Los mismos que en el pasado condenaron a los trabajadores mexicanos a jubilarse con pensiones miserables son quienes hoy se oponen a que el gobierno de la Cuarta Transformación cumpla su compromiso de revertir la infamia y dar a esas víctimas pensiones decorosas.
A priistas, panistas, perredistas y emecistas no les quedó de otra que mostrar el cobre al votar en el Congreso de la Unión contra una reforma que permitirá a millones de mexicanos vivir dignamente el final de sus días.
Con los campos delineados, toda la hipocresía que destilaron durante décadas los políticos de estos grupos para engañar con el cuento de que buscan lo mejor para los trabajadores se derrumbó de un solo golpe. Es imposible explicar por qué se opusieron a que un trabajador que se jubila con la mitad o menos de su sueldo se jubile con el 100 por ciento del mismo.
Hasta 1997, un trabajador que cotizaba al IMSS, con un sueldo de 10 mil pesos al mes, se jubilaba a los 60 años de edad, con una pensión promedio de 10 mil pesos mensuales —prácticamente, el 100 por ciento de su salario—. Pero vino un gobierno del PRI, con Zedillo a la cabeza, que impuso una reforma neoliberal que quitó esta forma de pensionar e introdujo la de las Afores.
Desde entonces, con aquel sueldo, la misma edad y 30 años de servicio, un trabajador quedó condenado a recibir como pensión, sólo el 20 por ciento de su salario, es decir, 2,700 pesos al mes.
No paró ahí el asunto. Años después, les tocó a los del ISSSTE. En 2007, otro gobierno de la misma estirpe, ahora del PAN —con Felipe Calderón al mando y el auxilio de una lideresa tan venal como Elba Esther Gordillo, que servía tanto al PRI como al PAN, en todo lo que fuera control de trabajadores y fraudes electorales— le zampó la daga al resto de los asalariados, pasándolos al mismo régimen.
Los trabajadores del Estado contratados inmediatamente después de ser aprobada la reforma —con la dupla PRI-PAN votándola en el Congreso— quedaron condenados a recibir, después de 30 años de servicios, cuando más, 60 por ciento de su salario como pensión.
Todo en aras de un gran negocio, pues las Afores son empresas que han permitido a los barones del dinero, tanto de México como del extranjero, apropiarse del esfuerzo de millones de trabajadores condenados a jubilarse con pensiones miserables. Su labor consiste en recoger con pala el dinero que les descuentan a sus víctimas e invertirlo en la bolsa de valores o empresas pertenecientes a los consorcios de los que forman parte y cobrar por esto —a cada cuentahabiente— una jugosa comisión.
Si en la especulación que practican con sus inversiones hay pérdidas —les llaman minusvalías—, se las cargan a su cliente cautivo, pero no por eso dejan de cobrar sus jugosas comisiones.
El único gobierno que, les guste o no, a los prianistas, se ha preocupado por los trabajadores es el de AMLO. En 2020, los favoreció con una reforma para mejorar un poco estas miserables pensiones con una iniciativa que se convirtió en ley para que a) las Afores disminuyeran el porcentaje que cobran de comisión por “administrar” el dinero y b) que los patrones aumentaran, paulatinamente, del 5 al 13 por ciento, su aportación. Con estos cambios, un trabajador que ganaba 10 mil pesos y se jubilaba con dos mil 700, recibiría 6 mil pesos mensuales de pensión.
Pero esto era insuficiente comparado con lo que antes recibían. Por eso el gobernante decidió presentar una segunda reforma que es la que se acaba de aprobar. Esta consiste en garantizar que los trabajadores de IMSS o ISSSTE, que ganan hasta el salario promedio de los trabajadores del IMSS, que es de cerca de 16 mil 777 pesos al mes, se jubilen con el 100 por ciento de este. Sí, con el 100 por ciento y no como ahora, con sólo una parte de él.
¿Cómo? Mediante un complemento solidario que aumentará la cantidad que recibirían hasta hacerla llegar a la que se persigue. Esto significa que millones de trabajadores se jubilarán como antes de que aquellas dos criminales reformas fueran impuestas por los partidos de quienes, en una flagrante demostración de que no cambiaron, votaron hoy en contra.
¿De dónde saldrá el dinero para el complemento solidario? Falso que de los recursos de todos los trabajadores depositados en las Afores, como quieren hacer creer los prianistas, sino, fundamentalmente, de fuentes del propio gobierno:
1. De lo que se confisca por actos ilícitos —residencias, aviones, dinero en efectivo, etc.— que acopia el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; 2. De la venta de terrenos de Fonatur; 3. De las utilidades que generen todas las empresas que manejan las secretarías de Defensa y de Marina; 4. De recursos provenientes de otras dependencias del gobierno y 4. De los recursos no reclamados de las cuentas inactivas durante más de 10 años, de trabajadores de más de 70 años, con los que pretenden quedarse los dueños de las Afores, no obstante que desde hace tiempo hay una ley que las obliga a entregarlos al Seguro Social, algo que no cumplen.
Con la nueva legislación tendrán que entregarlos, pues es dinero que no les pertenece y, si nadie lo reclama, deberá servir para un fin social; no para engrosar bolsillos de magnates. Todo el dinero irá a un fondo que tendrá como fiduciario al Banco de México, como garantía de su manejo probo.
El pretexto usado por la derecha para votar en contra es que el gobierno se apropiará de los recursos de las cuentas no reclamadas. Nada más falso. Las nuevas leyes establecen que estos recursos serán devueltos, obligatoriamente, sin importar el número de años transcurridos, a sus legítimos propietarios, cuando los reclamen. Pero si esto no ocurriere no deberán quedarse como patrimonio de las Afores sino servir para mejorar las pensiones de los entre 26 y 28 millones de trabajadores de México que, el pasado 1 de mayo, día de ellos, tuvieron algo verdaderamente que celebrar, a despecho del charrismo sindical y la derecha.— Mérida, Yucatán.
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Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa