Las condiciones geográficas y climatológicas hacen de nuestro país un paraíso natural. Desde un paisaje montañoso hasta la playa con el mar más turquesa, México se caracteriza por tener una gran riqueza de recursos, flora, fauna y por supuesto, de ecosistemas.
Ello conlleva una gran responsabilidad, pues la constante degradación de la capa de ozono y su incidencia en el aumento de la temperatura terrestre ponen en riesgo la estabilidad del medio ambiente, lo que ha traído consigo grandes pérdidas irreparables.
De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en 2022 la afectación de los ecosistemas en nuestro país provocó la desaparición de 127 especies animales (más del 50 por ciento de éstas endémicas) y colocó a cerca de 2,600 tipos de flora y fauna en riesgo.
Si bien estos datos son actuales, la problemática climática y ambiental tiene sus orígenes desde la era industrial. Tanto doctrinarios como representantes de las naciones, coinciden en que la influencia del ser humano en el planeta ha sido devastadora; la explotación desmedida de recursos naturales repercute directamente en la preservación del entorno natural, y la degradación de este, a su vez, impacta en la calidad de vida de los seres humanos, animales y vegetación.
Conscientes de tal situación, desde la década de los 70 se han firmado diferentes instrumentos internacionales que sentaron las bases para una protección legal del medio ambiente. En México, desde 1988 fue adoptada la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Esta ley dispone los mecanismos para garantizar la integridad de los ecosistemas y recursos naturales. Uno de estos consiste en el establecimiento de “áreas naturales protegidas”, zonas del territorio mexicano que cuentan con ciertas limitaciones de uso y aprovechamiento, con la finalidad de preservar sus características naturales. Una de las tantas variantes de éstas son las “reservas de la biosfera”.
Con información de la Semarnat, de las 186 áreas naturales protegidas, más de la mitad son reservas de la biosfera. Estos espacios, además de contribuir a la preservación de especies endémicas y/o en riesgo de extinción, son oportunidades ideales para la investigación científica y la ejecución de modelos de desarrollo sostenible con comunidades locales.
En la Península
En este sentido, debemos destacar la importancia de la Península de Yucatán en la protección ambiental. En Quintana Roo: Sian Ka‘an y Banco Chinchorro; en Campeche: Calakmul, y en Yucatán: Ría Celestún, Petenes y Río Lagartos.
Desgraciadamente desde 2019 el presupuesto dirigido a la conservación de áreas naturales ha disminuido considerablemente. Así lo señala el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), mediante un análisis del histórico de recursos asignados a este rubro. Indica que en 2019 y 2020 se hicieron reducciones presupuestales de 34 y 18 por ciento, respectivamente.
Asimismo, entre 2014 y 2016, el presupuesto para áreas naturales protegidas era, dentro del presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el más importante de los rubros. En este periodo, se destinaban aproximadamente 34.9 pesos por hectárea protegida; para 2022, el recurso descendió un 84% otorgando únicamente 5.8 pesos por hectárea.
Hoy en día, la política ambiental en el país se ha visto superada por los proyectos federales en materia energética y turística. Por lo que es fundamental retomar lo dicho por la Suprema Corte en el amparo en revisión 307/2016: la dinámica del medio ambiente supone que las afectaciones a un ecosistema en particular provocan efectos negativos en la colectividad, pues el entorno natural está interconectado.
Debemos entender que la protección ambiental es un tema que se ha quedado en la mera expectativa. Queda entonces en nosotros, como yucatecos, el preservar nuestro patrimonio natural pues de lo contrario, heredaremos a las siguientes generaciones un problema de escala global y un Estado sombrío, carente de vida.—Mérida, Yucatán
mariomaldonadoe@gmail.com
@mariomaldonadoe,
Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa