No es un secreto que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se comportan como si, por serlo, tuvieran patente de corso para violar las leyes del país, incluyendo la Constitución.
Ellos, los encargados de vigilar que se repete, desde enero de 2016 están pasando por encima de ella pues desde entonces quedó plasmada —en su artículo 127— la disposición que exige que ningún servidor público puede ganar más que el presidente del país.
Sin embargo, ministros, magistrados y otros altos empleados de este poder tienen ingresos que superan con mucho el límite de esa disposición. Al ordenamiento se acogieron los integrantes de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo; pero no los del Judicial —que, irónicamente, son quienes deben velar que nadie transgreda la ley—, junto con los integrantes de otros cuerpos creados en el régimen de corrupción que se vivió hasta 2018, como el INE y el INAI.
De este modo llevan violando nuestra Carta Magna más de ocho años. Con la cara más dura que pueden defienden sus privilegios en un permanente ejercicio de mal ejemplo al país, por su amor al dinero.
Ganar lo que gana el presidente no es poco; tiene un sueldo mensual bruto de $ 174 mil que con los descuentos queda en $ 121 netos; sin embargo los ministros de la Corte consideran que esta cantidad no es digna de su categoría y, aprovechando el “derecho” que les dieron en el viejo régimen —cuando la mayoría de los funcionarios veía en el cargo la oportunidad de enriquecerse en el menor tiempo posible— de asignarse sus propios sueldos y prestaciones, se adjudican cantidades estratosféricas de dinero público como retribución a su “sacrificio” por lo que dicen hacen por el país rebasando el límite señalado.
He aquí algunos de los insultantes ingresos que tienen, además del enorme sueldo de $297,403.77 netos mensuales que se adjudican: a) un aguinaldo de $586,092.53; b) primas vacacionales de $95,474.68; c) un fondo para comer en restaurantes de lujo de $723,690.24 anuales; d) como lo anterior no es suficiente, un comedor especial donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas; e) un presupuesto de $5.540,930 mensuales para contratar personal; f) derecho a tener dos vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de $ 6.000,000 que se renuevan cada dos años, mismos que se llevan como suyos al jubilarse.
Además: g) pago por el supuesto riesgo que corren, de más de $640,372 al año; h) apoyos para gasolina por $22,000 mensuales; i) apoyos ilimitados para el pago de peaje en autopistas; j) algunos cuentan con escolta del Servicio de Protección Federal (SSPC); k) tres equipos de cómputo e impresión al año; l) seis teléfonos celulares de gama alta para ellos, familiares y personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año; ll) tres iPad con servicio de internet ilimitado.
Por si fuera poco, m) un seguro médico de $ 30 millones para toda la familia; n) $188 mil anuales para compra de medicinas; ñ) seguro de vida institucional de $12 millones; o) pensión vitalicia con casi la totalidad del sueldo cuando se van; p) a la par, seguro de separación individualizada de $20 millones cuando ocurre esto. Los ministros se jubilan con sólo 15 años de trabajar como tales.
¿De dónde sale el dinero para sostener estos privilegios? De los bolsillos de los ciudadanos. Es un dineral el que se llevan estos servidores públicos. Ha sido una exigencia ciudadana que se le recorte el copete de los privilegios a todo servidor público que, pensando que vivimos todavía en el régimen de corrupción en que se acostumbraron a medrar, pretenda que esto continúe.
Los ministros no sólo han usado el presupuesto para enriquecerse sino para formar fideicomisos, es decir, “cochinitos” que les sirven para incrementar los privilegios de la élite dorada del Poder Judicial, integrada por ministros, magistrados y jueces, con dinero público, al margen de la ley.
Esos fideicomisos se integran con dinero que les sobra del presupuesto público, el cual, en lugar de devolver a la tesorería de la nación, como es obligación de todo ente de la administración pública, se lo quedan, en flagrante violación a aquélla.
Durante muchos años, quienes administran el presupuesto en ese poder, han pedido, taimadamente, más dinero del que necesitan y al terminar el periodo durante el que debió ejercerse, se quedan con lo que les sobró. Por tanto, este dinero no es suyo sino de los contribuyentes. Es dinero de la nación. Y esta tiene el legítimo derecho a recuperarlo, que es lo que se está haciendo.
Cuando el Poder Legislativo, en uso de sus facultades legales y constitucionales, ha decidido que la hacienda pública recupere ese dinero no está actuando en contra del Poder Judicial sino devolviendo al pueblo lo que pertenece al pueblo. Ese dinero podrá servir, por ejemplo, para hacer universal la beca a millones de niños y niñas de educación primaria o construir y equipar decenas de hospitales o la edificación de cientos de escuelas, etc.
Es falso que los aproximadamente 50 mil trabajadores del Poder Judicial serán afectados con la cancelación de los fideicomisos porque sus sueldos y prestaciones no salen de ellos sino de los millonarios presupuestos que cada año envía al Congreso el Poder Judicial y le son aprobados.
En una comparecencia reciente en la Cámara de Diputados, la Oficial Mayor de la SCJN, declaró que son 1,767 los mandos superiores que se benefician de los recursos de aquéllos. O sea que es una ínfima minoría de miembros del poder Judicial la que se beneficia de este atraco. Sin embargo, usan a los trabajadores para defender sus intereses haciendo que salgan a la calle a manifestarse.
Y, por supuesto, ahí esté el PRIAN, montándose en la protesta como forma de levantar la alicaída campaña de su abanderada presidencial, que va en picada.
Han sido claras las expresiones del presidente y los líderes parlamentarios de la mayoría, en ambas cámaras: los derechos de esos trabajadores y trabajadoras están garantizados. Pero hasta hoy han podido más los intereses ajenos que mueven a éstos. Esperamos que no por mucho tiempo.— Mérida, Yucatán.
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Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa