Nos comentan que… el fantasma electoral de 2001 ya asoma en las candidaturas al Senado, pues curioso ha resultado para algunos panistas que Rolando Zapata Bello sea candidato a senador, tras protagonizar un sonado escándalo.

Rareza política

La rara mezcla política en que se ha convertido Morena comienza a generar problemas en algunos municipios, donde antiguos cacicazgos ahora pintados de guinda hacen frente a las exigencias de espacios de otros grupos en los que hay tanto morenistas originarios como expriistas, expanistas y experredistas.

Un ejemplo de esta situación se vive en Motul, donde el sábado pasado un grupo de neomorenistas identificados con el expriista Feliciano Moo Can lanzó fuertes críticas al alcalde Roger Aguilar Arroyo, quien saltó del PRI a Morena y pretende imponer a un incondicional en la candidatura de este partido a la presidencia municipal.

Las fracturas en las filas morenistas se hacen más evidentes porque los manifestantes motuleños que criticaron a Aguilar Arroyo –fue una rueda de prensa con algunos medios electrónicos– expresaron su total apoyo a Joaquín Díaz Mena, precandidato a gobernador, pero es público el respaldo de éste al primer regidor motuleño.

El “padrino” del grupo inconforme, Feliciano Moo, es operador de Díaz Mena en lo que fue la zona henequenera.

¿A quién pertenece el Parque La Plancha?

El Parque La Plancha fue blanco de numerosos comentarios en las redes sociales el fin de semana pasado, pero no por sus instalaciones sino por incidentes que muchos internautas han calificado como una muestra de los peligros de la militarización.

Los comentarios fueron reacción a una publicación del Colectivo Cardenales, que, según relató en su cuenta de Facebook, fue víctima de acoso de los militares que administran y resguardan el espacio público.

De acuerdo con el colectivo, varios de sus integrantes visitaron La Plancha el fin de semana con el propósito de observar aves. De pronto se percataron de que personal del parque los estaba videograbando y tomando fotografías, y después se les acercó para decirles que no podían seguir con la observación de aves utilizando binoculares y cámaras en una propiedad federal sin autorización.

Los visitantes explicaron a los militares que no necesitaban permiso para tal actividad y, al darse cuenta aquéllos que no podían retenerlos ni obligarlos a salir, continuaron el recorrido por las instalaciones.

Sin embargo, minutos después oficiales de la Guardia Nacional empezaron a seguirlos y hostigarlos con el mismo tema. “Le decimos al gobierno federal que como yucatecxs (sic) y visitantes no nos sentimos seguros en su parque/cuartel militar”, subrayó el Colectivo Cardenales en su relato.

Otros señalamientos giran en torno a las restricciones de horario para visitar el lugar y no faltan quienes deploren “el principio de la militarización” de los espacios públicos en Yucatán.

Fantasma de un fraude

 El fantasma de un fraude electoral en 2001 asomó en el escenario político de Yucatán en fechas recientes, apuntando a dos partidos.

Aquí va el contexto: Rolando Zapata Bello se perfila como candidato a senador, en la primera posición de la fórmula que presentaría la eventual alianza PAN-PRI, y Verónica Farjat Sánchez –madre de la senadora Verónica Camino Farjat– se inscribió como aspirante a la precandidatura de Morena a la diputación local del Distrito XVII, con cabecera en Tizimín.

Se trata de dos protagonistas de sonado escándalo en 2001, del cual Diario de Yucatán publicó amplia información. Fueron acusados de manipular los paquetes de actas de la elección en lo que antes era el Distrito X y al final se otorgó el triunfo al PRI, cuando ya se había entregado acta de mayoría a la candidata panista Lízbeth Medina Rodríguez.

Nada modificó el fallo posterior a la manipulación y los acusados –incluso el presidente del Consejo Distrital denunció públicamente los hechos– continuaron en el sector público como si nada hubiera pasado y meses después concluyeron su gestión como diputados estatales.

Por eso a muchos panistas no les cae en gracia la elevada probabilidad de que Rolando Zapata sea candidato a senador bajo los emblemas de PAN y PRI, y mucho menos que el presidente de su partido, Marko Cortés Mendoza, haya declarado hace unos días que el exgobernador sea una buena carta porque terminó su gestión “muy bien evaluado”.  

A palabras necias…

 

El diputado local de Morena Rafael Echazarreta Torres está en pleno protagonismo ahora que tiene aspiraciones para obtener la candidatura a la presidencia municipal de Mérida.

Ante eso, la mejor tribuna que ha hallado es el Congreso del Estado, donde en cada sesión de comisiones o plenaria hace uso de la palabra y dice lo que quiere. Una de las cosas que señala es vaticinar que ya ganó el precandidato a la gubernatura Joaquín “Huacho” Díaz Mena, que perderán la mayoría legislativa quienes hoy la ostentan, que ganará Claudia Sheinbaum, es decir, casi casi que Morena arrasará con todos los puestos de elección.

Para él no hay partido competitivo, sólo Morena. Sin embargo, su protagonismo pasa inadvertido entre los otros diputados pues no le hacen caso debido a que ya lo conocen.

“Para qué le explicamos que el presupuesto de la Agencia Estatal de Transporte (de casi $2,500 millones) que tanto critica y pide una reasignación, es porque se incluye la recaudación del boletaje del sistema de transporte público”, comentó uno de los diputados que prefiere ver su teléfono celular que escuchar al morenista.

¿Un pacto femenino?

Tal parece que las diputadas de la actual legislatura tienen un acuerdo cuando se trata de temas de género, sin importar que sean de partidos distintos. Y, además, suman a buena parte de los legisladores. Resulta que, en sendas iniciativas que recientemente presentaron las diputadas Karla Reyna Franco Blanco, del PRI, y Alejandra Novelo Segura, de Morena, lograron inusitada, espontánea adhesión de otros diputados.

Karla Franco propuso un aumento en las sanciones en los delitos de abuso y hostigamiento sexual a mujeres en el transporte público cometido por usuarios o prestadores de este servicio. Siete diputadas y diputados del PAN y Morena pidieron autorización para suscribir esta iniciativa.

Lo mismo ocurrió con la propuesta de la diputada Alejandra Novelo de aumentar de 20 a 30 años de prisión a quien cometa el delito de incesto y de 10 a 20 años a quien ejerza violencia familiar.

Enseguida se sumaron las diputadas Karem Achach, Fabiola Loeza, Abril Ferreyro, Manuelita Cocom, Pilar Santos, Melba Gamboa, Karla Salazar y Karla Franco, así como Crescencio Gutiérrez, Luis René Fernández y Gaspar Quintal.

La morenista dijo que era un honor que respalden esta iniciativa y dio las gracias a sus compañeros.

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