En diciembre de 2000, Vicente Fox Quesada, en su toma de posesión de la presidencia de la República, declaró que entre las obras prioritarias de su gobierno estaría la educación.
Fox señaló que el sector educativo pondría en marcha un programa realista, congruente con la realidad y viable, para atender las necesidades más apremiantes de la población y de manera especial a los sectores más pobres y marginados del país.
Entre las tareas inmediatas que propuso como parte primordial de su proyecto educacional estuvo la evaluación de todos los niveles educativos, con la finalidad de conocer de cerca el estado que guardaba la educación en México, en los albores del nuevo milenio.
Más de veinte años después de ese programa educativo, los resultados fueron mínimos, sólo fue una propuesta política más, de poca trascendencia porque fue nulificado, entre otras causas, por el poder caciquil de Elba Esther Gordillo, la “poderosa” exlideresza del SNTE.
La educación ejerce desde épocas remotas un papel relevante para el desarrollo social, económico y político de los pueblos. En la primera década del siglo XIX, el diputado Miguel Ramos Arizpe, en su Memoria sobre el estado de las Provincias Internas de Oriente de la Nueva España, expuso en las Cortes de Cádiz (1812) esta sentencia: “La educación pública, es uno de los deberes de todo gobierno ilustrado, y sólo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácilmente abusar de sus derechos” (Talavera Abraham. Liberalismo y Educación, 1973).
El panorama educativo actual de nuestro país es nebuloso, por ello urge un diagnóstico exhaustivo, así como un análisis crítico, constructivo, reflexivo, y una evaluación objetiva.
En los últimos años se han realizado grandes esfuerzos para mejorar la calidad de la educación pública. Empero, hay que ser congruentes, no se puede ocultar la realidad, hay algunos avances; sin embargo, se debe reconocer que falta mucho por hacer en educación, principalmente en las comunidades indígenas, rurales y marginadas del país.
Pablo Latapí Sarre, en el año 2000, señaló que en México existe un enorme rezago educativo de los adultos de 15 años o más que no han terminado la secundaria, que en ese año era de 34. 5 millones y está creciendo en 400 mil cada año. (“Proceso” 1253, noviembre 5 de 2000).
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mejorado la infraestructura educativa, se han construido importantes centros educativos de nivel medio superior y superior, y está en marcha “La Escuela es nuestra”, un programa de remodelación, equipamiento y construcción de nuevos espacios escolares.
Lo que es alarmante es que el nivel de calidad de la educación en rubros relevantes: matemáticas, comprensión lectora y ciencias, son los más bajos entre los países miembros de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE). Así se demostró con la aplicación de PISA 2022, una prueba completamente estandarizada.
Luego entonces, lo recomendable es aplicar una evaluación integral al sistema educativo nacional. Se requiere tomar en cuenta el impacto negativo de la pandemia de Covid-19.
Y tampoco se vale echarles toda la culpa a los gobiernos neoliberales. La titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, tendría que tomar decisiones contundentes para que la educación pública en México, no siga “arrastrando la cobija”.
En un mundo globalizado, y con avances en las ciencias y tecnologías, se requiere de una política educativa dinámica, que rompa los moldes obsoletos y las políticas demagógicas.
Es imperativa una evaluación objetiva, propositiva y resolutiva, porque: “Una educación que no se evalúa no puede ser de calidad y que la SEP no debe ser juez y parte al evaluarla. Es esperable que un gobierno seriamente comprometido con la calidad consolide un sistema nacional de evaluación que asuma la tarea de evaluar sistemáticamente a alumnos, docentes, escuelas, los diversos subsistemas y el conjunto del sistema educativo nacional, y que sobre la base de estas evaluaciones las autoridades e instituciones rindan cuentas por fin a la sociedad. Esta función podrá realizarla un organismo público pero autónomo del gobierno, dotado de la más alta calidad profesional”. (Pablo Latapí, “Proceso” 1254, noviembre 12 de 2000).
Mejorar sustancialmente el nivel de calidad de la educación pública en nuestro país es un compromiso del gobierno mexicano y no es algo imposible.
Hay que ser consecuentes con la realidad social, proceder en consecuencia y con acciones incluyentes, así como reconocer, respetar y valorar la función que realizan las maestras y los maestros.
En primer lugar, el Estado mexicano debería mejorar sustancialmente el salario de los trabajadores de la educación, anunciar el aumento salarial en enero, y no esperar mayo, porque se paga un aumento excesivamente devaluado.
Si existiera la voluntad oficial para mejorar el nivel de la educación, la SEP podría orientar sus funciones con el trabajo de los países que marcan el paso en educación: Finlandia, Japón, Suecia, Noruega, Francia y Corea del Sur, entre otros. En esos países los programas educativos están estrechamente vinculados con el modelo económico y las políticas sociales.
El sistema productivo en los países más desarrollados del mundo se nutre con la capacidad de los elementos que reciben una educación de buena calidad. Por consiguiente, sería laudable que el gobierno de la 4T proponga acciones con el propósito de lograr una mejora sustancial de la educación en México.
¡No a propuestas políticas!. ¡Alerta máxima en la educación pública!— Mérida, Yucatán.
chilambalam945@hotmail.com
Maestro de la Universidad Pedagógica de Mérida