Paro
Desde el 19 de agosto que iniciaron su paro loco, ministros, jueces y magistrados dejaron de atender decenas de miles de casos de solicitantes de justicia. Si cuando han trabajado normalmente, el rezago acumulado es voluminoso, imaginémonos de qué tamaño será el que han logrado ahora en estos más de dos meses de holganza. Datos del Consejo de la Judicatura Federal refieren que de enero a septiembre de este año el rezago acumulado era de 440 mil 759 expedientes. Ahora esta enorme cantidad de casos que duermen el sueño de los justos se incrementó en decenas de miles más. El daño económico causado a la sociedad no es menor. Tan sólo el ocasionado al erario por los sueldos cobrados sin trabajar y los gastos que se hacen para que el sistema funcione, en 68 días de suspensión de labores en juzgados de distrito y tribunales de circuito, ha sido de 12 mil 839 millones 380 mil 152 pesos, ya que el presupuesto anual de dichos órganos jurisdiccionales es de 68 mil 917 millones 261 mil 195 pesos, de acuerdo con cifras del Consejo Federal de la Judicatura. Eso es lo que ha costado al erario el paro. Aparte, el sufrido por los demandantes de justicia, traducido en dinero, libertades y otros bienes jurídicos no recibidos.En la picota
La conducta de muchos jueces, magistrados y otros trabajadores de es poder ha sido puesta, por ellos mismos, en la picota al exhibirse como gamberros que forman grupos de choque para visitar juzgados con el fin de cerciorarse que, como los jefes que los comandan han ordenado, estén cerrados. En las redes circulan vídeos que muestran a estos grupos vejando a jueces y trabajadores que quieren regresar al trabajo y a base de insultos y amenazas los obligan a no hacerlo. Sus líderes son agresivos en exceso. El caso del Poder Judicial de México es único en el mundo de que se tenga memoria, pues a la vista de todos, viola leyes que no sólo debe respetar sino defender. Su obligación es aplicar leyes vigentes, es decir, que no hayan sido, previamente, declaradas inconstitucionales, como es el artículo 61 de la Ley de Amparo que a la letra dice que no procede este recurso “contra adiciones o reformas a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.Alteraciones
Asimismo los ministros de la Suprema Corte han estado alterando disposiciones de la Constitución para dar entrada, de manera ilegal, a recursos de partidos y gobiernos de oposición, que buscan que se declaren inconstitucionales los cambios que se le han hecho por el Constituyente permanente. Están legislando cuando esa no es su función. Sin embargo, todo lo hecho está resultando inútil porque carecen de razón. A los 36 millones de ciudadanos que votaron en favor de la opción que propuso al electorado la reforma al Poder Judicial se han sumado millones más que exigen se lleve a cabo hasta sus últimas consecuencias. Las encuestas que se han publicado, sin excepción muestran que la opinión pública piensa que la inmensa mayoría de los ministros, magistrados y jueces de dicho poder son corruptos. Pero, en lugar de desmentirlo con hechos, los señalados lo corroboran con sus acciones. Su última hazaña: el miércoles pasado la Corte cerró por completo el caso de Rosario Robles Berlanga, acusada de ser la principal operadora del gigantesco fraude cometido en el gobierno de Peña Nieto a través de la secretaría de Desarrollo Social que presidía por más de 7 mil millones de pesos. ¿Quién fue el ministro ponente que propuso dejar de molestarla para siempre? Juan Luis González Alcántara Carrancá, ponente también en el último intento de Piña y seguidores de echar abajo la reforma que los defenestrará para siempre.— Mérida, Yucatán Correo: fipica@prodigy.net.mx *Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativaEste contenido es exclusivo para suscriptores
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