La intervención de la policía en Ixil ocurrida el 17 del mes en curso no es un tema menor. Es muy grave que los campesinos de Ixil de buenas a primera sufrieran la agresión policiaca que vino a expulsarlos de sus unidades productivas.
Con el uso de la fuerza y mediante una alambrada de púas bloquearon la entrada de los y las trabajadoras a sus respectivas granjas. Es muy grave porque no se trata de un problema de orden civil sino un conflicto agrario que debe ventilarse en los tribunales correspondientes.
I. Ixil es un pueblo pacífico cuyo pecado es su lucha por salir adelante mediante la agricultura y defensa de sus tierras ejidales. Es uno de los pueblos exhenequeneros que han sabido buscar una forma de trabajar la tierra, principalmente con el cultivo de hortalizas y frutales.
No voy a narrar aquí la forma tramposa en que unos empresarios se hicieron propietarios de parte de las tierras ejidales de Ixil. Es ilegal porque se trata de tierras pertenecientes al fundo legal o comunal que son inalienables e inembargables.
Los ejidatarios de Ixil tienen documentos que amparan 324 hectáreas de tierra de uso común ubicadas junto al poblado que es el polígono que trabajan varios grupos organizados. Uno de ellos formado en su mayoría por mujeres denominado Alab’ool (sembrando vida) compuesto por 14 mujeres y 3 hombres. Producen hortalizas, hierbas aromáticas y frutales.
El segundo grupo “Cebollita” está compuesto aproximadamente 13 personas donde hay 5. Cultivan cilantro, cebollas, cítricos y hortalizas. Otro es el grupo de “Hortalizas de Ixil” que produce hierbabuena, melón, sandía, cebolla, rábano y otras hortalizas, llevan más de 30 años trabajando con la participación de más de 23 familias donde la mayoría son ejidatarios.
Otro grupo es de mujeres con granja de pollo —lleva trabajando hace 4 años—. También hay grupos de campesinos y ejidatarios trabajan la miel. Otras muchas familias trabajan la tierra por cuenta propia. De hecho, son más de cien familias las que dependen de estas tierras comunales para sobrevivir.
La de la semana pasada no es la primera vez que vienen los policías a desalojar ejidatarios. Hace un año, el jueves 4 de agosto de 2022 llegaron a Ixil maquinaria pesada y volquetes con la intención de desmontar 350 hectáreas, las mismas donde trabajan los grupos mencionados, diciendo que venían por órdenes de los dueños. Los y las pobladoras se movilizaron y así evitaron el despojo.
II. En 1992 siendo gobernadora del Estado Dulce María Sauri los subsidios al cultivo del henequén se dieron por terminados y los ejidatarios recibieron una simbólica indemnización.
Esas tierras erosionadas y sin montes altos, no aptas para la milpa, quedaron ociosas y los ejidatarios haciendo múltiples actividades, frecuentemente en la ciudad, desarrollaron múltiples estrategias de sobrevivencia.
Los gobiernos federal y local los abandonaron y las tierras ejidales quedaron ociosas mientras la vorágine urbana cobraba fuerza. Algunas comunidades ejidales se convirtieron en dormitorios y le dieron poca importancia a la tierra.
Los ejidos henequeneros de los municipios que rodean a Mérida en distintos momentos y en diversas cantidades —amparados por la Nueva Ley Agraria inspirada en el neoliberalismo económico— a partir de 1994 comenzaron a vender —más bien dicho a mal vender— las tierras de sus ejidos, bien a los intermediarios o bien directamente a los empresarios dedicados al negocio inmobiliario.
Muchos empresarios y especuladores inmobiliarios aprovechando la ignorancia de las leyes por parte de los ejidatarios compraron grandes cantidades de tierra ejidal a precios cotizados por hectárea, cuando hoy se revenden a precios altísimos en metros cuadrados.
III. Hostigar e intimidar a los campesinos pacíficos y entregados al trabajo productivo en protección de los intereses dudosos de unos empresarios urbanos no habla bien del gobierno de Yucatán.
Sin duda alguna es un operativo —con 300 policías y dos decenas de vehículos— que seguramemte contó con la aprobación de la más alta autoridad del gobierno del Estado.
Se equivocan las altas autoridades al dar luz verde para ese operativo policiaco pues el problema es de carácter agrario y no civil. Los ejidatarios no son inquilinos, son los legítimos propietarios de la tierra.
En todo caso, es un conflicto que debe quedar en manos de los tribunales agrarios. Los empresarios deberían acudir a los tribunales y no a sus amigos para pedir la fuerza policiaca. El gobierno, a su vez, no debería mandar a hostigar e intimidar a los campesinos pacíficos en sus lugares de trabajo como si se tratara de delincuentes comunes.
Esa tierra que reclaman los empresarios la están usando bien los ejidatarios de Ixil, es la base de su sustento, sirve para obtener los alimentos y los medios necesarios para sus familias y no para especular.— Mérida, Yucatán.
bramirez@correo.uady.mx
Doctor en Sociología, investigador de la Uady