Si es usted un político verdaderamente interesado por el agua en general y el acuífero peninsular en particular, debe usted leerlo. Si el tema no es de su interés y el futuro del agua en Yucatán no lo considera prioritario, haga caso omiso del presente artículo.
Seguiremos los técnicos alzando la voz y haciendo lo que está a nuestro alcance para preservar el acuífero.
Una Ley Reguladora del Agua en el Estado de Yucatán es la pieza faltante desde hace mucho para regir el destino del uso del agua en esta parte de la Península de Yucatán, que junto con los estados de Campeche y Quintana Roo comparten el subsuelo de origen kárstico único en su tipo en el país y que da vida al acuífero subterráneo más grande de México, mismo que se ha visto impactado en los últimos 15 años por una disminución en su recarga de más del 50%, motivo suficiente para preservarlo como un recurso finito que no deberá sobrexplotarse ni seguir contaminando.
Todos los estados de la República mexicana ya cuentan con su propia Ley Regulatoria del Agua con una visión particular; en paralelo con la Ley de Aguas Nacionales, que tiene una visión global. Solo Yucatán no la tiene, quizá porque no nos ha faltado el agua y administrar la abundancia hace perder la visión de la realidad.
Pero los tiempos cambian y ahora se afronta una disminución en cantidad y calidad del agua dulce disponible en el acuífero peninsular, aunado al cambio climático que el planeta está experimentando y que está alterando los procesos del ciclo hidrológico, trayendo en la Península calor extremo con récord de altas temperaturas, alargamiento de la temporada de sequías y disminución de lluvias y, como cereza del pastel, ahora con predominancia del fenómeno climático del “Niño” que pronostica una temporada de huracanes con mayor severidad.
Es importante recalcar que un político interesado por el agua es oro en polvo, pero es imprescindible que del interés pasen a los hechos una vez que asuman el poder; el tema del agua rebasa por mucho el ámbito político, va más allá en virtud de que el agua es un recurso prioritario y de seguridad estatal, nacional y mundial, no puede quedarse en el discurso y ante esto la sociedad en general tiene que exigir que el recurso hídrico sea protegido y cuidado, no se puede esperar que se quede como proyecto sobre la mesa, tiene que ser realidad.
De acuerdo con el Marco Legal del Agua en México 2020, las legislaturas de los estados y los ayuntamientos tienen la responsabilidad de expedir leyes para la regulación de los servicios públicos de su competencia y asegurar la participación ciudadana; mientras que la Ley de Aguas Nacionales establece los puntos generales sobre los múltiples usos del agua y enuncia las formas de organización social, las leyes estatales del agua precisan la reglamentación y los mecanismos de participación y organización social para la prestación de los servicios de agua y saneamiento en lo local.
La Ley Estatal puede tener dos vertientes, la primera consiste en administrar el agua con una visión de Estado, mediante la creación de una Comisión o Instituto Estatal de Aguas, el cual tendrá como misión principal: planear, construir, conservar, ampliar y, de ser necesario operar, así como dictar normas y procedimientos para los sistemas y servicios de agua potable y alcantarillado estatales y municipales.
Lo anterior se sustenta en la problemática que para la gran mayoría de los sistemas municipales representa la operación de éstos por la falta del conocimiento necesario para hacerlo. A lo largo de los años desde que un sistema de agua potable existe en un municipio, las autoridades pasan apuros en su operación, administración y cobranza y nombran generalmente alguien para operarlo sin el debido conocimiento electromecánico y de potabilización que se requiere, y luego cuando se presenta un fallo no saben qué hacer y esto puede significar horas y a veces días sin el servicio de agua.
Hay que aclarar que la CONAGUA capacita a los operadores mediante un programa al respecto y poco a poco cuando los operadores ya tienen el conocimiento y pueden operar el sistema, llega la siguiente administración, son cambiados y la historia vuelve a comenzar.
La Comisión o Instituto Estatal de Aguas no pretende sustituir a los municipios en el manejo de los sistemas de agua y alcantarillado, ya que por mandato constitucional son autónomos y corresponde a los municipios operarlos y administrarlos; lo que se pretende es reducir el rezago mediante una entidad estatal formada por profesionales en la materia y que como autoridad estatal pueda coadyuvar con los ayuntamientos en la importante función de proveer agua con el debido tratamiento que la vuelva apta para consumo humano. Asimismo, la Comisión será la contraparte estatal para darle curso legal a todos los asuntos del agua para con la Federación.
La segunda vertiente o línea de acción estará dirigida a la preservación del acuífero; así como existe una Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), cuya misión de país es “Administrar y preservar las aguas nacionales y sus bienes inherentes, para lograr un uso sustentable, con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general”, la institución yucateca del agua tendrá una misión paralela pero a escala estatal bajo la premisa fundamental que el acuífero peninsular que nos subyace es único en su tipo por su origen kárstico, siendo aún el más rico de la nación en volumen, pero muy vulnerable a la contaminación por su relativa poca profundidad.
El acuífero es la única fuente de abastecimiento para todos los usos (agrícola, industrial, de servicios y de nuevos desarrollos habitacionales), pero es asimismo el único cuerpo receptor de las aguas residuales y no existe una autoridad estatal que vele por él. Por todo lo anterior, existe en el estado la necesidad de establecer un orden para regular, la captación, la distribución, el aprovechamiento, el desarrollo, la preservación y el saneamiento del agua.— Mérida, Yucatán.
jorgelopezglez@hotmail.com
Ingeniero, profesor en Hidráulica e Hidrología, Universidad Marista de Mérida