Hay que saludar el comunicado que emitió el Episcopado Mexicano sobre la reforma electoral que, teniendo como detonador una iniciativa presidencial, se está construyendo en la Cámara de Diputados. Contrariamente a quienes rechazan la participación de clérigos en asuntos públicos de México —participación que en otros tiempos fue motivo de persecución y represión—, yo la veo positiva y aportante.
El Episcopado expone su preocupación porque —afirma— la reforma que el gobierno propone “es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país… llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista”.
Cotejar estas afirmaciones con el contenido de la iniciativa presidencial lleva a concluir que tamaña descalificación no se sostiene. Se sitúa —eso sí— en la misma línea argumentativa de la oposición y de un influyente grupo de intelectuales y ex funcionarios electorales que suponen que las cosas son buenas solo si se hacen en los términos por ellos determinados.
Contrariamente a la postura episcopal, se trata de una iniciativa virtuosa con algunos ángulos polémicos y aun negativos, pero que si se aprobara en sus principales contenidos, implicaría una reforma con elementos innovadores y de ninguna manera regresivos.
Debo precisar que las principales propuestas de la iniciativa presidencial coinciden con lo que he venido planteando durante lustros, desde mis tiempos de consejero electoral. Por ello celebro que, al fin, hayan llegado al Congreso de la Unión.
Radical cambio
Aunque el centro de la discusión ha sido y es la supuesta desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), éste no es el contenido más importante de la propuesta presidencial. Sí lo es el radical cambio que implicaría la desaparición de los legisladores de mayoría relativa y la conversión de todos ellos en senadores y diputados de representación proporcional, tanto en el Congreso de la Unión como en los legislativos estatales.
Me propongo abordar esos temas posteriormente, pero me parece conveniente anticipar, contra la elogiosa visión de los obispos, que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han incurrido en acciones y omisiones que, esos sí, atentan contra la democracia.
Anoto una de esas omisiones que le ha sido reprochada al INE desde el jueves 2 de noviembre: levantó una encuesta telefónica cuyos resultados indican que 51% de los encuestados consideran necesaria una reforma electoral y 78% concuerdan con que consejeros y magistrados sean elegidos por voto popular. Como los datos van en sentido contrario a las posturas de los consejeros, la encuesta no se difundió oportunamente.
En lo que sí es posible coincidir con los obispos y con la oposición es que ambos órganos electorales deben seguir siendo autónomos y también —añado— deben ser revisados para expulsar vicios y excesos.
El choque
La Recomendación General 46/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dirigida a unos 200 funcionarios públicos federales y estatales, es un sólido documento sobre violaciones graves a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano entre 1951-1965.
Las recomendaciones al INE ahí contenidas son legítimas y compatibles. Aluden al compromiso de fortalecer su independencia, fortalecer el régimen de partidos y apoyar el desarrollo de la democracia participativa.
En otro documento, el “Pronunciamiento DGDDH/081/2022”, que menciona a la Recomendación 46, la CNDH llama a los legisladores a construir una reforma electoral, equipara injustamente al IFE-INE con la Comisión Federal Electoral y llama a esos órganos “instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo…”.
Este último es un documento lamentable en fondo y forma que asimismo rechaza declaraciones —también deplorables— del presidente del INE, quien, en un acto en el Tribunal Electoral, consideró a la CNDH un ejemplo de “órgano capturado” por el gobierno.
Tuvieron razón los 7 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión en desautorizar el Pronunciamiento. Y tuvo razón el INE cuando argumentó que la CNDH no tiene competencia en asuntos electorales y jurisdiccionales, como lo establece expresamente el artículo 102 de la Constitución. Penoso Pronunciamiento.— Ciudad de México.
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@EduardoRHuchim
Periodista