Mientras la derecha sigue perdiendo el tiempo con su cantaleta de que el país viaja hacia una dictadura, por el contrario, México viaja hacia una democracia auténtica, muy diferente a la de mentiritas que aquella aplicó cuando fue gobierno, misma que ahora quiere que las grandes mayorías olviden, por estar consciente de que lo suyo no era democracia sino una burda antidemocracia acompañada de latrocinios.
Se anda quejando de que no hay medicinas cuando la realidad la desmiente. Hay ahora más fármacos que en los 36 años del Prian cuando ir a las farmacias del IMSS o el ISSSTE era resignarse a no recibirlos completos; nunca fue resuelto este problema que hizo crisis cuando el nuevo gobierno descubrió que la causa estaba en que políticos encumbrados que eran los dueños de las empresas que, sin ser laboratorios, los vendían —al igual que otros insumos—, con sobreprecios, al gobierno, se enriquecían con este negocio a expensas del erario.
Políticos metidos a empresarios como Osorio Chong, Roberto Madrazo, Manlio Fabio Beltrones estaban detrás de las sociedades anónimas que se chupaban el dinero destinado por el gobierno federal y los gobiernos estatales a la compra de medicinas y otros insumos.
Por eso fueron siempre insuficientes los recursos para adquirirlos. Y cuando se les suspendió el negocio, hicieron lo que los huachicoleros con las gasolinas, al inicio del sexenio: produjeron escasez ficticia para provocar la molestia de los ciudadanos.
Lejos de doblarse, el gobierno de la 4T luchó por sanear el sistema de salud de todos los vicios que a lo largo de los años lo han minado. En el caso de las medicinas era ahora o nunca. Ceder ante los monopolios que trafican con ellas, recibir sus moches para unos cuantos a cambio de la permanente falta de medicinas para millones, era la alternativa. Decidió hacerlos a un lado y salir al mundo a comprarlas directamente para no depender de estos ladrones del erario.
Pero, ¡oh!, sorpresa. El Prian había creado una argucia leguleya para evitar que, algún día, el gobierno pudiera dejar de comprarlas a esos monopolios. En previsión de que llegara al poder un gobierno diferente al suyo, PAN y PRI, en un congreso federal dominado por ellos, en algún momento, habían creado una ley que impedía que México comprara medicamentos en el extranjero aun si se tratara de laboratorios de prestigio, acreditados por instituciones mundiales de salud como la OMS. Cuando el gobierno quiso hacerlo descubrió que no podía.
Fue el 30 de enero de 2020, a pocos días de que en México comenzara la pandemia, cuando el presidente hizo el anuncio de que finalmente, un día antes, se había publicado en el Diario Oficial de la Federación la modificación legal que permitía al gobierno comprar las medicinas fuera del país.
Entonces, comenzó el esfuerzo por revertir los efectos del revanchismo de aquellos distribuidores que se dedicaron a llevar a cabo una campaña de difamación y desprestigio contra las instituciones de salud del estado, mientras saboteaban, vía el ocultamiento de las que aún vendían, el esfuerzo por abastecerse de ellas.
Hito
Ese fue uno de los hitos en el largo esfuerzo que ha hecho el gobierno para cambiar cualitativamente los servicios públicos de salud de nuestro país que cayeron en oscuro bache cuando la corrupción y las prácticas neoliberales llegaron a ellos y fueron usados para que unos cuantos se hicieran millonarios. Cuando estalló la pandemia no había médicos suficientes, menos especialistas, para atender a los enfermos, porque desde años antes la derecha había cerrado el acceso a las escuelas de medicina a decenas de miles de estudiantes que querían estudiar la carrera. Presentaban examen miles y sólo unos cuantos eran admitidos por “falta de cupo”. De eso ¿nadie se acuerda?
El esfuerzo ha sido integral. Los servicios de salud en manos del estado estaban destruidos. Desde el inicio del sexenio se hizo un plan para ponerlos en condiciones dignas para una atención digna a nuestro pueblo, pero la pandemia lo alteró. Hubo que atender la emergencia ocasionado por esta. Hoy, el plan está en proceso. Tiene dos objetivos medulares:
1.— Federalizar el sistema de salud del país en beneficio de los millones de mexicanos que no tienen IMSS ni ISSSTE, invirtiendo miles de millones de pesos en la construcción, reconstrucción y modernización —incluyendo equipos y personal médico, etc.— de todos los hospitales y centros de salud de la república en los estados que voluntariamente acepten el programa IMSS-Bienestar que lo lleva a cabo.
Son 23 las entidades federativas que han aceptado participar; por supuesto Yucatán no está entre ellas, como tampoco en el de la pensión a las personas con discapacidad desde los 30 a los 65 años, porque su gobierno, alineado con los gobiernos estatales del Prian que prefieren sacrificar a sus poblaciones que apoyar programas sociales de un gobierno al que combaten, no ha querido firmar los acuerdos. Y
2.— Poner fin al problema del abasto de medicinas garantizando que el 100 por ciento de las recetas expedidas en sus instituciones sean entregados a los pacientes enseguida o con un máximo de 48 horas. Para esto ha construido una megafarmacia. Se trata de un gigantesco espacio de casi 50 hectáreas, de las cuales están techadas 9 en los que serán almacenadas todas las medicinas que se necesitan en el país. Las medicinas de la megafarmacia que han comenzado a distribuirse serán no sólo las que están en el llamado cuadro básico de las instituciones de salud sino todas las que los médicos del sistema receten.
Pese a las calumnias de la derecha que se la pasa criticando lo que la 4 T hace para superar el atraso o acelerar el desarrollo del país, este gobierno avanza en todos los órdenes, como la realidad pone a la vista de quien quiera verla sin usar las anteojeras con que aquella la distorsiona. Está llevando a cabo un proceso para hacer realidad el artículo 4º. de la Constitución que dice que la salud es un derecho y no una mercancía. Nunca, a ningún gobierno del Prian la salud del pueblo le preocupó. ¿O sí?— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa