Aunque ya se habían anunciado con relativa antelación, la verdad es que cayeron como balde de agua fría sobre la maltrecha oposición las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual ocurrió el pasado 5 de febrero en los marcos de la celebración del 107 aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna.
Ni tardas ni perezosas —y toda vez que ya se habían adjudicado sus postulaciones plurinominales— las cabezas cupulares de la coalición derechista salieron a hacer alharaca en contra de este paquete de propuestas presidenciales, a las que de antemano se apresuraron a descalificar sin siquiera conocerlas, acusándolas con aspavientos mediáticos de ser inoportunas, inviables y electoreras.
En sincronía con esta respuesta opositora, los grandes medios de comunicación se sumaron luego luego al juicio flamígero y condenatorio del PRIANRD contra las iniciativas, brindando amplios espacios a sus adláteres y corifeos.
A decir verdad, las 20 iniciativas de AMLO han sido presentadas en el complejo escenario de la álgida disputa por las máximas instancias del poder público y por la definición del rumbo que ha de seguir el desarrollo nacional en los próximos años.
Contra el ferviente deseo de sus adversarios político-ideológicos en el sentido de ver languidecer su poder a escasos meses de dejar el cargo, ocurre que AMLO no quiso bajar la guardia en el último tramo de su ejercicio constitucional y decidió mantener el impulso que le ha dado a los procesos transformadores de nuestra vida pública. Es decir, el Ejecutivo federal ha querido ejercer al máximo su poder en esta etapa impregnada por los impulsos e intensos movimientos políticos propios de la sucesión presidencial en curso.
Así las cosas, menuda paradoja y tremendo embrollo representa para la oposición derechista este conjunto de iniciativas de reformas, pues sin lugar a dudas muchas de ellas representan sentidas aspiraciones de amplios sectores de la sociedad y otras responden claramente a altas prioridades estratégicas en el ámbito de lo público.
De entrada, sabemos que algunas iniciativas no podrán salir adelante en esta Legislatura en razón de que sus contenidos representan propuestas de cambios trascendentales para la arquitectura política del país, como son la reforma al Poder Judicial Federal (conformación de la Corte y elección popular de jueces, juezas, magistrad@s y ministr@s); la amplia reforma electoral (que comprende la eliminación de los legisladores plurinominales, la reducción del oneroso gasto electoral y la eliminación de los organismos electorales locales); la desaparición de esos monstruos burocráticos en que se convirtieron los llamados entes regulatorios (de los cuales se excluye al INE y a la CNDH).
En estos cruciales temas es extremadamente difícil que la coalición gobernante pueda alcanzar acuerdos con los partidos opositores representados en la Cámara de Diputados para lograr la mayoría calificada, pues ya sabemos que la hermandad PRIANRD es enemiga declarada de estos cambios profundos que requieren nuestro régimen político y el caduco y corrompido sistema de impartición de justicia.
Pero una revisión panorámica de las demás reformas propuestas por AMLO muestran, como hemos señalado, que son de interés de amplios sectores sociales o bien son de alta prioridad para el sector público. Estas propuestas comprenden diversos ámbitos, entre los que destacan: reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de los grupos afrodescendientes; reforma al sistema de pensiones; garantizar la pensión para adultos mayores y su aumento cada año, así como los apoyos para personas con discapacidad y becas para estudiantes de bajos recursos en todos los niveles educativos; garantizar atención médica integral y gratuita a la población, así como la vivienda para los trabajadores; respetar las zonas con escasez de agua y sólo otorgar concesiones para uso doméstico; incrementar los salarios mínimos por encima de la inflación anual; garantizar un salario decoroso a maestros, policías, marinos, enfermeras y médicos; brindar seguros y precios de garantía a los campesinos y mantener programas de apoyo directo a la producción; utilizar 18,000 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros; reintegrar a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica; reducir a 30% la participación ciudadana para que las consultas populares sean vinculantes; integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar corrupción; establecer en la Constitución que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República; amplia reforma para la simplificación/fusión de la administración pública, dado que hay enorme duplicidad de funciones y gastos innecesarios en infinidad de organismos creados décadas atrás.
Más allá del escozor que puedan causarle a la oposición —que tras bambalinas impulsa una marcha dizque ciudadana contra supuestas amenazas a la democracia— es un hecho real que las iniciativas presidenciales representan para aquélla un auténtico embrollo.
En esta tesitura de análisis, será muy interesante observar cuál va a ser la conducta que asumirá la coalición opositora en la Cámara de Diputados en cuanto al curso legislativo que habrá de seguir el paquete de reformas propuesto por AMLO.
En este sentido, cabe preguntar: ¿Qué argumentos podría esgrimir la coalición derechista para boicotear o torpedear la discusión y eventual aprobación de las iniciativas, siendo que a todas luces se trata de cambios que pretenden restituir y aún fortalecer el carácter social y justiciero de la Carta Magna que nos legaron los diputados constituyentes de Querétaro?
Dada la trascendencia que implican las iniciativas presentadas por el presidente, es del todo deseable que el Congreso de la Unión y los partidos políticos impulsen un amplio debate público sobre las mismas, propiciando un mayor conocimiento y participación por parte de la ciudadanía.
La coyuntura electoral que vive el país y el cercano fin del gobierno federal no pueden utilizarse como burdos pretextos para que los actuales legisladores federales evadan las altas responsabilidades que los ciudadanos les hemos conferido. Veremos.— Mérida, Yucatán.
canek_1999@yahoo.com.mx
Doctor en Educación. Exdirector de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.