La violencia es el último recurso del incompetente —Isaac Asimov
La actual situación de terror en el Ecuador ha ocasionado como pocas veces que un refrán se ponga de moda: “Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”. Y no es para menos.
Las imágenes impactantes de estos grupos de pandillas convertidos en una marabunta criminal en Guayaquil mostró lo que a todas luces sucede cuando un Estado sucumbe a gran escala ante la delincuencia.
Analistas políticos miran hacia atrás para determinar los orígenes del conflicto y todos convergen en el período de gobierno de Rafael Correa, de 2007 a 2017, y que creció en una irrefrenable espiral en los mandatos subsiguientes de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, desde las condiciones que generaron la comisión de los delitos y la franca omisión gubernamental vestida de pactos realizados con grupos de pandillas (algunos, incluso, les dio reconocimiento como organizaciones sociales), que fueron gradualmente infiltrados o apuntalados por lo que quedaba de los cárteles colombianos y los dos más poderosos, ambos mexicanos: el de Sinaloa y el CJNG.
En particular el gobierno de Correa, de corte populista, mientras era indolente con grupos criminales en ascenso, estuvo más ocupado, con un tufo de tirano, en acallar cualquier tipo de manifestación en su contra con persecuciones y encarcelamientos. Muchos líderes comunitarios, sociales y ambientales fueron incluso tachados de terroristas.
Pero las cárceles fueron poblándose de gavillas, y como suele ocurrir, se convirtieron en un semillero de delincuentes, no solo tenían el control interno, sino que también se transformaron en centro de operaciones criminales en el exterior.
Después de que el gobierno colombiano redujo a una mínima expresión a los principales cárteles (Medellín y Cali), además de disolver a la guerrilla firmando la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ecuador se convirtió en un centro de acopio y distribución de droga. Desde 2019 recibe hasta una tercera parte de la cocaína colombiana antes de enviarse a Estados Unidos y Europa, adquiriendo más protagonismo en el mercado internacional de los enervantes.
Lo anterior se vio reflejado con una mayor cantidad de narcóticos decomisados, el cada vez más habitual descubrimiento de laboratorios y, sobre todo, el aumento exponencial de la violencia que han suscitado estos grupos que operan como una especie de sub-cárteles, o mini franquicias.
Los Choneros se relacionan con el cártel de Sinaloa, mientras los Lobos, los Lagartos y los Tiguerones se han aliado con el CJNG. Como era de esperarse fueron surgiendo conflictos entre ellos por el control territorial tanto del exterior, como de las mismas prisiones. Los grupos criminales se fortalecieron económicamente y como suele ocurrir, infiltraron a autoridades locales con el consiguiente daño al tejido social.
El número de homicidios en 2023 batió su récord histórico con 7,878, de los que solo se resolvieron 584. Las autoridades sostienen que el 80% de estas muertes están relacionadas con el narcotráfico, impactando en la vida política del país, lo que incluyó el asesinato de un candidato presidencial.
Pero además los conflictos en las penitenciarías se han multiplicado, lo cual se detonó con la desaparición, entiéndase fuga, de Adolfo Macías (a) “Fito”, líder de los Choneros, coincidiendo también con un operativo del presidente Daniel Noboa que llevó a la detención de 29 personas, entre las que se encuentran jueces, fiscales, policías, abogados y sujetos relacionados con el crimen organizado, parte de un plan mayor para devolver la seguridad que, sin llegar a medidas similares a las del presidente salvadoreño Nayib Bukele, incluyen la creación de prisiones de alta seguridad.
La consecuencia: las lamentables escenas que vimos en días recientes, desde la toma de penales, una estación de televisión, universidades, explosiones callejeras, y ejecuciones de policías con un sadismo espeluznante.
En medio del clima de crispación y después de conocerse que el presidente ecuatoriano ha pedido ayuda internacional, ya que han sido calificados como actos terroristas (¡vaya que sí lo son!), uno de los pandilleros leyó un comunicado, que es un auténtico discurso de odio y, en donde palabras más, palabras menos, califica al presidente de niño rico pidiendo la ayuda de Estados Unidos, un país que, si no hace nada en México que es su vecino, menos lo hará en uno distante.
El primer mandatario ecuatoriano declaró el estado de excepción por 60 días, con lo que implica el toque de queda y la denominación de terroristas a los sublevados para convertirlos en objetivos militares. Esto último adquiere relevancia, si recordamos que cuando Pablo Escobar comenzó a atacar a la población civil derribando aviones comerciales o efectuando atentados con carros bomba, el gobierno colombiano lo tachó de terrorista y, el golpe definitivo contó con toda la ayuda de los Estados Unidos.
La RAE define terrorismo como la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Pareciera entonces que el calificativo de terroristas se traduce como un aval para la intervención norteamericana: ¡Ahí les va el capitán América!, con lo paradójico que es, ya que a fin de cuentas todo el problema tiene su raíz en la tierra del Tío Sam, el mayor consumidor de drogas de todos los tipos en el mundo.
Así, una nación sometida por el crimen da un manotazo en la mesa y toma medidas extremas. ¿Hasta dónde se debe operar con cautela para no caer en reacciones desmesuradas al momento de actuar? La situación de Ecuador no es privativa. Bien vale la pena observar lo que ha pasado en otros países distintos al nuestro.
Colombia, a pesar del actual desencanto con Petro, se ha sacudido el estigma de ser el principal país involucrado en el narcotráfico, pero, recurrió a la mano dura (Operación Orión) y, por supuesto, las miradas se han dirigido al presidente Bukele que mientras todo esto ocurría mandó un mensaje en redes sociales: “no es soplar y hacer botellas”, el mismo que en noviembre de 2022, declaró: “el estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica” y que “aprobar un estado de excepción sin una estrategia contra los terroristas, no sirve de nada”.
México no es Ecuador, ni Colombia, ni el Salvador…, pero las comparaciones suelen ser odiosas y lastimosas.
Para reflexionar: aventar drones con granadas en humildes rancherías, incendiar establecimientos o disparar a mansalva en eventos públicos, ¿no es ya acaso una manera de difundir terror a la mexicana?
Es irrebatible el posicionamiento de López Obrador en relación con que solo mejorando las condiciones sociales y económicas se puede erradicar la violencia, pero es evidente que existe un gran desfase con la realidad. Para preocupar que sea bandera de campaña el discurso de continuar con la actual estrategia en materia de seguridad…, simplemente descorazonador.— Mérida, Yucatán.
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Médico y escritor