Freddy Espadas Sosa (*)
La democratización de las instituciones públicas de educación superior (IES) constituye una asignatura pendiente de las comunidades que tienen a su cargo el desarrollo de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación social; nos referimos desde luego a los académicos, directivos, personal de apoyo y gremio estudiantil.
Por democratización entendemos la posibilidad que pueden tener los integrantes de una organización para participar en la toma de decisiones estratégicas y en la conformación de sus órganos de gobierno, de tal forma que dichos integrantes estén en condiciones de influir de manera efectiva en el desarrollo general de la institución.
En la mayor parte de las IES de carácter público prevalecen mecanismos verticales o francamente autoritarios en sus formas de gobernarse y de gestionar su desarrollo, ya que las decisiones trascendentales se concentran en el máximo directivo y su grupo, llámese rector o rectora, director o directora general.
Esta situación puede palparse con mayor nitidez cuando se observan las formas en que se designan a sus principales directivos. La decisión a este respecto casi siempre la toma, según sea el caso, el presidente de la república, el o la titular de la SEP, el gobernador en turno, la máxima autoridad educativa estatal, el rector si se trata de un director o directora de facultad, o bien una suerte de junta de notables u otras instancias representativas de carácter colegiado.
Los comentarios anteriores vienen al caso con motivo del inminente proceso mediante el cual se designará al nuevo rector de la Uady para el cuatrienio que comienza el primero de enero de 2023.
Las élites y grupos de interés que gobiernan a la Uady desde hace décadas construyeron una narrativa consistente en venderle a la sociedad la idea un tanto engañosa de que la designación de su máximo directivo se hace de “manera democrática”, pues está a cargo del Consejo Universitario (CU), a quien normativamente se considera como “la máxima autoridad universitaria”.
Pero más allá de lo que dice formalmente la normativa, el hecho real es que cada vez que se aproxima el proceso sucesorio para la Rectoría se replican viejas prácticas de coacción y presión sobre muchos de los integrantes del CU, con la aviesa intención de alinearlos con alguno de los candidatos a la máxima silla universitaria. De este tamaño es la ambición que se desborda entre los aspirantes para alcanzar la cúspide del poder en nuestra Alma Máter.
Caso en la Uady
Un ejemplo que ilustra de maravilla estas prácticas deleznables es la burda presión política a que ha sido sometida la consejera estudiantil de la Facultad de Derecho, bachiller Alejandra Elizabeth Mejía Palma, contra quien desde el poder se ha orquestado una maniobra para que sea removida de su encargo, alegando que es directiva estatal del PAN, cuestión que a todas luces es falsa pues ella es simplemente una oficinista en este organismo.
Por cierto, cabe referir que el 11 de agosto pasado la consejera estudiantil y la presidenta de la sociedad de alumnos de la Facultad de Derecho, Paulina Alejandra Gómez Molina, interpusieron ante el rector una queja por la violencia institucional de la que, según aluden en su escrito, han sido víctimas por parte del titular de esta dependencia.
En la actual pugna por la rectoría de la Uady, aunque están formalmente inscritos tres aspirantes, al parecer los finalistas en la disputa son el director general de Desarrollo Académico, Carlos Alberto Estrada Pinto, y el abogado general de la Universidad, Renán Ermilo Solís Sánchez. Por cierto, de la revisión de sus planes de trabajo se observa que ninguno de estos aspirantes propone acciones innovadoras que tiendan a ampliar la participación democrática de los integrantes de la comunidad en la toma de decisiones estratégicas para la vida institucional.
Contienda
Pues bien, de acuerdo con información extraoficial disponible la contienda se encuentra bastante cerrada entre ambos contendientes, con ligera ventaja a favor de Estrada Pinto, toda vez que no siempre los consejeros de una facultad votan en bloque por tal o cual aspirante.
Esta circunstancia hará que en los días subsiguientes aumenten las presiones de los dos grupos en pugna sobre los integrantes de la “máxima autoridad universitaria”, o sea el CU. Como se sabe, la votación con escrutinio secreto se llevará al cabo en la sesión extraordinaria a celebrarse el próximo 10 de noviembre.
Sostenemos que los consejeros universitarios, en defensa de su integridad y dignidad como personas y como representantes de sus respectivos sectores, deben decidir libremente el sentido de su voto y rechazar tajantemente las presiones y chantajes provenientes de las instancias y grupos de poder afincados en el Alma Máter.
En el espinoso escenario que estamos presenciando en la víspera de la votación del CU, cabe preguntar: ¿Habrá polarización en la Uady en este proceso sucesorio? Creemos que en realidad nada que nos pueda sorprender va a ocurrir, pues hasta ahora en la Uady no existe ninguna fuerza innovadora que proponga cambios sustanciales para gestionar su desarrollo, revisar sus características actuales y redefinir su rumbo.
Por lo tanto, las élites dominantes se las arreglarán una vez más para que la noble institución fundada por el gobernador Felipe Carrillo Puerto mantenga su tendencia tecnocrática y se siga distanciando de los problemas sociales, amén de continuar la gestión de su gobernanza siguiendo los viejos cánones de carácter semi feudal que hasta la fecha han prevalecido. Al tiempo.—Mérida, Yucatán
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Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán