El cobro de derecho de piso por una fuerza dominante a una comunidad completa más que una extorsión parecería constituir un impuesto (y nunca mejor utilizada esta palabra).
El tributo exigido equivalía a un peso por cada metro cuadrado cultivado por agricultores y una cantidad por mercancía vendida a cada comerciante. La respuesta de la comunidad en contra de sus verdugos terminó en ocho delincuentes ejecutados y, al parecer, tres vecinos fallecidos. Los hechos ocurrieron este viernes en Texcaltitlán, Edomex, a 65 kilómetros de Toluca.
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