada día tiene más apoyo popular.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa