En mi colaboración anterior me referí a las facultades que la Constitución Política de Yucatán le confiere al titular del Poder Ejecutivo con respecto a la formulación del presupuesto correspondiente al año fiscal subsiguiente, en este caso el que inicia el primer día del año 2025.
De igual forma, nuestro máximo ordenamiento estatal señala en la fracción VI del artículo 30 que el Congreso del Estado tiene la facultad de “aprobar, a más tardar el 15 de diciembre de cada año, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del Gobierno del estado de Yucatán y las leyes de ingresos de los municipios…”
Como puede colegirse, la Constitución estatal le otorga a los poderes Ejecutivo y Legislativo facultades exclusivas para la integración, aprobación, aplicación y vigilancia de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de cada año fiscal de que se trate.
Los precisiones anteriores vienen al caso con motivo de las preocupaciones expresadas recientemente por Emilio Blanco del Villar, presidente de la Coparmex, en las cuales señala su extrañeza de que el gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena aún no ratifica al Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, señalando que “Coparmex está tendiendo los puentes con todas las áreas del gobierno del estado para estar involucrados en el presupuesto. Se ha visto la voluntad del gobernador de trabajar con Coparmex, nos ha estado tomando en cuenta en todo sentido” (DY, 2 de noviembre, Local, p. 5).
Pero vayamos por partes. ¿Qué es ese famoso Consejo Consultivo? Ocurre que el anterior gobernador, Mauricio Vila Dosal —pegando sus oídos castos a las inquietudes de los dueños del capital—, decidió que sería útil para su gobierno conformar una suerte de “organismo ciudadano” que tendría por objetivo “colaborar” en la asignación y vigilancia de los recursos públicos que ejercen las dependencias estatales.
Para concretar la orientación pro empresarial que habría de darle a su gobierno, Vila Dosal emitió el decreto 01/2018 mediante el cual “se regula el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Gobierno del Estado de Yucatán” (Diario Oficial del Estado, 01 de octubre de 2018).
De acuerdo con el artículo 2 de dicho decreto, el flamante Consejo “tiene por objeto ser un medio para acercar las propuestas ciudadanas respecto al proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del estado de Yucatán y a su ejecución”.
De igual forma, el artículo 3 de aquel edicto señala que el Consejo tendrá las siguientes atribuciones: a) velar por la correcta aplicación del marco legal que establece las bases para la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Yucatán; b) realizar recomendaciones respecto al proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal que corresponda; c) conocer, analizar y emitir opiniones respecto del ejercicio del presupuesto de egresos del año que corresponda; d) conocer y emitir opinión sobre el ejercicio de los ingresos, así como sobre los proyectos de endeudamiento y su destino; e) presentar las recomendaciones en la materia que resulten procedentes.
En el artículo 4 del decreto en comento se señala la forma en que se integrará este Consejo Consultivo, a saber:
I. El gobernador del estado, quién será el presidente; II. El secretario de Administración y Finanzas, quien será el secretario Ejecutivo; III. El secretario general de Gobierno; IV. El consejero jurídico; V. El secretario de la Contraloría General; VI. El titular de la Coordinación General de Asesores; VII. El director general de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán; VIII. El secretario técnico de Planeación y Evaluación, quien será el secretario técnico; IX. Un representante de cada uno de los siguientes organismos: a) La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Yucatán; b) La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida; c) La Confederación Patronal de la República Mexicana, Centro Empresarial de Mérida; d) El Colegio de Contadores de Yucatán, A.C.; e) El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. Grupo Yucatán; X. Dos representantes de instituciones educativas que impartan materias relacionadas con el objeto del consejo; XI. Dos representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes serán designados por los miembros del consejo a propuesta del presidente.
Como puede apreciarse, en la particular visión gerencial que le imprimió a su administración, el ex gobernador Vila Dosal le dio un peso preponderante en este Consejo a los representantes del empresariado yucateco, quedando injustamente excluidos otros sectores importantes de la sociedad, como son las organizaciones de obreros y empleados, los productores agropecuarios, los artesanos, así como los creadores, trabajadores y gestores del gremio artístico y cultural.
Y es aquí donde regreso a las preocupaciones del Sr. Blanco del Villar. Sucede que en el artículo segundo transitorio del decreto que crea el Consejo, se señala categóricamente que este edicto tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024. Esto quiere decir, ni más ni menos, que el famoso Consejo Consultivo de corte empresarial ya no existe más.
¿Habrá un nuevo Consejo Consultivo? ¿Con qué fundamento legal se constituiría? ¿Cómo estaría integrado? ¿Qué atribuciones y alcances tendría? Será de alta relevancia social saber qué es lo que hará a este respecto el gobernador Huacho Díaz Mena. Veremos.— Mérida, Yucatán.
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Doctor en Educación. Exdirector de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.