Mario Maldonado Espinosa.

Los yucatecos nos encontramos nuevamente ante la encrucijada del reemplacamiento.

Este es un dilema que se da en todo el país prácticamente. El reemplacamiento tiene dos fines, al menos en Yucatán una de las premisas es la seguridad, y es del todo cierto, y el otro el más polémico, es que daña la economía de las familias, es el recaudatorio, es decir, el gobierno necesita más recursos y decide que es allí donde puede encontrar una entrada.

Algo así pasa con las licencias de conducir que tienen que ser renovadas determinado tiempo, aunque por ejemplo en la Ciudad de México han optado por las licencias permanentes.

Como sea que sea, el golpe a la economía de los bolsillos de las familias yucatecas allí estará, en otras ocasiones para distender el reemplacamiento se ha optado por la figura del refrendo para aguantar hasta donde se pueda este asunto administrativo-fiscal.

Si esto sucede, detrás existen algunos temas que tienen que realizarse con total transparencia como la licitaciones de las miles de placas metálicas.

Es decir, que este proceso debe ser no oscuro, sino transparente ante la ciudadanía que es la que paga, quienes serán los que harán las placas de circulación, o sea que proveedores locales o nacionales estarán en dicha licitación, pues ha habido ocasiones que este procedimiento y asignación han sido cuestionados por la forma rápida y extraña en la que se otorga a una empresa; que no existan sobrecostos que al final de cuentas desembolsan los yucatecos.

Yucatán es uno de los estados en el país en donde la tarifa del reeemplacamiento es muy elevada, y hay estados en los que incluso se habla de la eliminación del reeemplacamiento pues afecta la economía familiar proponiendo placas permanentes para aligerar la carga económica de las familias y obliga a dar un gran paso a la modernización de los trámites vehiculares.

Al eliminar el reemplacamiento los ciudadanos podrían destinar esos recursos a otras necesidades urgentes, tendrían estabilidad económica, reducirían la fuga de recursos.

La transición a un sistema de placas permanetes desde luego que no está exento de desafíos, de hecho uno de los propósitos del reempacamiento es contribuir a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a través de la actualización y control de los padrones vehiculares, medida que se sustenta en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 que busca tener información confiable que ayude a mejorar la vigilancia e identificación de las placas metálicas y calcomanías que se utilicen en vehículos utilizados en delitos como robos, secuestros, narcotráfico y accidentes que provoquen la pérdida de vidas humanas.

El tema del reemplacamiento no es un asunto que deba tomar a la ligera pues verdaderamente afecta a la economía de las familias yucatecas, ante de la imposición deberían explorarse muchas vías, bajar el costo, crear más procesos eficientes, inversión en mejor tenología y capacitación, estudios y análisis más detallados a largo plazo, un mejor control de los registros para que se reduzca la circulación de vehículos no regularizados y fomentar una cultura vial más responsable.

Son muchos los retos que hay que sortear en el tema del reemplacamiento. Ha habido voces que pidieron en años anteriores en el Congreso del Estado la eliminación del reemplacamiento en Yucatán, pero desde luego esto representa un reto no solo para las autoridades, sino también para los ciudadanos.

Debe sopesarse las dos vertientes, que en Yucatán se siga cuidando la seguridad pública, y que también se dirija la mirada a las miles de familias que tienen que desembolsar este pago del reemplacamiento, revisando también el orden jurídico tributario para dar certeza a los ciudadanos. Otros Estados del país han dado este paso.— Mérida, Yucatán.

mariomaldonadoes@gmail.com

@mariomaldonadoe,

Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativ

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