La corrupción afecta principalmente a los países en desarrollo. Impacta fuertemente en el desarrollo económico y en el combate a la desigualdad. Mientras las PyMES tratan de salir adelante, ejércitos de inspectores y burócratas consumen valiosos recursos necesarios para el crecimiento. Recordemos que las conocidas como pequeñas y medianas empresas son de los mejores mecanismos de una sociedad para luchar contra la desigualdad y lastimarlas equivale a perpetuar la pobreza y desigualdad.
Existen dos formas principales en que se presenta la corrupción, a veces es para “aceitar los negocios” y permitir que la operación funcione a pesar de multitud de regulaciones y requisitos y presentar acceso favorable a ciertos contratos, principalmente gubernamentales. Otras veces, la corrupción se presenta consumiendo recursos, constituyendo una carga para la empresa y poniéndola en peores circunstancias respecto a sus pares de otros países. También hay corrupción oficial, como cuando el político en turno quiere obligar a empresas aéreas a usar un aeropuerto por capricho y no porque así convenga al país.
El problema no es solo histórico en América Latina. Alrededor hay una red de instituciones débiles que no cumplen sus funciones de presentar igualdad de oportunidades a todos los participantes de la economía.
Uno de los casos en que se nota claramente la corrupción en una ciudad es cuando se otorgan permisos de construcción de edificios, donde la autoridad falla en reconocer que los intereses de un grupo no pueden ser superiores a los intereses de las mayorías o de la ciudad entera. Llegan al extremo de contar la historia de que hacer edificios es equivalente a modernizar una ciudad, lo cual es en efecto, falso.
Construir edificios no es sinónimo de una sociedad moderna, pues muchas veces no son sustentables para la ciudad y el resto de los habitantes paga por ellos, por algo que se llama externalidades. Quienes otorgan esos permisos no han tomado en cuenta la necesidad de una ciudad de mantener baja la densidad de población, que sirve para evitar las cosas malas que no queremos, contaminación, embotellamientos, fallas en servicios e inseguridad que todos terminamos pagando.
No importa cuánto gasto se quiera hacer en seguridad, si la densidad de la población aumenta, los delitos de alto impacto vienen cuando la densidad poblacional aumenta, como lo demuestran numerosas investigaciones.
La transparencia, la rendición de cuentas y la simplificación de trámites, así como reglas de construcción claras y basadas en las últimas investigaciones aportan para resolver el problema. En última instancia, la responsabilidad recae en los ciudadanos.
Tenemos que mostrar nuestra capacidad crítica, exigir y cambiar las reglas del juego y a las autoridades dentro del marco institucional, incluso retirándoles del puesto con nuestro voto. No siempre las fuerzas del mercado tienen la razón y las leyes e instituciones se tienen que actualizar respecto a lo que más conviene para nuestros hijos y para el planeta.—Mérida
Candidato a doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la U. Anáhuac-Mayab