En las últimas semanas se ha especulado sobre cuatro posibles escenarios relacionados con los resultados electorales de domingo 2 de junio: 1) gana Claudia Sheinbaum con mayoría en el Congreso; 2) gana CS con mayoría de la oposición en las Cámaras; 3) gana Xóchitl Gálvez con mayoría de legisladores del PRI, PAN, PRD; y 4) gana XG con mayoría de Morena y sus aliados del PT y del Verde. Sobre estos cuatro escenarios se empiezan a tejer numerosas conjeturas acerca de las posibles reacciones de las candidatas, los partidos y sus seguidores.
Estas líneas, amigo/as lector@s, pretenden alertar acerca de un posible quinto escenario, cuyo protagonista central sería el presidente López Obrador. Les explicaré cómo puede el presidente de la república transformarse en actor protagónico del actual proceso pero, antes, permítanme algunas reflexiones sobre un tema que, a mi juicio, es crucial.
Legitimidad y legalidad
No es lo mismo legitimidad que legalidad. Ningún ámbito de la vida colectiva es más sensible a esta diferencia que la política. Durante un periodo bastante prolongado los presidentes de la república eran electos cumpliendo rigorosamente con la legislación electoral. Era legal la elección pero, como señalara el presidente Ernesto Zedillo al empezar su mandato, existía un déficit de legitimidad por la falta de equidad. Equidad que sólo se logra cuando hay condiciones de igualdad en la contienda. Por esa razón la transición democrática mexicana trabajó para construir un entramado legal cuyo respeto por parte de partidos políticos y candidatos garantizaba la legitimidad de las personas electas. Así, se establecieron autoridades electorales independientes, recursos económicos equitativos para los partidos, acceso pleno a los medios de comunicación, entre otros. Y, desde luego, la calificación del resultado a cargo de un tribunal parte del Poder Judicial de la Federación, ya no por el colegio electoral que se instalaba hasta 1994 en la Cámara de Diputados.
Durante más de 20 años la lucha por avanzar en la democracia se concentró en cerrar la brecha entre legalidad y legitimidad. Después del 2000, cuando por primera vez el PRI perdió la elección presidencial, hasta 2018, parecía fuera de duda que quien ganaba la elección era reconocido como el triunfador por la sociedad mexicana en su conjunto. Hace seis años, López Obrador fue electo con plena legalidad y gran legitimidad. Pero por más que lo intente, López Obrador no podrá transmitirle a quien escogió como sucesora “natural” la legitimidad de la que él goza. Además, él se ha encargado de abollar la imagen de autonomía de su candidata, infligiendo de paso la ley, un día sí y otro también.
Es cierto que se puede vivir y desempeñar un cargo de elección sin gozar de plena legitimidad, siempre y cuando la legalidad, las estructuras y procedimientos que le dan sentido a la legislación electoral sean respetadas. Este es el nudo que explica los graves problemas que amenazan al proceso electoral actual.
Desde el inicio de su gestión el presidente López Obrador detonó un proceso para erosionar a las instituciones responsables de la contienda electoral —INE, Trife—, cuestionando sus actos o de plano, haciendo caso omiso de sus resoluciones. Ambos, el INE y el Trife, están bajo asedio continuo desde Palacio Nacional. Los esfuerzos de “colonización” del INE por parte de personeros de Morena han sido insistentes y machacones. El Tribunal Electoral, su Sala Superior, opera sólo con 5 magistrados de 7, porque en el Senado de la república la mayoría morenista frustró cualquier intento para completar los nombramientos, y será esa sala incompleta la que calificará la elección presidencial del 2 de junio.
A la confusión que generan las encuestas en el actual proceso electoral, se añade la incertidumbre que alimenta la aceptación o el rechazo de los resultados electorales por parte de las fuerzas políticas derrotadas. Hasta hace poco creíamos que el problema del reconocimiento de los resultados había sido superado desde hace varios procesos. ¡Qué equivocación!
Promotores electorales
La sombra ominosa del desconocimiento empieza a extender su oscuro manto. Aparecen lamentablemente manifestaciones de prácticas electorales que se estimaba erradicadas por la apertura política y el advenimiento de una nueva generación de funcionarios electorales con servicio profesional de carrera incluido.
Los famosos “servidores de la nación”, con chaleco guinda incluido, se han transformado en promotores electorales, que incansablemente recorren casas para “recordarle” a los vecinos el “beneficio” de los programas sociales que ellos mismos han operado por largos meses.
Las irregularidades o la descarada violación de las leyes es práctica de todos los días.
Sumemos las dificultades para integrar las mesas directivas de casilla y la presión sobre su futura instalación el 2 de junio en grandes extensiones territoriales del país, donde el crimen organizado manda. Agréguese la cotidiana intervención presidencial en favor de su candidata y en contra de la representante de la oposición; su actitud displicente ante las sanciones del INE.
Las quejas se acumulan a velocidad vertiginosa en los tribunales electorales: violencia política, amenazas y asesinato de candidatas/os, manipulación de programas sociales, entre otros. Ya no solo la legitimidad de Claudia Sheinbaum está en entredicho, ahora también la legalidad del proceso electoral en su conjunto.
¿Se instalarán la mayoría de las 170 mil casillas en el país? ¿Podrán recibir la votación, a pesar de las amenazas del crimen organizado? ¿Podrán contar los votos con seguridad, trasladar el paquete electoral, fijar el acta de escrutinio y cómputo afuera del lugar de la votación? En el INE: ¿podrán transmitir certeza sobre los resultados del conteo rápido, no solo de la elección presidencial como había sido tradicional, sino ahora de nueve elecciones de gobernador/a y de diputados y senadores? Tamaño compromiso que se echó a cuestas el INE. Si falla, habrá lastimado seriamente la credibilidad de los resultados, así avance el otro programa de conteo, PREP (Programa de Resultados Preliminares), a toda máquina.
¿Y si la misma noche del 2 de junio se movilizan grupos cuestionando los cómputos? ¿Recibirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación todas las actuaciones legales que pudieran impugnar el proceso en su conjunto, incluyendo resultados? La ley dice que anulando el 20% de las casillas en un distrito o en un estado, se anula la elección respectiva. En el caso de la presidencia de la república el umbral es más elevado, 25%, que corresponde a un total aproximado de 42,500 casillas. ¿Se podrá —ahora sí— documentar la actuación de grupos criminales como sucedió en varios estados del pacífico en la elección de 2021? ¿Y si se anula la elección presidencial? Ese es el quinto escenario: el caos, del cual una sola figura saldría fortalecida: el presidente López Obrador. En mi próxima colaboración abundaré sobre esta posible —aunque todavía improbable— situación.—Mérida, Yucatán
Correo: dulcesauri@gmail.com
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán