Una de las cosas que se dejaron de hacer, en cuanto a políticas enfocadas al desarrollo del campo, es el impulso a la autogestión social.
Durante la administración estatal 2001-2007, del gobernador Patricio Patrón Laviada, se procuró que los productores y habitantes del medio rural participen en la toma de decisiones. El objetivo fue favorecer la transición de un gobierno interventor y vertical a uno facilitador y horizontal.
Como ejemplo de lo anterior, en los 106 municipios de Yucatán se formaron Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, los cuales estaban conformados por productores, dirigentes de organizaciones rurales y autoridades municipales, estatales y federales. De hecho, en la segunda mitad del gobierno patricista, a través de la “Estrategia Estatal de Municipalización”, se descentralizaron $106 millones del “Programa Alianza para el Campo” a los ayuntamientos. Bajo esa modalidad, fueron aprobados por los consejos municipales 924 proyectos productivos en beneficio de unos 7 mil productores.
De la misma manera, se impulsó la profesionalización de la atención al campo yucateco desde el ámbito municipal, mediante esquemas de capacitación y orientación a los integrantes de los consejos municipales y a los productores.
Los ayuntamientos son el gobierno más cercano a la gente y desde el municipio se tiene más claridad sobre las necesidades y sobre las vocaciones productivas, por eso se crearon en ellos ventanillas para la recepción de solicitudes, lo que permitió a los municipios participar de manera activa en la puesta en marcha de proyectos que se analizaron, aprobaron y ejecutaron con el acompañamiento de los consejos municipales.
Ese esquema favorecía la vigilancia y la auditoría social de los recursos destinados a las actividades de fomento de la producción.
Lamentablemente, los gobiernos subsecuentes desmantelaron dicho esquema de participación y autogestión social, regresando al esquema centralizado de entrega de apoyos.
Este sistema favorece el paternalismo y es el que impera actualmente con los programas del gobierno federal, con un esquema clientelar de simple entrega de subsidios y ayudas de manera directa, que no fomentan la productividad, ni la autosuficiencia alimentaria.
Además no se cuenta con padrones confiables de beneficiarios, ni con esquemas de auditoría que sigan el rastro del recurso económico y de su aplicación.
Transitar nuevamente a un esquema horizontal de autogestión y participación ciudadana en la aplicación de recursos destinados al campo, favorecería el impulso del desarrollo en el ámbito rural y mejoraría la productividad. Lo dejo de tarea.—Mérida, Yucatán
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Profesor