Me encontré a un amigo una tarde en un café y me dijo que quería que le devuelvan su voto.
La rabia e impotencia que un ciudadano siente cuando ve que su confianza a alguien fue traicionada de la manera más burda es un tema del que vale la pena hablar.
¿Por qué motivo, amable lector, después de que emitimos un sufragio ya no hay forma de rectificar la decisión sino hasta que termine el período, ya sea de 3 o 6 años, que corresponda al caso? Esto se debe a que no existe, indebidamente, alguna legislación al respecto, dejándonos a los ciudadanos prácticamente en un “status totius inopiae” o mejor dicho en castellano en un estado total de indefensión.
Estoy totalmente de acuerdo con la revocación de mandato, segundas vueltas electorales y otras cosas, pero en la práctica en el aspecto regulatorio nos hemos topado con que los políticos y sus partidos “les dan la vuelta” a las cosas o, mejor dicho, han buscado recovecos en la ley para pasársela por el arco del triunfo, como el asunto de las precampañas que no lo son, con candidatos que tampoco lo son y en largos plazos anticipadísimos de tiempo que no parecen, pero por supuesto que lo son.
¡Hágame Ud. el favor amigo lector! ¿A quién le toman el pelo? No lo sé, pero espero que a mí no y mucho menos a Ud. (aunque parece que a la autoridad sí).
Existen aún muchas debilidades en nuestros procesos electorales. Por ejemplo, si alguien que ejerza algún poder o influencia sobre algún ciudadano quiere, le exigirá que haga un “screenshot” con su celular a su sufragio. Así de sencillo, en privado a la hora de tachar la boleta, donde no hay cámaras ocultas. ¿Y quién lo impide?
La democracia en sus procesos debe ser dinámica y no estática, por lo que debe evolucionar, pues la estructura política y electoral de México, y tal vez la de todos los países, en su origen no consideraba en sus regulaciones al internet, los celulares, las cuestiones de equidad de género, el concepto binario y otros acontecimientos que en últimos tiempos han cobrado interés.
Pero en los últimos tiempos ha cobrado relevante interés el hecho de que un político electo en un cargo público renuncie a su partido y se vaya impunemente a otro que pudiera ser el némesis del anterior, y del que quizá hasta se haya expresado de manera despectiva. ¡Ah!, pero eso sí, cobrando la dieta, que en la praxis es lo equivalente a un sueldo, por hacer algo que se le encomendó y al que llegó gracias a unos ciudadanos que creyeron en él, su discurso, su partido político y sus buenas intenciones. Y a todo esto no existe sanción alguna para los que incurren en ello.
Los legisladores son representantes de algún sector de la población, la cual lo escogió probablemente como cuando se compra un billete de lotería deseando que tal vez pudiera, si ganara, solucionar sus problemas.
Debido a lo anterior, no puede ser que con estos “representantes” del pueblo, porque eso son, los chapulineos o cambios de partido sin permiso o regulación de nadie se estén acrecentando hasta el punto de que ya no es algún acto novedoso o extraño y que se empieza a ver, indebidamente, con cierta naturalidad donde aparentemente nadie ha sido crucificado en política.
Urge una dinámica en el aspecto legislativo para regular estas acciones, es decir, que un representante popular utilice indebidamente su nombramiento para ir en sentido contrario de la intención del o de los que se lo otorgaron. Y mucho menos que un lunes renuncien a un partido siendo legislador, gobernador o presidente municipal y al viernes siguiente o a los pocos días sea candidato de algún otro partido que probablemente ninguna semejanza tenga en sus ideologías con el partido de origen. O lo que es peor, a otro partido totalmente de corriente contraria a la del partido original, como podría ser ir de un partido de derecha a uno de izquierda o viceversa.
Los procesos políticos y electorales son la base del destino de nuestras vidas y de nuestros hijos, y se debe hacer esfuerzos por mejorarlos, a menos que renunciemos a creer en el país o matemos nuestro pavo (por decirlo coloquialmente) y no nos quede otra que chapulinear nosotros mismos e irnos a otro país a sufrir, sí, vejaciones y calamidades, pero con la esperanza de lograr tarde o temprano el éxito que no se consiga como ciudadano en el país de origen.
Y en esto del chapulineo tenemos culpa todos, tanto los ciudadanos al emitir nuestro voto a favor de uno de estos escarabajos, como los partidos políticos al aceptar e invitar a chapulines sin ton ni son para engordar su botín electoral. Pero más culpa tienen instituciones como el INE y los órganos electorales y los legisladores que no pugnan por solucionar éste y otros temas.
Si el gobierno tiene la obligación de proporcionar seguridad, salud, trabajo y educación, entonces en este último concepto está la clave, pues educación no es solamente conocer de memoria los nombres de todos los países del orbe o de sus capitales. Es razonar y diferenciar las cosas, entre ellas a la sociedad como parte medular de nuestras vidas.
Disculpe la insistencia amable lector, pero se debe acrecentar el aprendizaje y adopción de los conceptos de valores y ciudadanía, que hacen mucha falta en nuestra nación.
Hagamos una analogía entre una familia y un gobierno de Estado. Si consideramos que los padres de familia, los dos, deben pasarse probablemente el día trabajando para conseguir el sustento diario para lo necesario de ellos y sus familias, entonces deben darse un tiempo para proporcionar educación a sus hijos pues si no, todo es en balde y solamente estaremos creando monstruos más peligrosos que Frankenstein, o bien, estaremos engordando al león que más tarde nos comerá.
La analogía sería que el gobierno debe velar por la mejora económica del país y de los ciudadanos, pero esto de nada sirve si no se forjan valores cívicos y morales que fomenten la ciudadanía que es la base de la democracia, pues sin ella, difícilmente logremos un gobierno como los nórdicos, o asiáticos que tanto admiramos donde la base de su éxito gobiernista ha sido la educación, valores y criterios adecuados.
Regresando al tema origen, debemos resolver de manera urgente por la vía legislativa la manera de traer en corto a nuestros representantes electos y creados por nosotros, pues, de no ser así, y no pasa nada, el ciudadano tendrá cuando menos el sentimiento de que le vieron la cara.
No puede ser que los políticos hagan otra labor muy distinta a la original para la que fueron electos, pues más parecería una burla al pueblo que otra cosa y, al ocurrir lo anterior, y precisamente en el momento de verlo pasar o ver sus fotos en periódicos o redes sociales, placeándose impunemente, desesperadamente surgirá de nuestro ronco pecho la frase desgarradora: ¡¡Devuélveme mi voto!!
Es cuánto.— Mérida, Yucatán.
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ngeniero, valuador, maestro en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas.