Los datos duros revelan la cruda realidad: durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, los estados con más homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes son Colima, Baja California y Zacatecas, gobernados por Morena, y los menos violentos, con menor inseguridad, Yucatán, Coahuila y Aguascalientes, los tres con gobiernos emanados de la oposición.
Al presentar esta semana la Estrategia Nacional de Seguridad, ante la mirada atónita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien intenta desviar la atención, Omar García Harfuch, nuevo secretario federal del ramo, expone en la mañanera, “por error”, reveladora gráfica que exhibe la ineficiencia de los programas contra la inseguridad del régimen obradorista.
Tabasco ardiendo en llamas, Guerrero controlado por la narcopolítica y Sinaloa sumida en el caos, tras treinta días de terror y casi 500 asesinatos y desaparecidos; sin acciones concretas que frenen la desbordada violencia en esos estados morenistas, la nueva presidenta de México se resiste a aceptar la realidad e insiste en los “abrazos y no balazos” de su idolatrado mentor.
A doce años del último gobierno federal panista, que enfrentó al narcotráfico y registró 120,000 muertes violentas, contra las 200,000 de los “abrazos” de López Obrador, Claudia Sheinbaum anuncia que “se combatirá la violencia con inteligencia, estrategia y atención a las causas”. “No regresará la guerra contra el narco de Calderón”, exclama la obediente sucesora.
Felipe Calderón, “culpable” de muchos de los males que el régimen morenista no resuelve, nos advierte del expansivo control del crimen organizado sobre el Estado, a través de instituciones de seguridad y justicia, de policías, alcaldes y gobernadores, y alerta que una de las razones principales de la creciente violencia es que el gobierno sólo asigna 1% del PIB a preservar la seguridad.
Durante la administración de López Obrador, el porcentaje del PIB destinado a la seguridad pública, a fuerzas policiacas y a la prevención, disminuyó del 1.4% promedio en los tres gobiernos anteriores a menos del 1%, muy inferior al costo total de la inseguridad y la violencia, que se estima en más del 20% del PIB. En promedio, los países desarrollados de la OCDE asignan el 3%.
GASTO INEFICIENTE
En contraparte, se incrementa a casi 10% del PIB el gasto destinado a subsidiar ineficientes empresas públicas, como Pemex y la CFE; a la excesiva burocracia federal y los programas clientelistas, que reparten dinero para fortalecer el control político, y a los improductivos proyectos insignia del obradorismo (el AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya), que seguramente aumentarán los subsidios.
Estadísticas indican que a mayor gasto en seguridad y en efectivos programas sociales, no con fines políticos, mayor será el control de la delincuencia y menor el número de delitos y su impacto económico. Lo confirman países como Dinamarca, Finlandia y Noruega, con baja delincuencia y altos presupuestos en seguridad y programas de bienestar, que superan el 30% del PIB.
En México, que parece navegar contra corriente, se anuncian aumentos a programas asistencialistas, como el reparto de dinero a mujeres de 60 a 64 años, y más inversión en obras improductivas, como los $150 mil millones para nuevas vías férreas, pero no se vislumbran programas que compensen lo perdido en los últimos seis años en educación y salud.
El “desliz” de García Harfuch, que deja muy mal parados a los gobiernos morenistas; la negativa de Claudia Sheinbaum a aceptar el fracaso de la heredada lucha contra el crimen, y la violencia en Sinaloa, Guerrero y Tabasco tendrían que alertarnos a los mexicanos, a los yucatecos en particular, de lo que podría suceder si la inseguridad sigue extendiéndose.
¿Qué condiciones ubican a Yucatán desde hace muchos años en los primeros lugares de seguridad pública en México? ¿Qué lo diferencia de estados controlados por el régimen morenista que están perdiendo la batalla contra la delincuencia? ¿Qué tendríamos que hacer para mantener lo ganado y no caer en las garras de la amenazante narcopolítica?
COHESIÓN SOCIAL
Alejado aún de las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos, con una estructura social relativamente estable, de fuerte cohesión comunitaria y familiar, Yucatán se caracteriza todavía por una cultura de respeto a las normas sociales y legales, de fuerte participación ciudadana en los asuntos públicos, incluida la denuncia que limita el delito.
Con una de las tasas de homicidios más bajas y alta inversión en seguridad pública, gobiernos estatales y organismos de la sociedad civil desarrollan en conjunto programas de prevención que controlan la inseguridad mediante la capacitación de las fuerzas policiacas y el uso de avanzada tecnología, como cámaras de vigilancia y modernos sistemas centralizados de monitoreo.
Sin embargo, la inmigración constante de otros estados de la república, acentuada en los últimos años; los cambios en los estilos de vida por la transformación tecnológica y la creciente violencia doméstica amenazan la estabilidad que nos caracteriza y encienden luces de alerta que deberían motivarnos a fortalecer urgentemente programas de integración y prevención.
Si queremos seguir siendo un oasis dentro de la inseguridad que predomina en México, necesitamos mantener la cultura de respeto a la ley y a los valores familiares, propiciar que se destinen mayores recursos a eficientes programas de desarrollo social, no clientelistas, e impulsar esa labor ciudadana de vigilancia y denuncia, clave para conservar un entorno seguro.
Desde la administración pública, las autoridades tendrían que fortalecer el sistema de impartición de justicia, frenar la corrupción, vigilar y combatir cualquier intento del crimen organizado por ampliar su presencia, mantener la eficiente coordinación con las fuerzas federales del orden y seguir promoviendo inversiones que generen un verdadero desarrollo.
Al arrancar una nueva administración estatal morenista, que ya dio muestras de su interés por seguir la ruta populista marcada por el Centro, el llamado a la reflexión sería muy oportuno. Mucho es lo que podríamos perder si se extiende a nuestras tierras el avance del crimen organizado que nos alerta el expresidente Felipe Calderón. No bajemos la guardia.— Mérida, Yucatán.
Las cinco claves de este texto:
El escrito destaca que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los estados con más homicidios dolosos son aquellos gobernados por Morena, como Colima, Baja California y Zacatecas, mientras que los menos violentos, Yucatán, Coahuila y Aguascalientes, están gobernados por la oposición. Además, se critica la ineficacia de las estrategias de seguridad de la administración actual, evidenciada por un “desliz” de Omar García Harfuch al presentar datos desfavorables en una conferencia de prensa.
La situación en estados como Tabasco, Guerrero y Sinaloa es alarmante, con altos niveles de violencia y control del narcotráfico. A pesar de esto, Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador, sigue defendiendo la política de “abrazos, no balazos”. La comparación con el gobierno de Felipe Calderón, que enfrentó al narcotráfico, señala que bajo López Obrador, las muertes violentas han aumentado, mientras que la inversión en seguridad ha disminuido drásticamente.
El texto también critica el uso ineficiente del gasto público, argumentando que mientras se reducen los recursos para seguridad, se incrementan los subsidios a empresas públicas ineficientes como Pemex y la CFE, así como los programas asistencialistas. Se menciona que otros países con altos presupuestos en seguridad y programas de bienestar social, como Dinamarca y Noruega, han logrado mantener bajos niveles de delincuencia.
Yucatán es presentado como un ejemplo de éxito en seguridad, gracias a su fuerte cohesión social y familiar, su cultura de respeto a la ley, y su alta inversión en prevención y tecnología para combatir la delincuencia. Sin embargo, se advierte que la inmigración y los cambios en los estilos de vida podrían poner en riesgo su estabilidad si no se refuerzan los programas de integración y prevención.
Finalmente, se hace un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para no bajar la guardia, especialmente con la llegada de un gobierno morenista a Yucatán. Se enfatiza la importancia de fortalecer la justicia, combatir la corrupción y evitar que el crimen organizado gane terreno en un estado que ha mantenido altos niveles de seguridad, advirtiendo que mucho se podría perder si no se actúa con firmeza.
*) CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA, director general de Diario de Yucatán y Grupo Megamedia
Correo: direcciongeneral@megamedia.com.mx
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