Yucatán siempre se ha distinguido por aportar al mundo personajes que han sobresalido en distintas materias; en lo jurídico y legislativo no es la excepción. En efecto, desde el Congreso en sus casi 200 años de historia como el jurista y político don Manuel Crescencio Rejón, creador del juicio de amparo (1840-1841).
Otros tantos incluyen a muchas mujeres como Elvia Carrillo Puerto, que luchó por los derechos políticos de las mujeres, que han dado a México importantes contribuciones.
El resultado y legado de una legislatura dependerá mucho de la profesionalización y la capacitación que tenga el cuerpo de asesores y personal con que cuenten los diputados, incluso ellos mismos. En distinto ámbitos el Senado y los Congresos estatales hacen prácticamente lo mismo: legislar.
Por ello, vemos muy bien que recientemente el Congreso de Yucatán y el Senado de la República a través del Instituto Belisario Domínguez hayan firmado un convenio de colaboración, con el objeto de conjuntar esfuerzos y acciones a fin de promover la cultura jurídica y legislativa. Se trata de un convenio de colaboración en materia de investigación, docencia, capacitación, difusión, actualización y cooperación técnica.
Los temas que se desarrollarán con este instrumento serán estrictamente jurídicos y legislativos, aunque también se podrán elaborar artículos, revistas, libros, memorias de eventos y demás cuestiones académicas. Así, y con el fin de promover el debate parlamentario también podrán desarrollar seminarios, foros, mesas redondas y simposios entre ambas instituciones.
Algo interesante que se desarrollará en el Congreso estatal a raíz de la firma de ese convenio es un diplomado en técnica legislativa y perspectiva de género, impartido por constitucionalistas y especialistas del país y otros temas, como el de papel de la mujer, esto en conjunto con universidades locales.
Sin embargo, esto no solo queda allí sino que también abonarán a la promoción de la cultura cívica y ciudadana de estas dos importantes instancias legislativas. Allí está la respuesta, ya que de primera instancia surge la pregunta ¿un convenio para qué? ¿y eso en qué nos beneficia a los yucatecos?
Ese convenio servirá sin duda para promover la cultura cívica democrática y que los ciudadanos tengan espacios para participar, mejorar las instituciones y mejorar el México y el estado en el que vivimos.
Todo lo que un Congreso realiza es de interés público, o al menos así debería de ser, por eso si no se profesionaliza y no se dan resultados, será muy poco el avance que se tenga como sociedad.
Hoy día es inconcebible que quienes tengan la responsabilidad de legislar o dar leyes en el estado no tengan la preparación suficiente o la especialización de funcionarios o cuerpo de asesores con estos requerimientos, pues otra pregunta que hace la ciudadanía es: ¿pues en manos de quiénes estamos?
La asesoría y capacitación son elementos importantes, los resultados en el servicio público solamente se darán si uno se prepara antes y durante el desempeño de un cargo o del transcurso de la administración.
La mejor manera de satisfacer las necesidades públicas por las instituciones es que éstas sepan muy bien lo que están llamados a hacer, y para ello hay que prepararse y profesionalizarse día a día.
Una de las mejores maneras de hacerlo es tender puentes de conocimiento entre quienes cuentan con la suficiente especialización e información, así como con los recursos humanos y técnicos con los que requieren de una constante preparación para el buen desempeño de su trabajo.
Que no cese esa vocación de Yucatán en seguir contribuyendo en la cultura democrática, jurídica y ciudadana.— Mérida, Yucatán.
mariomaldonadoe@gmail.com
@mariomaldonadoe
Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa